Que España tiene graves desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo, es algo que nadie niega, por más que cueste enfocar el problema en toda su hondura, y a cada cual, asumir su parte de responsabilidad. La lucha ideológica se limita las acusaciones recíprocas, mientras que desde el gobierno únicamente se lanzan consignas populistas.
Por un lado, los salarios reales llevan años estancados para la mayoría de la población, fruto del escaso incremento de la productividad, que se convierte en negativo en algunas áreas del territorio, como Cataluña. Otro gran desajuste es la brecha entre el salario medio y el coste medio de la vida, especialmente en las grandes ciudades, donde la especulación parece haber encontrado su paraíso.
Por otra parte, la fracasada política educativa de los diversos gobiernos no es ajena a este problema. En España sobran titulados universitarios de la mayoría de Grados, pero en cambio, hay vacantes en el sector sanitario, que deben ser cubiertas importando titulados. La formación profesional reglada es una caricatura de lo que debería ser, y la pretendida coordinación entre el sistema educativo y el mercado laboral (uno de los mantras de la tecnocracia educativa), se queda en un chiste de mal gusto. El resultado es que la mayoría de universitarios se emplea en trabajos de categoría inferior a aquellos para los que teóricamente están preparados. Otros, sin ninguna formación ni empleo, están abocados a la inactividad permanente.
Las condiciones de trabajo son otro elemento a tener en cuenta. En un país con una estructura económica poco generadora de valor añadido, no se producen progresos de calado en las condiciones de trabajo, debido a la escasa inversión y voluntad política y empresarial. Ya no hablamos de la inversión que se limita a cubrir puestos de trabajo, sino de aquella que hace más humano el ejercicio de determinadas funciones laborales.
España, por otro lado, tiene una concentración poblacional urbana muy preocupante. Pese a la riqueza y variedad de nuestro territorio, el campo sufre un profundo abandono que nadie quiere realmente revertir: económicamente es mucho más eficiente concentrar a la población allá donde se encuentran los servicios existentes, que multiplicar las infraestructuras para proporcionar un acceso territorial equilibrado a las mismas.
Como en toda crisis, se está produciendo un choque de mareas en direcciones contrarias, de manera que se empieza por decir que falta demanda de empleo porque las condiciones ofertadas son inestables, precarias y demasiado exigentes. Pero también debe constatarse que la asfixia impositiva creciente no facilita a las empresas la contratación y la mejora de sus condiciones. Cierto es, por otro lado, que nuestro empresariado suele centrarse en la producción a corto plazo, sin reparar en que una buena condición laboral incrementa la lealtad del trabajador; lealtad que es cada vez más cara de ver cuando una mayoría creciente de empleados no tiene cargas familiares que le aten a su puesto de trabajo, siendo más proclive a su abandono por razones cada vez más volubles y frívolas. Asimismo, las ayudas sociales al desempleo requieren un profundo diseño para evitar que fomenten la inactividad de sus perceptores.
El fenómeno de abandono o cambio masivo de empleo a escala nacional, denominado «la gran dimisión» (producto de una mezcla entre incapacidad de asumir responsabilidades laborales, y expectativas de futuro nulas o extremadamente inciertas) es, a su vez, causa y consecuencia de un entorno donde las empresas y la tecnología se las ingenian para necesitar cada vez menos mano de obra. La economía dimitió hace tiempo de servir al bien común, lo cual significa poner fecha de su caducidad a todos sus pilares esenciales, yendo a buscar otro modelo que a duras penas podría imaginarse hace pocos años.
Javier de Miguel, Círculo Abanderado de la Tradición y Ntra. Sra. de los Desamparados de Valencia
