La situación de indigencia en que quedaron los cuerpos sociales eclesiales tras el expolio de sus patrimonios en virtud de las disposiciones dictadas durante la década revolucionaria radical cristino-esparterista (1834-1843), quiso ser «arreglada», por el nuevo régimen revolucionario moderado isabelino-narvaísta que le sucedió, mediante la implantación de un sistema de «Dotación de Culto y Clero» a cargo de los Presupuestos del Estado, sistema que vendría a quedar consolidado con el llamado Concordato de 1851 entre la Santa Sede y el Estado isabelino.
Ya a mediados de 1845, al tiempo que iban apareciendo las primeras medidas desarrolladoras de esta nueva «solución» económica, el gran legitimista catalán Vicente Pou alertaba sobre sus desastrosas consecuencias en un manuscrito que, sin embargo, por desgracia, no llegó a estamparse, y que se publicó por vez primera en los Anales de la Fundación F. Elías de Tejada correspondientes al año 2003 por el publicista canalsista Josep Mundet i Gifre. En este texto avisaba el Dr. Pou: «El Clero español, que tantas pruebas antiguas y recientes tiene dadas de prudencia y de firmeza, debe vivir muy precavido en esta difícil y terrible crisis, no fuese que, dejándose llevar insensiblemente muy lejos con halagüeñas palabras y ventajas materiales del momento, perdiera de vista el término de su misión, y que, cuando los fieles pensaran seriamente en echar una mirada sobre su Romana y Divina Madre, ya no pudieran reconocerla de tan desfigurada. No es la pobreza material o la falta de magnificencia en el culto lo que más debe temerse; es más bien el escándalo de los débiles y la confusión en los puntos más vitales de la doctrina. Si el Clero recibe con aplausos las disposiciones que en apariencia le favorecen, aparecerá que aprueba también las anteriores que el sentido católico rechaza, por la íntima relación que hay entre todas; si clama al Gobierno por el pago de los salarios, sin condiciones y muy explícitas protestas, dirán que, renunciando su dignidad, se considera ya como un dependiente mercenario del Estado, y se atraerá el odio de los Pueblos oprimidos con tanto impuesto. Si los Rdos. Obispos arreglaran su conducta pastoral a las facultades que el poder secular les concede, abjurarían con el hecho la independencia de su divino ministerio, fortificando la nueva autoridad que invade el dominio sagrado».
Y un poco más adelante se pregunta: «¿De qué aprovecharán a la Iglesia algunos medios materiales para sostener el culto, o algunas muestras equívocas de respeto y de protección, si se le quita su independencia, que es su vida; si el escándalo, y las perversas doctrinas que se harán pasar por canonizadas con los hechos, confunden todas las ideas, borran todas las diferencias del bien y del mal, de la verdad y del error, y secan todos los manantiales de piedad en el corazón de los Pueblos; si los malos se alientan en el camino de la impiedad y de los sacrílegos atentados con lo que llaman aprobación [por el Clero] de los actos consumados, y los buenos desmayan hasta el desespero, sospechando que su Causa, sin arraigo ni valedor poderoso en la Tierra, se halla proscrita como si fuera una exageración o un fanatismo ridículo?».
¿Exageraciones –preguntamos nosotros– del Dr. Pou a la hora de enjuiciar la nueva «entente» económica entre la Revolución y la Iglesia? Veamos lo que le escribía el Cardenal Gomá al entonces Secretario de Estado Cardenal E. Pacelli en su Carta-Informe sobre la Guerra de España, fechada el 11 de Noviembre de 1936. En el apartado relativo a los «Medios económicos de sustentación del Culto y Clero», Gomá hacía balance del sistema de «Dotación» usado casi ininterrumpidamente hasta entonces, concluyendo: «Está en la conciencia de todos que el régimen concordatario anterior, en cuanto a las relaciones económicas entre la Iglesia y el Estado, si no ha sido funesto ha adolecido a lo menos de defectos gravísimos, no tanto por la naturaleza de la concordia cuanto por los vicios en la aplicación de la ley. Y tengo impresiones personales de muchos Sres. Obispos en el sentido de que no se ha de volver a lo antiguo. Las razones son fáciles de adivinar: el abuso de las regalías, administradas por personajes políticos de todo grado; el carácter de funcionarios del Estado que revestían los sacerdotes en el concepto de muchos, incluso de sacerdotes; la falta de estímulo en los ministerios y el afán de mejora material; la misma desnaturalización de los beneficios eclesiásticos, etc., equiparaban a nuestro Clero con los demás empleados [del Estado] en el concepto de las gentes y enajenaba sus simpatías». Es justo decir también que la Iglesia, a la par de aceptar el nuevo «orden» económico, siempre estableció «condiciones y muy explícitas protestas» aclarando en todo momento la naturaleza propietaria e indemnizatoria de los pagos del Estado al Clero; pero todas estas declaraciones se diluían ante la fuerza de los hechos, que presentaban ante la opinión pública a la Iglesia, no ya sólo como simple colaboradora de la Usurpación Revolucionaria, sino como subordinada y dependiente de ella.
(Continuará)
Félix M.ª Martín Antoniano
