En su última carta pastoral, el Obispo de Lérida, Salvador Giménez Valls, ha propuesto a los políticos la lectura del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia publicado en 2005. Nosotros, en cambio, les recomendamos encarecidamente que no lo lean.
En primer lugar, por una cuestión aparentemente superficial: el Compendio está plagado de ese «léxico creado por el personalismo católico», en palabras de Bernard Dumont, que no sólo ha secuestrado la Doctrina Social de la Iglesia llevándola a la más absoluta inanidad (dignidad de la persona humana, derechos humanos, valores cristianos… conceptos totalmente hueros que se han enquistado en el discurso oficial de la Iglesia), sino que la ha desdibujado en la medida en que descubre una matriz filosófica cuyo origen hay que encontrarlo, no en la genuina filosofía cristiana, sino en mixtificaciones contemporizadoras. El resultado es, de nuevo en palabras de nuestro autor, un Compendio que integra «datos tradicionales de la moral católica, pero los coloca en dependencia de conceptos modernos».
En segundo lugar, porque está plagado de errores e imprecisiones que sitúan el Compendio en el marco de la doctrina liberal-democrática. Así, por ejemplo, cuando se afirma que «la comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil y, en último análisis, de las personas y de los grupos que la componen», no sólo se establece una absurda distinción entre comunidad política y sociedad civil (correlativa, quizás, a la no menos absurda distinción maritainiana entre individuo y persona) que parece refrendar la teoría liberal del origen estatal del derecho al hacer depender la subjetividad de esa sociedad civil de la comunidad política identificada con el Estado (Cfr. núm. 406), sino que diluye el principio de totalidad y la consecuente primacía del bien común.
Otro ejemplo particularmente escandaloso lo podemos encontrar en el numeral 395, que acepta como católica la tesis liberal de la soberanía del pueblo (que nada tiene que ver con la teoría escolástica de la traslación del poder, por lo demás discutible, especialmente si se presenta bajo el cuño jesuítico): «El sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos a quienes elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes y también de su sustitución, cuando ellos no cumplen de manera satisfactoria sus funciones». Sentido que se ve confirmado si atendemos al numeral 190: «El gobierno democrático, en efecto, se define a partir de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y funciones, que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor».
En conjunto, el Compendio parece querer enmendar aquellas palabras de León XIII sobre la soberanía popular: «La sola razón natural demuestra el grave error de estas teorías acerca de la constitución del Estado. La naturaleza enseña que toda autoridad, sea la que sea, proviene de Dios como de suprema y augusta fuente. La soberanía del pueblo, que, según aquéllas, reside por derecho natural en la muchedumbre independizada totalmente de Dios, aunque presenta grandes ventajas para halagar y encender innumerables pasiones, carece de todo fundamento sólido y de eficacia sustantiva para garantizar la seguridad pública y mantener el orden en la sociedad. […] Prevalece hoy día la opinión de que, siendo los gobernantes meros delegados, encargados de ejecutar la voluntad del pueblo, es necesario que todo cambie al compás de la voluntad del pueblo, de donde se sigue que el Estado nunca se ve libre del temor de la revoluciones» (Immortale Dei, n. 13).
Pero la guinda del pastel no son sus errores ni sus imprecisiones, sino sus omisiones, y especialmente una, imperdonable tratándose de un pretendido «compendio» de la Doctrina Social de la Iglesia. Ha sido el profesor Juan Fernando Segovia el que lo ha puesto de manifiesto en estas mismas páginas: «En el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, redactado bajo Juan Pablo II en el año 2004, no se menciona si quiera una vez la Realeza de Jesucristo ni se cita la encíclica Quas Primas».
En definitiva, a diferencia del Obispo de Lérida, nosotros recomendamos a los políticos que no lean el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.
Manuel Sanjuán, Círculo Cultural Juan Vázquez de Mella
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