La consolidación de esta estructura pasa por ampliar la base de esos organismos auxiliares, cuyos principales esfuerzos deben dedicarse a un constante e incansable apostolado cultural y formativo, con eminente vocación regionalista, que permita rescatar y divulgar el tesoro bibliográfico y documental que la historia del Carlismo ha dejado tras de sí y que la pesada losa del ostracismo todavía esconde. Es esta labor cultural la que más adhesiones puede procurar a una Causa con la que todo español e hispanoamericano puede identificarse, teniendo presente que en el Carlismo no hay recién llegados, sino recién regresados.
Los frutos mediatos de esta labor deben recogerse en dos ámbitos fundamentales que llamaremos civil y académico. En el ámbito académico, la historia política del Carlismo conecta con las grandes cuestiones filosóficas y jurídicas que han preocupado a la que ya se conoce como escuela del Derecho Público Cristiano. Con frecuencia se escuchan lamentos por la «intelectualización» del tradicionalismo en este sentido. Sin embargo, debemos considerar dicha «intelectualización» como un signo providencial que, lejos de despertar nuestro recelo, debe servirnos para animar el estudio y fomentar un sano espíritu de escuela que engendre el arraigo en los predios del conocimiento y nos conecte con la mejor tradición intelectual española. Los esfuerzos de cuantos carlistas se sientan llamados a esta labor académica deben ir dirigidos a hacer de la CT un espacio de encuentro y relaciones que permitan aprovechar las máximas influencias posibles para ocupar un espacio dominante en la Universidad y en cuantas instituciones culturales y educativas sirvan a este propósito. Podemos evocar al efecto aquel Consejo de Cultura que la CT puso en marcha en tiempos de la Segunda República. Es ésta una labor que, bien coordinada, y siempre que sea capaz de expurgar heterodoxias y evitar infiltraciones doctrinales, puede procurar inmensos beneficios a una causa política que se pretende materialización práctica de dicha tradición intelectual. No debemos despreciar tampoco las posibilidades de influencia que al respecto todavía ofrecen decanatos y rectorados universitarios y cuantos puestos de representación académica puedan ser disputados a través de una inteligente política de candidaturas emprendida desde la CT en este ámbito.
En cuanto al ámbito civil, mucho más amplio que el académico, la acción política debe ir dirigida a dos importantes frentes que conjuntamente considerados, una vez consolidada aquella estructura de la CT, deben dar como resultado un considerable aparato de relaciones e influencias: cuerpos intermedios y candidaturas políticas independientes. Respecto a los primeros, la acción práctica abarca cuantas instituciones todavía sean virtualmente capaces de representar eficazmente intereses profesionales, corporativos y empresariales contra los partidos políticos predominantes, que son los grandes enemigos de esta clase de representación. Colegios profesionales, asociaciones empresariales, patronales, sindicatos independientes, mutualidades, etc., instituciones todas susceptibles de dar una cobertura político-representativa que de verdad contribuya al bien común y con las cuales todos los carlistas deben colaborar prudencialmente y en función de sus circunstancias, evitando que se conviertan en sucursales de partidos y poderes establecidos. También interesa en este ámbito de los cuerpos intermedios fomentar el cooperativismo, especialmente en dos sectores estratégicos: el cooperativismo agrícola y el cooperativismo de crédito. En general, todo lo que redunde en una mayor fragmentación y autonomía de los poderes y centros neurálgicos de decisión al margen de los partidos y los grandes medios financieros es siempre digno de promoverse. En esto es necesaria una labor constante de pedagogía, lo que nos lleva finalmente al ámbito de las candidaturas independientes en el ámbito estrictamente electoral-territorial.
Los partidos políticos se configuran jurídicamente como poderes centralizadores que constituyen un régimen oligárquico que deforma la representación de los intereses territoriales e ideologiza la opinión pública al adscribirse dichos partidos a cosmovisiones predeterminadas de la realidad, al mismo tiempo que convierten en disponibles por la vía del sufragio cuestiones que deben ser indisponibles por los electores. Importa, pues, llevar a cabo una acción práctica de apoyo a candidaturas independientes de vocación estrictamente territorial que no se configuren como instrumentos al servicio de una cosmovisión y que eviten una monopolización de los centros de decisión. Trabajar por crear una extensa red de este tipo de candidaturas y colaborar en su federación es una tarea que puede redundar en el bien común al servicio del cual militan los carlistas, tarea que es necesariamente correlativa a la mencionada en el párrafo anterior y que debe servir para «desideologizar» la opinión pública.
El resultado de estas líneas de actuación y cuantas análogas puedan imaginarse en todos los ámbitos de la vida académica y civil es una acción global que, sin cesar de contribuir al bien común, sitúe a la Comunión Tradicionalista como un grupo de presión capaz de coordinar iniciativas en cuantos ámbitos se han descrito para garantizar las condiciones idóneas para una ulterior restauración del principio monárquico en toda su legitimidad, objetivo último y fundamental de la acción política carlista.
Manuel Sanjuán, Círculo Cultural Juan Vázquez de Mella
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