Como es sabido, España, desde finales del siglo XIX, está unida histórica, política y moralmente con el Sáhara Occidental, territorio que nunca ha formado parte de Marruecos. El Sáhara español llegó a ser, entre 1958 y 1976, la provincia española número 54. En 1975, Marruecos, con el general Franco agonizando, el apoyo de Estados Unidos y la complicidad desde Madrid de Juan Carlos el llamado I, invade a sangre y fuego el Sáhara Occidental en lo que se conoció como la Marcha Verde. A partir de ese momento la monarquía de Hasan II pasa a controlar militarmente la mayor parte de ese territorio. Y España, Mauritania y el propio Marruecos firman un tratado internacional por el que se comprometen a que los saharauis puedan decidir su futuro político mediante un referéndum con el censo de 1975. La ONU hace suyo este planteamiento y considera que jurídicamente España sigue siendo la potencia administradora de ese territorio que, dicho sea de paso, es rico en fosfatos.
Cuestión, esta última de los fosfatos, que daría para un tema aparte y que constituye, a su vez, una traición de los Gobiernos del régimen del 78 al pueblo español en la medida en que han regalado a Marruecos, que es lo mismo que decir a Francia, minas de un valor gigantesco, como la de Fosfatos de Bucra, SA.
Pero volvamos a la cuestión política. Desde 1975, esos Gobiernos españoles, a izquierda y derecha, han ido pasando muy de puntillas por el compromiso adquirido con el pueblo saharaui. Y han mirado para otro lado cuando Marruecos, en lugar de un referéndum, emprendía una guerra contra los saharauis con secuestros, torturas, bombardeos de poblados y ciudades, y asesinatos de civiles.
Y ahora hemos asistido a la penúltima claudicación del abyecto régimen del 78 (aunque, en realidad, todo este asunto comenzó, como señalábamos más arriba, unos años antes) ante Marruecos. El pasado 18 de marzo, el Gabinete Real marroquí hizo pública una carta en la que Pedro Sánchez reconocía a Mohamed VI que España admitía la soberanía de Marruecos respecto del Sáhara Occidental —con la idea de que los saharauis obtengan bajo la égida marroquí un estatuto de autonomía, menudo sarcasmo— como «la base más seria, creíble y realista» para dar carpetazo a este conflicto. Esta carta, salta a la vista, ha supuesto un viraje respecto de la histórica postura defendida, mal que bien, por España y la ONU de que la solución pasaba por celebrar un referéndum.
Esta claudicación debe ser entendida en un contexto en el que Marruecos ejerce frente a España un papel de agresor mafioso. Así, el régimen alauita extorsiona desde hace años a España en la medida en que no cumple con sus compromisos de controlar la inmigración, tanto la del Estrecho como la que llega a Canarias, Ceuta y Melilla. El objetivo marroquí no ofrecía dudas: conseguir, en un primer momento, esa soberanía que ahora España le ha reconocido sobre el Sáhara Occidental y, en última instancia, la soberanía sobre las propias Ceuta y Melilla —y, por qué no, sobre las islas Canarias—.
Y el entreguista Gobierno español ha cometido el error de considerar que, dejando a su suerte la pieza de los saharauis en este tablero de la realpolitik, Marruecos cesará de chantajear con la inmigración y de aspirar a invadir militarmente Ceuta, Melilla y Canarias. Pero eso no ocurrirá por la sencilla razón de que Marruecos es un aliado geoestratégico preferente de Estados Unidos, mucho más importante que España, cuyo papel respecto de la potencia yanqui es el de ejercer de mero sirviente. Además, militarmente, Marruecos cuenta con la colaboración de Turquía, el segundo ejército más importante de la OTAN; Israel, una extensión de Estados Unidos; y Arabia Saudí, el amigo suní de referencia para Washington. Así, la entrega de los saharauis que ha realizado Pedro Sánchez, lejos de calmar a Marruecos, lo envalentonará más si cabe al comprobar la extrema debilidad, tanto política como militar, del régimen español.
Por último, a todo este panorama, hay que sumarle la noticia que conocimos hace unos días de que Argelia, principal proveedor de gas de España, se está planteando subir los precios del gas… a España —pero no al resto de compradores europeos—. Recordemos que, a raíz de la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, Argel retiró a su embajador en Madrid. Y es que Argelia, tradicional enemigo de Marruecos, era el único valedor de la independencia del Sáhara Occidental. Sin ir más lejos, los campamentos de Tinduf acogen a 180.000 refugiados saharauis.
En definitiva, la carta del doctor Sánchez supone otro éxito más del régimen liberal, que perdió la dignidad postrándose ante el sátrapa alauí, va camino de perder más territorios y hará que los españoles pierdan, todavía más, sus euros en la factura del gas.
Gastón J. Guezmindo, Círculo Cultural Antonio Molle Lazo
