Sin lugar a dudas, el dinero ha sido el principal instrumento de que se han servido los promotores de la Revolución para disolver en el continente europeo, durante estos últimos dos siglos, los restos de la sociedad tradicional heredados de la antigua Cristiandad. Ello no nos debe llevar a la precipitada conclusión de ver en el dinero algo malo per se, sino más bien a corregir el modo en que se ha venido usando esta herramienta, orientándola hacia el servicio del bien común de la comunidad política, en lugar de ser medio de control en favor de una oligarquía como lo ha sido hasta ahora.
Los Monarcas españoles siempre han tenido, entre sus regalías, el poder de crear dinero. Entendemos que se trata de una prerrogativa natural e inherente a la potestad monárquica, igual que la capacidad legislativa, la suprema jurisdicción, o la facultad tributaria. Es al Monarca a quien corresponde, en el ejercicio de su prudencia política, dirigir al bien común los actos de creación y retirada del dinero en los Reinos en donde ejerce su soberanía. Es evidente que, cuando hablamos de dinero, no nos referimos a las tradicionales monedas acuñadas con metal precioso (oro, plata), ni siquiera a los billetes o papel-moneda, sino a aquella otra forma de dinero que ha venido a prevalecer en estos últimos dos siglos: el crédito financiero. Es este tipo de dinero, que representa hoy día la casi totalidad del monto monetario existente en nuestras actuales «disociedades», el que ha de ser ejercido por el Monarca legítimo, una vez restaurado, en beneficio de la comunidad política, y no para su esclavitud tal como hoy día hacen los poderes revolucionarios y sus capataces locales o domésticos.
Uno de los múltiples aspectos perniciosos en el que se centraba el gran jurista Juan Vallet de Goytisolo, al analizar las políticas del desarrollismo tecnocrático franquista, era el del enorme efecto distorsionador del bien común producido por el fenómeno de la inflación originado por dichas políticas. Vallet creía que esta lacra se debía al hecho de la nacionalización del «Banco de España» por el «Decreto» de 1962, y que para solucionarlo había que devolverle a la banca su «independencia» de manos de un «manirroto» poder público. Pero nosotros entendemos, sin embargo, que no arreglaría nada un mero cambio en la administración de los bancos. Que un banco esté gestionado por funcionarios del Estado o por particulares privados constituye una diferencia accidental. Lo importante es la política monetaria desarrollada por ese banco: si esa política es objetivamente mala y destructora del bien común, da igual que esté manejada por funcionarios públicos o por particulares. En el caso de la época revolucionaria franquista, la política financiera del «Banco de España» anterior a 1962 no era esencialmente distinta a la realizada después de su nacionalización. Dependía, en su ejecución, de Planes económico-financieros «ortodoxos» elaborados y aprobados por las organizaciones internacionales del FMI y del Banco Mundial, y que eran similares a los destinados a otros Estados de nuestro entorno occidental. Que el «Plan de Estabilización» de 1959 se implementara con un «Banco de España» dirigido todavía por manos privadas, y que el primer «Plan de Desarrollo» de 1964 se aplicara con un «Banco de España» ya nacionalizado, era una cuestión accesoria que no afectaba para nada a la identidad substancial de la política subyacente a ambas planificaciones, intimadas por los susodichos organismos económicos internacionales con vistas a nuestra homogeneización europea.
Así pues, entendemos que existe un ejercicio de la política monetaria que puede objetivamente orientarse al bien común, y que la función de los técnicos-especialistas del sistema bancario (sean funcionarios o particulares) consiste en adaptar sus acciones administradoras a esa política. ¿En qué ha de consistir esa política financiera para dirigirse al bien común? ¿Cuál debe ser la finalidad próxima y única de esa política? La respuesta es fácil: el sistema bancario-financiero de una comunidad política debe proceder a la creación y cancelación del dinero (crédito financiero) en función de las realidades físicas-económicas de esa comunidad. Sólo así el sistema financiero puede cumplir su finalidad de reflejar la realidad económica de la sociedad y ponerse a su servicio, en lugar de distorsionar esa realidad en beneficio de un puñado de personas que «señorean sobre el crédito, y, por esta razón, administran, diríase, la sangre de que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad» (Quadragesimo Anno).
Félix M.ª Martín Antoniano
