Como es costumbre cada 21 de marzo, el Estado mejicano conmemoró el natalicio del principal cabecilla del bando liberal decimonónico: Benito Juárez. Sean gobiernos liberales o revolucionarios, de la derecha de Acción Nacional, del nacionalismo revolucionario del PRI o de la izquierda Morenista; toda la clase política considera una obligación ineludible postrarse ante la memoria del principal artífice de las llamadas Leyes de Reforma que consumaron la apostasía del Estado en el siglo XIX, privándolo de su carácter confesional e implementando el laicismo, como un avance decisivo en el proceso de fortalecimiento de la modernidad política.
No obstante, es necesario clarificar las razones por las cuales, desde la perspectiva de la Tradición política, el legado de Juárez fue altamente pernicioso tanto para el desarrollo normal de la vida espiritual de los mejicanos como para su desenvolvimiento político y económico. Por otro lado, sus alianzas y contubernios con el gobierno de Estados Unidos pusieron en grave riesgo tanto la independencia política mejicana, como la integridad del territorio.
Benito Juárez, miembro desde hacía años atrás de la masonería, llegó a puestos relevantes de la administración pública a partir de 1855 después de la Revolución de Ayutla, en donde fungió como ministro de justicia e instrucción pública. Una de sus primeras disposiciones fue promover en noviembre de 1855 la llamada “Ley Juárez” la cual estableció la renunciabilidad del fuero eclesiástico (contraviniendo el derecho canónico) y militar, ordenando que los tribunales civiles juzgaran a clérigos y militares en casos de delitos civiles. Esta ley, vendría a imponer la centralización jurídica propia de la modernidad, eliminando los últimos rastros de las leyes forales que habían estado presentes en el derecho novohispano durante la época de unidad de la Nueva España con la Monarquía Católica.
La Reforma liberal desde luego no fue obra exclusiva de Benito Juárez, pero su nombre se asocia con este periodo, debido a que la camarilla que gobernaba el país compartía con el personaje mencionado, un mismo odio revolucionario y antirreligioso, que pretendía borrar de la faz de la comunidad política mejicana la saludable influencia de la religión, para lo cual comenzaron a aprobarse nuevas disposiciones con la aprobación del presidente liberal Ignacio Comonfort. Otra de las leyes que se expidieron por esta época fue la Ley Lafragua de diciembre de 1855 que proclamó la libertad de prensa, dejando vía libre a la prensa anticlerical, a la vez que se mantuvo una cláusula contra los que atacaran la ley o los actos de autoridad, que sirvió como herramienta de represión contra la oposición antiliberal.
Sin embargo, la que sería una de las disposiciones más perniciosas fue la llamada Ley Lerdo o de desamortización de bienes de «manos muertas» de junio de 1856. Con ella se despojaba de la mayor parte de sus bienes tanto a la Iglesia, so pretexto de su supuesta improductividad, como a otras corporaciones civiles y a las comunidades indígenas. El golpe contra la Iglesia tenía el objetivo de ahogarla económicamente e impedir su obra de beneficencia social que realizaba a través de hospicios, casas de menesterosos, asilos, hospitales, etc. Por otro lado, la agresión contra las corporaciones civiles pretendían liquidar los últimos gremios y cofradías. Esta ley también afectó gravemente a los indígenas que fueron despojados de las tierras comunales que desde la era novohispana les garantizaba el sustento, otorgándose así a unos cuantos particulares, ligados al régimen liberal, la concesión de amplias extensiones de tierra marcando el inicio del auge de los latifundios y condenando a la misera a los indígenas.
Este proceso destructivo tuvo su complemento con la promulgación de la Constitución de 1857, en cuya redacción también participó Benito Juárez. Este documento; ahondó la descatolización de Méjico al proclamar la libertad de enseñanza y su laicidad, la desautorización de los votos religiosos, la supresión definitiva del fuero eclesiástico y los tribunales especiales y la negación de la capacidad de las corporaciones civiles y eclesiásticas de poseer bienes raíces a excepción de los edificios dedicados al servicio u objeto de la institución. Como puede observarse avanzaba a grandes pasos las tentativas de control absoluto del Estado liberal sobre la institución eclesiástica.
Austreberto Martínez Villegas. Círculo Tradicionalista Celedonio de Jarauta
