Hace unos días, con apenas unas pocas horas de diferencia, celebrábamos una victoria en la batalla contra el aborto —la revocación de la jurisprudencia en el caso Roe vs Wade por parte del Tribunal Supremo estadounidense— y lamentábamos el primer año de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia en España. Las estadísticas hablan de aproximadamente 170 muertos en este primer año, aunque ya los expertos predicen que se llegará con el tiempo a los 17.000 cada año.
La eutanasia ha encontrado un terreno abonado: una sociedad cada vez más enferma, una familia destruida y una profesión médica ya introducida en la esfera de la muerte después de varias décadas de practicar el aborto como «derecho de la mujer».
Incluso aunque —erróneamente— se pretenda presentar la eutanasia como un «derecho de libre decisión individual», resultará inevitable no derivar en la eutanasia involuntaria: un protocolo sanitario o procedimiento reglado a través del cual, en determinadas circunstancias, el médico puede acabar con la vida de un paciente según criterios más o menos arbitrarios revestidos de una «apariencia de objetividad».
Para ilustrar esta idea podemos recurrir a la experiencia de otros países, pues, en definitiva, España es el séptimo país del mundo en aprobar esta ley inicua, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. Holanda fue el primer país del mundo en aprobar la eutanasia en 2002; Bélgica y Luxemburgo siguieron rápidamente el camino que había tomado su país vecino.
A su vez, en las legislaciones de esos países mencionados encontramos distinciones entre suicidio, suicidio asistido, eutanasia voluntaria y, finalmente, eutanasia involuntaria o social. Todas ellas son formas y matices distintos de encarar el problema de la muerte, la enfermedad y el dolor.
En un artículo publicado en ¡2012! en una revista médica se abordaba la cuestión de la eutanasia en Bélgica comparándola con España. Predecían «cómo este país puede ser un punto de referencia para España, resultando incluso más importante que Holanda, a la hora de pensar cómo puede evolucionar en el futuro el debate sobre las decisiones al final de la vida en nuestro país». En él se aprecia la forma de preparar el camino para que los profesionales de la salud acepten la aplicación de una ley perversa, a la vez que analiza las similitudes entre España y Bélgica: el peso histórico de la cultura católica, la acelerada secularización y el principio de separación entre las organizaciones religiosas y el Estado (aunque en el artículo destacan el «sorprendente» concordato en España entre la Iglesia y el Estado).
Los autores se fundamentan en la necesidad de regularizar una situación en la que, de hecho, se producen eutanasias, pero de forma ilegal y no en condiciones adecuadas (argumento que resultó infalible para introducir también el aborto en la sociedad). ¡Como si la práctica de actos aberrantes, en lugar de ser perseguidos por la ley, debiera premiarse con la aprobación leyes injustas para que al menos se produzcan en condiciones sanitarias adecuadas!
Los autores del artículo son conscientes del papel que juega la política y la Iglesia en la aprobación de una ley de eutanasia y describen «el peso que han tenido las organizaciones católicas en la configuración del sistema sanitario belga (…). Caritas Catholica Flanders fue fundada en 1932 por indicación de los obispos católicos belgas. (…). En 2006 pertenecían a ella 62 hospitales generales, 94 instituciones de salud mental y 326 residencias geriátricas. La mayor parte de estos centros están concertados y sus servicios cubren algunos aspectos de la atención sanitaria de casi 6 millones de belgas».
También son conscientes de la influencia mutua entre la política y la Iglesia:
«La Iglesia católica oficial de Bélgica siempre se ha opuesto, de forma coherente con su magisterio, a la práctica de la eutanasia y, por supuesto, a su legalización. A lo largo del proceso de debate, los obispos belgas se han pronunciado públicamente en tres ocasiones: 1994, 1999 y 2002. (…) Sin embargo, más allá de estos posicionamientos doctrinales, los obispos belgas han sido poco beligerantes, al menos sin la intensidad que hemos visto en otros lugares. Quizás, al disponer de un partido político cristiano-demócrata al que poder emplear como correa de transmisión, no han considerado necesario implicarse directamente en la batalla política. Pero más interesante todavía es el hecho de que Caritas Catholica Flanders, con el asesoramiento del Centro de Ética Biomédica y Derecho de la Universidad Católica de Lovaina, haya adoptado una posición muy similar a la de los paliativistas, aunque manteniendo la exigencia de que, en sus centros sanitarios, se aplique siempre el “filtro paliativo”. Pero, aun así, esto quiere decir que en los centros sanitarios católicos de Caritas Catholica Flanders se hacen eutanasias. De hecho, en 2004, 30 de los 56 Hospitales de Caritas Catholica Flanders y 47 de sus 251 Residencias asistidas (Nursing homes) ya habían desarrollado un protocolo para regular su práctica».
20 años después de la legalización de la eutanasia en Bélgica, 27.000 personas han sido asesinadas allí deliberadamente a manos de médicos o profesionales de la salud. Si extrapolamos estas cifras a la población de España que es aproximadamente cinco veces superior a la belga, resulta la escalofriante cifra de 110.000 eutanasias en los próximos 20 años.
Queda por analizar en próximos artículos el papel que ha jugado la Iglesia en España para que, a imitación del degenerado país europeo, seamos pioneros en la Hispanidad en la aprobación de leyes de ese calibre.
Belén Perfecto, Margaritas Hispánicas