Así como una empresa particular puede arrojar al término de un período establecido un beneficio o pérdida dineraria en el ejercicio de su actividad, de modo análogo una determinada comunidad política puede incurrir también al fin de un tiempo señalado en un beneficio o pérdida económica. Hemos dicho «de modo análogo» y no «igual», porque en el primer caso el hipotético beneficio o pérdida se produce en términos monetarios, mientras que en el segundo caso hablábamos de un posible beneficio o pérdida en términos reales o físicos.
Esta doble dimensión de lo dinerario-financiero y lo físico-económico, así como la debida relación entre ambas, es lo que suele provocar los quebraderos de cabeza cuando se incursiona en la vera disciplina de la Economía Pública o Social (distorsionada por la sofística «Economía Política» abortada como «ortodoxia» por la banca internacional al alba de nuestra época revolucionaria), la cual es parte de la Política, ciencia moral de la justicia general o del bien común.
¿Qué se quiere decir cuando nos referimos a un beneficio o pérdida real-física en una comunidad política? Un ejemplo básico aclarará el asunto: las familias de una villa se dedican, entre otras muchas cosas, al cultivo de trigo en sus varias tierras. Imaginemos que tienen almacenados en sus graneros 100 Tm. de cereal de trigo, y que siembran 50. Usan para su consumo propio las otras 50 hasta la llegada de la cosecha. Cuando ésta viene, pueden ocurrir tres cosas: a lo mejor recogen, digamos, 500 Tm. de trigo, por lo que, si deducimos las 100 Tm. que se han «destruido» para su producción, vemos que se han obtenido 400 Tm. de beneficio como resultado; o puede que apenas recojan 100 Tm. de cosecha, con lo cual no ha habido ni beneficio ni pérdida; o puede que recojan sólo 50 Tm., por lo cual han caído en una pérdida económica de 50. Pues bien, la finalidad de un sistema financiero adjunto a una comunidad política cualquiera consiste en ajustarse a esa realidad económica (sea cual sea la que se haya verificado), emitiendo o retirando el dinero en función de esa realidad, a fin de conseguir el único doble objetivo específico de la Economía Pública: la producción de bienes y servicios deseados por las familias de la comunidad política, y –una vez producidos– su efectiva distribución a las mismas. El problema social principal –sin excluir, por tanto, que haya también errores muy graves en el lado de la producción– de la Economía moderna, se localiza en este segundo aspecto: en el de la distribución.
Sin entrar en un análisis técnico, simplemente apuntamos el hecho de que, en el desenvolvimiento normal de una actividad productiva en donde la energía que se usa para la misma proviene cada vez más de fuentes distintas a la del mero esfuerzo humano (es decir, el bien de capital físico reemplaza al servicio o labor humana) y en donde su financiación tiene lugar siempre –en última instancia– en forma de una deuda a favor del sistema financiero adjunto, se genera como resultado habitual un volumen de riqueza cuyos precios de coste anexos (mínimo obligatoriamente puesto por las empresas si quieren hacer frente a las devoluciones de sus deudas bancarias) son mayores que los ingresos financieros obtenidos por esa misma comunidad política en el curso de su producción. No hace falta subrayar el absurdo que subyace al hecho de que una comunidad política capaz de originar una riqueza suficiente para una vida digna de las familias que la componen, sea a su vez incapaz de tener acceso a ella por razones de tipo puramente financiero. Pero el absurdo llega a cotas aún más altas si nos fijamos en las dos «soluciones» dadas por los «ortodoxos».
La primera consiste en cualesquiera de los mecanismos de redistribución por vía fiscal del dinero que se ha distribuido. Si el monto global de ingresos financieros obtenidos durante una producción de bienes de consumo es ya insuficiente para sufragar la cantidad global de precios adjuntos a dichos bienes, la sola redistribución de esos ingresos no soluciona el problema, convirtiéndose en realidad el neosistema tributario moderno en una forma más de control.
La segunda falsa solución consiste en endeudarse todavía más con el sistema financiero, engordando así la llamada «Deuda Nacional», elemento gemelo complementario del susodicho neosistema tributario. Esta última medida origina, es verdad, dinero de nueva creación que, una vez distribuido por el Poder intruso, podría permitir a la comunidad política acceder a la riqueza; pero lo origina, como decimos, a costa de crear (y aumentar) esa institución típica del Estado Revolucionario llamada «Deuda Nacional». Es como si los administradores de una empresa que ha generado un beneficio dinerario durante un ejercicio, dijesen a los socios que les repartirán esas ganancias, no en forma de dividendo, sino en forma de préstamo (quedando, por tanto, los socios endeudados con la empresa).
Así pues, la única solución racional para la distribución de esa riqueza consiste en reconocer que la comunidad política ha incurrido en un beneficio económico, y que, por consiguiente, el sistema financiero deberá emitir una medible cantidad de dinero de nueva creación en favor de la comunidad. Insistimos que no se trata de un socorro o subsidio graciosamente concedido, sino de un verdadero dividendo al que tiene derecho la comunidad; es decir, es una deuda monetaria objetiva que ha contraído con la comunidad el sistema financiero, obligado a emitir (en el modo que sea) dinero a su favor, pero que actualmente se le defrauda.
Félix M.ª Martín Antoniano
