La política colombiana desde sus cortes, cruzando por el legislativo y reposando en la rama ejecutiva, tiene, eso sí desde el año 91, un marcado espíritu nefasto y anticristiano. El país lamentablemente ha tenido que soportar la elocuencia, bibliografía y pedantería de los abogados que tras la reforma constitucional han sentado bases ajenas, ficticias, llenas de lecturas filosóficas que no encajan en la práctica de los ciudadanos. Parece ser que la sabiduría social, la experiencia y el corazón religioso del que bebe el verdadero bien se han convertido en principal enemigo de lo que Juan Vázquez de Mella analizaría para España como la «dictadura de la toga».
En Colombia el gobierno adelanta una reforma judicial que entre otras cosas contiene algo que ha generado suma preocupación entre los pocos políticos que se declaran católicos: la despenalización de los delitos contra la libertad religiosa. Sin ahondar aquí en el concepto mencionado, pues sabemos que su contenido a la luz de la doctrina es controversial para el pueblo católico con respecto a religiones o iglesias falsas, con ahínco puedo asegurar que la despenalización traería mayores libertades para que la persecución a la Iglesia Católica en el país se recrudezca. Parece ser que cuando más se necesita proteger a la Institución que irguió al país, más se desprotege, señala, eclipsa y abandona. Es como si el gobierno de Gustavo Petro diera alas definitivas para que todos sus fanáticos irrumpieran sin ninguna consecuencia contra la única fe que debido a su doctrina y principios es la represa que contiene el desborde de la inmoralidad y la perdición de las sociedades.
La eliminación del artículo 201 del Código Penal —el cual asegura que se incurre en una violación a la libertad religiosa cuando se obliga a algún sujeto a participar de una ceremonia religiosa o cuando se impide o perturba su realización o se hacen agravios a personas o cosas destinadas a culto— se sustenta, según el Ministro de Justicia Néstor Osuna, con que solo han sido registrados 50 casos en un período de 12 años y solo han habido 3 imputaciones. Sin embargo, que la ineficacia y la vista gorda para atender la persecución a la Iglesia en el país en los últimos años prime, no significa que deba desprotegerse por falta de cifras, pues para nadie es un secreto que esbirros de movimientos progresistas, comunistas, feministas y homosexuales atacan año tras año al catolicismo, al punto de intentar incendiar con premeditación y alevosía la enigmática Iglesia de San Francisco en Bogotá, vandalizar templos en todo el país, irrumpir y perturbar Misas como ocurrió en la Catedral Primada o en la de Zipaquirá, amenazar a sacerdotes, fieles y ciudadanos con mensajes intimidantes en las calles, robar Sagradas Formas e irrespetar cementerios arquidiocesanos.
Otro tipo de ataques son la eliminación de capillas de lugares públicos, véase las propuestas del liberal Juan Carlos Lozada de darle fin a la capilla del Congreso o el desmantelamiento, que tuvo reversazo gracias a ciertos fieles, de la capilla del Aeropuerto El Dorado en Bogota, sin contar el sinnúmero de leyes pérfidas que ignorando todo tipo de ley moral y natural, se imponen contra la razón, contra el accionar cristiano, consciente o inconsciente, de las gentes del país. La Iglesia como principal enemiga de la ideología de género, el adoctrinamiento rojo por parte del sindicato de educadores y el lavado de cerebro a los jóvenes con respecto a un tema tan delicado como el aborto —cuestión tratada en instituciones educativas de enseñanza de manera ligera y libertina— es claramente la piedra en el zapato que debe ser removida para que haga metástasis el cáncer liberal que no busca exaltar lo bueno de los individuos sino promover lo malo siempre y cuando no se afecte la maldad del otro.
Atisbos de un futuro incierto y oscuro, a menos que el pueblo católico reaccione, es lo que podemos divisar; antaño se tendía a sublevarse contra medidas anticlericales de los liberales, véase la revolución conservadora de 1879, hoy nos hemos quedado mudos ante los togados, los políticos y los intereses humanos. Tenemos dirigentes del Partido Liberal y de muchos colores más, en su mayoría abogados con mirada altiva e intelecto corrupto, que en nombre de un estado laico, ignorando o no que lo laico no es necesariamente ateo, están dando trazos y luces a que finalmente se pueda atentar cruelmente contra la Iglesia en nombre del libertad negativa y sin amonestación. Vázquez de Mella aseguraba que la dictadura existe en todas partes, que la transición de un régimen a otro va mediado por dictaduras, pero que para alcanzar dicho transito hay dos formas, o bien la dictadura del sable o bien la dictadura de la toga; creo que todos concordamos con el ilustre correligionario: «prefiero siempre al general al abogado. ¡Dios me libre de la dictadura de un abogado!»
Johan Paloma, Circulo Carlista de Santafé de Bogotá
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