El pasado 5 de noviembre, miles de peruanos marcharon en las calles exigiendo la renuncia del presidente Pedro Castillo. Esta legítima movilización se denominó «Reacciona Perú» y fue liderada en Lima por miembros de la sociedad civil como la periodista Claudia Toro, el mayor PNP(r) José Gil, el sacerdote Omar Sánchez, entre otros, y apoyados por distintos colectivos en Arequipa, Chiclayo, Cuzco, Huancayo, Ica, Piura y Trujillo.
Esta resistencia social y política solicitó que Castillo renuncie a la presidencia de la República a causa de los presuntos actos de corrupción de su régimen y su familia, que se investigan en el Ministerio Público. Además, los manifestantes acusaron al jefe de Estado de pretender una Asamblea Constituyente para perpetuarse en el poder y «refundar» el Perú en la ideología marxista, perseguir a la prensa independiente y vulnerar la libertad de expresión, desprestigiar a la Policía Nacional del Perú con efectivos serviciales, promover funcionarios con antecedentes penales y vínculos con el terrorismo, deshonrar a las fuerzas armadas y desdeñar a la Iglesia. Estas inmoralidades y cuestionables decisiones motivaron a que niños, jóvenes, adultos y ancianos exclamen a su paso: «Fuera, Castillo, fuera».
La marcha también se sostiene en los hechos del 11 de octubre, cuando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente ante el Congreso nacional por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, ordenados en siete carpetas fiscales. Por esta razón y por el caso Odebrecht, el Perú lidera el ranking de corrupción de la región con 88% de la percepción poblacional, según el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP). Esta perspectiva se refleja en la última encuesta del Estudio de Opinión Datum, donde el 69% de peruanos desaprueba el gobierno castillista y solo el 26% lo aprueba. Asimismo, ese mal social y la justicia penal deficiente generaron que la organización internacional World Justice Project ubique a nuestra nación en el puesto 90 de 140 países del «Índice en Estado de Derecho».
Esta crisis ética y antropológica también afecta el trabajo y la economía. La agencia internacional Fitch Ratings advierte una rebaja de la calificación peruana de «BBB estable» a «negativa» debido a la inestabilidad política y el carente crecimiento económico, cuyo pronóstico en caída es de 2.3% para este año y un promedio de 2% para el 2023 y 2024, afectando el perfil crediticio nacional. Por su parte, el Instituto Peruano de Economía (IPE) declaró que 2.6 millones de jóvenes (74.8%), entre 18 y 29 años, de la zona urbana viven en la informalidad laboral, que sigue al millón de jóvenes que perdieron su trabajo en la primera mitad del 2020 por la crisis social del Covid-19, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Esto significa que las políticas públicas y la legislación son insuficientes en estos sectores como también observa la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) cuando precisa que la cantidad de trabajadores informales ascendió a 569.534 este año en comparación a abril-junio de 2021.
En consecuencia, los indicadores nacionales e internacionales sobre la justicia, el trabajo y la economía del Perú están en rojo y reflejan la escasa preocupación del presidente Castillo por la realización y el desarrollo del pueblo, y confirman su nula aptitud como estadista y gobernante. En este hecho evidente, desde el Círculo Tradicionalista Blas de Ostolaza, también le exhortamos, señor Pedro Castillo Terrones, a que renuncie a su cargo inmerecido para que evite arrastrarnos al desempleo, a la pobreza, al hambre y a la muerte con su proyecto socialista, de aspiración comunista; caso contrario, seguiremos resistiendo en las calles, porque es un deber moral y de derecho natural frente a un Congreso perplejo.
José Bellido Nina, Círculo Tradicionalista Blas de Ostoloza.
