Vimos que Sardá y Salvany afirmaba que el criterio para saber si un régimen es liberal o no depende de si éste quiere instituir la Religión Católica como base de su Constitución y Leyes. Pero, siguiendo este criterio, entonces Pío IX y sus inmediatos sucesores no habrían tenido justificación para oponerse al nuevo Estado «italiano» recién creado. ¿Acaso no se disponía en el artículo 1 del llamado «Estatuto Albertino» de 1848, base legal de dicho Estado, que: «La Religión Católica, Apostólica y Romana es la sola Religión del Estado»? ¡Ah! Es que una vez más los ultramontanos se olvidan del «pecado original» concreto de la Revolución: su violación del derecho positivo, en plena fuerza y vigor hasta el momento de verificarse la usurpación antijurídica. Lo que deberían preguntarse más bien es: ¿cabe la posibilidad de un régimen genuinamente católico, es decir, antiliberal, aceptando las espurias premisas o bases que le dieron origen? ¿Cabe un genuino orden social católico que tenga como fundamento el «derecho» nuevo, orquestado sobre la soberanía nacional que le sirve de principio? ¿Qué valor se podrá otorgar a cualesquiera protestaciones de catolicismo vertidas en sus Constituciones y «Leyes», en todo régimen que siga fundamentándose en el dicho «derecho» nuevo? En todos estos casos estaríamos hablando siempre de un régimen substancialmente liberal, y esto es lo que Sardá y los ultramontanos no querían (no quieren) ver. Se mueven en un plano platónico-idealista, y, con razón, en alguna ocasión la prensa legitimista española les motejaba de «racionalistas católicos». En la práctica, todas sus teorizaciones y composiciones sólo se reducen a intentar conciliar lo que es de suyo inconciliable: tratan de conseguir un nuevo régimen «católico» construido sobre una injusticia originaria desdeñada.
Como es bien sabido, Pío XI llegó a un acuerdo en 1929 con el Estado «italiano», y reconoció al nieto de Víctor Manuel (el protointruso) como legítimo señor de todos los territorios que le fueron arrebatados a Pío IX, a excepción de la minúscula Ciudad del Vaticano que le permitieron conservar, terminando así (¿con honra y equidad?) la «cuestión romana». En cambio, en la «cuestión española», el litigio sigue en pie hasta el día de hoy, sosteniendo en alto los sucesivos titulares de la legitimidad político-monárquica española su reivindicación de los Reinos y territorios españoles que vienen siendo ocupados desde 1833 por el llamado Estado «español», no menos usurpador que el antedicho Estado «italiano».
Debemos apuntar también, no sin cierto dolor, la fuente u origen de la enorme fuerza social que siempre han tenido los gerifaltes y asociaciones ultramontanas en el ámbito español. La política de los ultramontanos, so capa de una búsqueda de la «unidad de los católicos», tendía (y tiende) a intentar llevar a los católicos legitimistas al acatamiento de la usurpación y de las nuevas «legalidades», haciéndoles abandonar la causa del derecho y de la justicia. Ésta es la política ¡ay! que ha gozado del apoyo oficial de la Santa Sede, y, por tanto, de la mayoría del Episcopado español, en flagrante contraposición con la actitud adoptada por los mismos Papas (hasta Pío XI) en su intransigente rechazo frente a la usurpación perpetrada contra sus propios Estados Pontificios. Los católicos legitimistas nunca han conseguido entender esta disparidad de políticas del Vaticano, y siempre nos viene a la mente aquello de San Mateo, VII, 12 (ed. Straubinger): «Así que, todo cuanto queréis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos». Los Papas tenían razón en quejarse de los malos católicos españoles que daban por buena la usurpación de los Estados Pontificios y reconocían al Estado «italiano»; pero a la vez pensamos que los católicos legitimistas tenían razón también en lamentar las directrices emanadas de Roma en pro del reconocimiento del Estado «español» y en contra de los sucesivos legítimos representantes de la Monarquía Católica, guiando así la traidora actitud de los ultramontanos. No deben engañarnos las ocasionales rencillas intestinas que pudieran surgir en el seno del ultramontanismo entre sectores liberalcatólicos e integristas, pues la política esencial descrita era siempre la misma. En caso de una posible excesiva desviación respecto de esa postura, cabía en última instancia la intervención episcopal o incluso papal, a cuyas decisiones en materia estrictamente civil o secular estaban de antemano sometidos todos ellos voluntariamente. Un ejemplo claro de que la acción ultramontana conducía en última instancia (tarde o temprano) a la aceptación del Nuevo Régimen y al desistimiento de toda lucha contra sus adláteres, lo encontramos precisamente en el propio Sardá, cuando en 1896 desató las iras del nocedalismo por su progresiva convergencia con los pidalistas alfonsinos. Los propios nocedalinos terminarían también suavizando su beligerancia contra los mestizos por orden episcopal de 1906; y acabarían reconociendo, a su vez, a la usurpación a partir de 1919.
Félix M.ª Martín Antoniano
