COLOMBIA- La política Piedad Córdoba revivió la cuestión del asesinato de don Álvaro Gómez Hurtado. La percepción general sostenía que sólo era un intento de la señora Córdoba por recuperar relevancia. Sin embargo, el asunto tuvo repercusiones insospechadas.
Don Álvaro fue hijo del conocidísimo Laureano Gómez y hermano de Enrique Gómez, quien en vida fue miembro de número del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. Don Álvaro fue asesinado en Bogotá por denunciar la complicidad entre el régimen y los grupos armados, en 1995.
La indagación sobre la culpabilidad se renovó por una carta enviada por el brazo político de FARC a la JEP. En ella se atribuye la responsabilidad de varios asesinatos, entre ellos el de don Álvaro Gómez. La familia de don Álvaro se niega a reconocer la versión presentada por la guerrilla. Y no es de sorprender. Por muchos años se sospechó —con buena cantidad de indicios y pruebas— la implicación del expresidente Ernesto Samper. De hecho, la familia se niega a reconocer la versión de las FARC porque consideran que es un «montaje» para exonerar al expresidente.
Ésta es la posición sostenida por el abogado de la familia, Enrique Gómez Martínez. El abogado vincula el hecho a la reciente reunión entre Juan Manuel Santos y Juan Fernando Cristo, donde se trataron temas relativos al proceso de «paz».
La versión de la familia está fundada. Es importante considerar lo que denunciaba don Álvaro Gómez antes de morir: la existencia de un régimen en el que convergen todas las fuerzas políticas del país en complicidad con los grupos armados.
Conviene recordar que tanto Samper como Serpa están siendo investigados por la fiscalía, debido a sus posibles vínculos con el narcotráfico. Estos vínculos están confirmados por jefes paramilitares, como Ever Veloza. Como ellos mismos argumentan, la denuncia de este régimen por parte de don Álvaro Gómez, habría destapado la alianza entre las élites liberales de Colombia y el narcotráfico. Era cuestión de tiempo, por lo que era una potencial amenaza.
En un escenario en que la JEP retirase a la fiscalía la jurisdicción sobre este caso, este crimen quedaría impune como tantos otros. Se evidencia el funcionamiento de esta «justicia» transicional. ¿No sería un escenario ideal para Samper? ¿Estamos ante un grupo narcotraficante protegiendo a su socio?
FARO/ Círculo Tradicionalista de la Nueva Granada
