El Gobierno y ERC negocian acabar con la educación en castellano

X. Lobato.

ESPAÑA, GALICIA- PSOE y Podemos debaten una modificación de la Ley Celáa con el partido independentista Esquerra Republicana. La enmienda de esta propuesta de Ley educativa eliminaría el castellano como lengua vehicular en educación. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, considera que «hay que dialogar para intentar consensuar un texto que reconozca la libertad y diversidad de nuestro país». La enmienda será votada este jueves dentro la Comisión de Educación del Congreso.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, manifestó en Twitter: «más allá del ruido hay política», refiriéndose al debate de esta enmienda en que participa el partido separatista. El objetivo de la reforma «es blindar el catalán como lengua vehicular», comentan algunos miembros de ERC a EFE (Agencia).

En la LOMCE, ley educativa vigente, se establece que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable». La ley vigente obliga a la administración a garantizar «una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable». La garantía del castellano como lengua vehicular peligra si la nueva Ley se modifica en el sentido que ERC propone.

Diversas voces han calificado esta enmienda como una medida más política que educativa. «Vamos hacia una Babel educativa», dice Jaime Alonso, jefe del Círculo carlista de Vigo. Ante las declaraciones de la portavoz de Gobierno y de Esquerra, Alonso asevera: «esta negociación impedirá un dominio eficaz del castellano, y sepultará la costumbre y uso natural de las otras lenguas españolas, como el gallego». Según el jefe carlista de Vigo,  ninguna «ideología» puede dar a luz «nada popular».

La modificación buscaría el apoyo de los partidos separatistas al gobierno. De salir adelante, la nueva Ley educativa supondría una nueva traba para los padres que reclamen escolarizar a sus hijos en castellano en las regiones bilingües.

 FARO/ Círculo Tradicionalista Juan José Marco del Pont

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