ESPAÑA– Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, puntualizó ayer la respuesta de España ante la crisis migratoria en Canarias, durante la rueda de prensa posterior al G20. El Gobierno distribuirá a los inmigrantes irregulares llegados a Canarias entre las distintas autonomías, «activando políticas de solidaridad en todo el país». También se repatriará a inmigrantes que procedan de un país con que España comparta convenios. Por el momento, el Gobierno creará siete campamentos en Canarias para los cerca de 12.000 irregulares llegados en noviembre.
La reactivación de políticas de solidaridad en toda España es la medida principal del plan migratorio para Canarias, informa EFE. El plan, presentado el pasado viernes por José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, no contempla explícitamente las «derivaciones» de inmigrantes a la Península. Pero el Gobierno ha confirmado la activación de las «políticas de solidaridad», con las que se repartirá a los inmigrantes por toda España. La medida ha mitigado la inquietud del presidente autonómico de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Pedro Sánchez ha responsabilizado de esta crisis migratoria a las mafias, a quienes acusa de traficar «con seres humanos» y jugar «con la vida de miles de personas, que mueren en el Atlántico». Aunque el presidente no ha atribuido ninguna responsabilidad política de la crisis, se han iniciado conversaciones diplomáticas con países vecinos. Arancha González Laya, Ministra de Exteriores, se ha reunido con las autoridades senegalesas. El pasado viernes, el Ministro de Interior, Grande-Marlaska, se reunió de urgencia con su homólogo en Marruecos. Tras su visita al Ministro de Interior marroquí, la llegada de inmigrantes a Canarias ha disminuido.
El Gobierno establecerá siete campamentos para alojar a los inmigrantes en tres de las islas. El Ministerio de Defensa ya ha entregado cinco cuarteles militares, que se están habilitando para tal fin. Son las bases de Las Canteras (1.800 plazas) y Las Raíces (1.450 plazas) en Tenerife, Canarias 50 (650 plazas) y Barranco Seco (500 plazas) en Gran Canaria, y El Matorral (700 plazas) en Fuerteventura. La empresa pública TRAGSA ya está ampliando su capacidad de alojamiento.
Las «políticas de solidaridad» son una medida que consiste en distribuir un destino a los inmigrantes entre las diversas autonomías. Ya se empleó en 2017, cuando la Unión Europea impuso una cuota de acogida a los Estados miembro para recibir inmigrantes de Oriente Próximo.
FARO/ España
