Viringo que se muerde la cola: democracia deliberativa y (neo)constitucionalismo (I)

Manifestantes favorables a Pedro Castillo. Foto: Ernesto Benavides/ AFP

El encarcelado y dictador socialista Pedro Castillo junto a sus adláteres en el Congreso y los comunistas del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) y de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), vinculados a los terroristas del Partido Comunista del Perú–Sendero Luminoso (PCP-SL) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), azuzaron y planificaron distintas manifestaciones contra el Congreso y la Presidencia de la República. Las protestas desembocaron en la destrucción de propiedad estatal y privada, saqueos, toma de aeropuertos, bloqueo de carreteras, secuestro de policías, Estado de emergencia y varios fallecidos en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín y La Libertad.

Los manifestantes exigen una Asamblea Constituyente, reelecciones inmediatas en el Congreso, la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia y la reposición del izquierdista Castillo. Actualmente el exmandatario cumple una prisión preventiva de 18 meses por orden del Poder Judicial y del Ministerio Público; mientras que la mayoría congresal adelantó las elecciones presidenciales y parlamentarias para abril de 2024 sin llamar a una constituyente, en consonancia con Boluarte. ¿Cuáles serán las nuevas reglas? Recicladas, porque algunas reformas propuestas ya fueron consultadas, implementadas y relegadas, aunque nuevamente soportaremos el diálogo y el debate sobre las mismas cuestiones, que es como observar a un viringo (raza de perro peruano) mordiéndose la cola. Y es que la democracia peruana tiene 6 presidentes, 3 congresos, 2 plebiscitos y 1 referéndum en 6 años; se arrestó y encarceló preventivamente a expresidentes, exalcaldes y líderes políticos por el caso Odebrecht: Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Susana Villarán, entre otros, bajo la efervescencia social de la anticorrupción, aunque la mayoría ciudadana sigue exclamando nuevas elecciones. Identifiquemos 3 problemas generales de este pesar.

Primero, la democracia peruana está inscrita en el artificio moderno; es decir, en la voluntad general, la soberanía popular y la regla de la mayoría. Esta forma de gobierno tiene su fundamento en el racionalismo ilustrado, el antropocentrismo y el pluralismo ideacional; es decir, la autonomía y el consenso constituyen el sustrato de un gobierno para su dinamismo participativo y representativo en el respeto a las normas legales y constitucionales, que son la misma voluntad humana en su formalidad jurídica. Esta formalidad organiza, administra y estructura el poder político en los poderes estatales, los organismos autónomos y demás institutos centralizados y descentralizados. El poder político —referente de la ley positiva— es abstracto e impersonal —Estado moderno— y solo tangible en los funcionarios y servidores públicos, y en la infraestructura administrativa —organizada por la Constitución Política—.

Esta democracia no tiene ninguna causa metafísica ni teológica, propio del liberalismo vitalista y gnóstico de cuño protestante; por tanto, desconoce el fin inmanente y trascendente del hombre, de la sociedad y la política; ignora la naturaleza humana racional y espiritual; y niega la Revelación y la auctoritas de la Iglesia, relegando la fe y la religión a la conciencia privada. Siguiendo a Donoso Cortés, en su Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, el liberalismo no tiene noticias de Dios ni del hombre; no conoce el bien ni el mal, porque carece de toda afirmación dogmática y tiene horror a toda negación absoluta; y fomenta la confusión por el diálogo y propaga el escepticismo. En efecto, la democracia moderna necesita de la deliberación, el diálogo, la decisión y el consenso para subsistir, de otra manera sería contraproducente a su individualismo racional y pluralista. En suma, estamos ante el relativismo y el nihilismo gnoseológico y moral. Más aún, en esta sinrazón el discurso político y la democracia partidaria carecen del bien común y apela al consenso de los intereses ideológicos de los partidos políticos opuestos para legitimar leyes y políticas de gobierno y Estado.

Segundo, la democracia deliberativa —ideario de Jürgen Habermas—, que supuestamente evitaría la degeneración y el colapso de los derechos humanos y de las instituciones políticas mediante la comunicación racional en la esfera pública con leyes seculares que respeten la autonomía individual y el consenso de intereses, ha fracasado. Este modelo fraccionado remite al mismo poder político soberano en leyes positivas y voluntaristas como reglas de juego. Precisamente, en el parlamento peruano, la política denota el espíritu de facción de los proyectos políticos nacionales, distintos y contradictorios, ajenos a los bienes comunes personales, familiares o políticos, generando que los ideólogos políticos de derecha, centro e izquierda postulen principios y valores en el consenso. Estos ostracismos políticos revelan también que el pensamiento demócrata-liberal invita a sus antagonistas socialistas y comunistas al debate, pues al negar la verdad y el bien, la doctrina marxista-leninista-mariateguista es un valor más para la competencia democrática mediante el discurso y el diálogo, aunque su alzamiento en armas o la revolución popular de la clase proletaria esté latente o sea un «recodo» en el Movadef o Fenatep.

Asimismo, tan pronto como los demócratas representativos se apartan de los consensos y vuelven la mirada a sus intereses individuales surge el tráfico de influencias, el peculado o la organización criminal, pues los principios y valores de su partido no tienen más valor que su voluntad autónoma para cumplirlas como sucede con los intereses nacionales cuando el partidario se sustrae en la amnesia histórica y el disenso. Por un lado, constatamos esta actitud en los parlamentarios que debatieron y votaron contra las dos vacancias presidenciales de Pedro Castillo por incapacidad moral, a sabiendas de las serias investigaciones y denuncias por corrupción, aunque lo hicieron presuntamente a cambio de coimas y de puestos de trabajo en el gobierno para sus allegados. Por otro, el deseo impetuoso de Castillo, su expremier Aníbal Torres y los congresistas de Perú Libre para debatir una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, a pesar de que está proscrito por una ley y una sentencia del Tribunal Constitucional, con el propósito de disolver el Congreso. A fin de cuentas, los partidos políticos solo tienen una finalidad: competir por el poder político y realizar su fraccionario e ideológico proyecto nacional; y en la democracia deliberativa y partidaria lo bueno y lo malo se determina por el diálogo y el consenso mayoritario.

(Continuará)

José Bellido Nina, Círculo Tradicionalista Blas de Ostolaza.