En la época del año en que los ojos de todos se vuelven hacia la Sagrada Familia de Belén, el Consejo de Ministros ha decidido aprobar un anteproyecto de Ley con el que desaparece una denominación que existía desde hace más de 80 años en la legislación española pero que, al parecer, desagrada al Gobierno: la de familia numerosa, que en España enmarcaba a las familias compuestas por progenitor o progenitores y tres o más hijos.
En su lugar, el futuro proyecto legislativo utilizará el circunloquio «familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza». Uno de los objetivos principales es incluir en esta nueva rúbrica más categorías, como las familias monoparentales ―con un solo progenitor cualquiera que sea el origen de esta situación― o aquellas otras formadas por padre o madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica e incluso aunque no vivan en el domicilio conyugal. Su aplicación constituirá un desafío para los servicios sociales y para los gestores de las ayudas, que tendrán que recurrir al criterio de convivencia cuando surjan conflictos; por ejemplo, dos progenitores ya separados o divorciados quieran computar a un hijo común para que se reconozcan sus necesidades de apoyo a la crianza.
Algunas asociaciones de familias numerosas se preguntan «por qué desaparece el carnet «de familia numerosa y crean el de familia monoparental»». Además de este detalle tan significativo, el asunto más espinoso es una disposición que, de mantenerse en sede parlamentaria, ordenaría derogar todas las referencias que el ordenamiento jurídico español hace a las «familias numerosas» para ser sustituidas automáticamente por «familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza».
El Gobierno de España —que recientemente ha aprobado una normativa con cuya aplicación los agresores sexuales en prisión están obteniendo los mayores beneficios penitenciarios de los que los españoles tienen memoria— continúa su misión ideológica de ingeniería lingüística y desplazamiento normativo del concepto tradicional de familia. De paso, tratará de minar aún más la patria potestad, por ejemplo, prohibiendo que los padres limiten el acceso de sus hijos a actividades escolares que «difundan la diversidad familiar».
En esa moderna sucursal del «Castillo de Herodes» llamada Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se mantiene abierto, para personas físicas y asociaciones, un plazo de alegaciones al anteproyecto en cuestión que finaliza este próximo 27 de diciembre, inclusive.
Agencia FARO
