A pesar de esta interpretación clara y formal de la CEE para la viabilidad de la adhesión de un Estado solicitante, el nuevo Ministro de Exteriores G. López Bravo seguía la misma línea que su predecesor. A la pregunta de qué era «lo primero en su agenda», contesta éste: «Sin duda, nuestra plena incorporación a Europa. Desde finales del siglo XIX se viene clamando por la europeización de España. Pues bien, ese ideal no ha pasado del plano de la retórica al de la realidad hasta los tiempos de Franco. Desarrollo cultural y económico hasta alcanzar el nivel continental son premisas de la europeización» (ABC, 19/12/69). Y en su «Discurso de Fin de Año», insistía el propio Franco: «No sólo somos un país europeo, sino que hemos contribuido decisivamente a la formación del concepto de Europa. Pese a las dificultades que la compleja realidad plantea, el proceso de integridad europea continúa. No podemos permanecer al margen de la gran operación unificadora puesta en marcha» (ABC, 31/12/69).
Bien lejos estaba ya aquel elogio vacuo hacia los legitimistas como representantes de la «España ideal […] contra la España bastarda, afrancesada y europeizante de los liberales» (18/04/37). Pero añadía, a su vez, en su Discurso de 1971: «No están, pues, justificadas las objeciones de quienes, admitiendo nuestro desarrollo económico y social, preconizan, como cosa nueva, un desarrollo político. En nuestro sistema ambos desarrollos corren parejos a través de un proceso ininterrumpido, abierto a las necesidades y perspectivas del momento histórico. […] Otra cosa sería si bajo las palabras “desarrollo político” se pretendiera la vuelta a los errores del pasado, a los partidos políticos […]. Este supuesto sería sencillamente suicida y el pueblo español ha acumulado sobrada experiencia para negarse en redondo a un nuevo salto al vacío, y tiene voluntad suficiente para continuar su camino en un sistema orgánico, basado en las instituciones naturales, y, por ello, más pluralista, eficaz y auténticamente representativo que el sustentado por el liberalismo parlamentario inorgánico de tipo formal».
Recordemos la «incongruencia» denunciada por Canals: ¿Se propugna el camino de la plena integración en la CEE –que conlleva la homologación política del Estado con Europa–, y al mismo tiempo se afirma no querer un «desarrollo político» demoliberal? ¿Cómo «se come» esto? Por un lado, se podía pensar que esta asimilación política ya se conseguía mediante las reformas en la «legalidad» ordinaria sin necesidad de un cambio a nivel constitucional (más allá del de 1967), de tal forma que, aunque el «caparazón» siguiera «sonando» discordante, la realidad del «contenido» resultaba ya indistinguible de la de sus colegas europeos. Con razón podía hablar Fal Conde, para la descripción del cuadro político franquista, de una «mixtificación del liberalismo democrático por el liberalismo autoritario, para una restauración monárquico-liberal» (Carta al P. Bruno Lezaún, 05/09/1948). Y no es ajeno a esta concepción el hecho de que el propio régimen quisiera defenderse de la acusación de falta de un «Estado de Derecho» –lanzada en 1962 por una «Comisión Internacional de Juristas»– con un folleto de 1964 titulado «España, Estado de Derecho», en donde se enumeraban al detalle, como rasgos propios, los típicos de cualquier régimen de contenido esencial demoliberal, pregonando como accidentales las diferencias externas que pudieran aducirse.
Por otro lado, y ante la insuficiencia del anterior método para contentar a la CEE, quedaba el recurso a la táctica del «doble lenguaje», en donde Franco decía una cosa ad intra, y el recién nombrado sucesor suyo, Juan Carlos (la «garantía del futuro»), afirmaba al mismo tiempo otra cosa en el exterior. Un ejemplo de esto se puede ver en el discurso de este último dado en su visita a Alemania a principios de Otoño de 1972, donde afirma, en concordancia con el Ministro Exterior alemán, que en la «aventura de la unificación europea [hay que distinguir] entre armonía e identidad. Para unir e incorporar no es necesario identificar. Basta armonizar» (LV, 26/09/72). Y aclara aún más esta «armonización» con Europa en una entrevista en la TV alemana. El periodista M. Vermehren le pregunta: «¿Desea V.A.R. que España entre en la CEE, aceptando las consecuencias políticas que esto implique?». Y responde Juan Carlos: «Sí, lo deseo. Porque creo que conviene a España y a Europa. Ahora bien, el momento debe ser el apropiado, pues una integración demasiado rápida podría ser peligrosa para muchos» (ABC, 08/10/72).
Así pues, Franco no tenía ningún inconveniente en fomentar de manera abierta las reformas económicas hacia el capitalismo tecnocrático; pero, en las reformas políticas, no quiso pasar del nivel «legal» ordinario, reservando el nivel constitucional a su sucesor para después de su muerte, el cual «pondría la guinda» a todo el proceso con el trámite de pasar de una Constitución liberal-conservadora a otra progresista. Entendemos que la FNFF se congratule de todas estas políticas franquistas acondicionadoras del ulterior total restablecimiento del demoliberalismo; pero confiamos que comprendan que a las familias legitimistas les merezcan otro calificativo.
Félix M.ª Martín Antoniano
