La semana pasada fueron noticia en Colombia los secuestros perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla que actualmente adelanta «diálogos de paz» con el Gobierno, lo que sin embargo no les impide llevar a cabo este tipo de crímenes.
El primero fue dado a conocer por las autoridades el miércoles 5, día en que confirmaron el secuestro de la sargento segundo del Ejército Gihislaine Karina Ramírez y de sus dos hijos de seis y ocho años ─uno de ellos con autismo─, quienes se dirigían en carro hacia Arauca, adonde había sido trasladada por sus superiores. Su liberación se dio el viernes, gracias a la mediación de la Iglesia y de la Defensoría del Pueblo. No obstante, la guerrilla no le devolvió su vehículo; y la hizo vestir su uniforme militar, pese a que cuando fue secuestrada iba de civil.
También el viernes la empresa KMA Construcciones alertó sobre el secuestro y posterior liberación de 19 de sus trabajadores en Norte de Santander, aunque tampoco les fue devuelta la maquinaria retenida. La compañía, encargada del proyecto Transversal del Catatumbo, había solicitado en junio la suspensión del contrato alegando alteraciones en el orden público, lo que le fue negado en reiteradas ocasiones. Se sospecha que los hechos también fueron autoría del ELN, cuyo frente «Héctor» está presente en la zona.
En días anteriores Gustavo Petro había propuesto crear un fondo de financiación para la guerrilla que tendría como objetivo disuadirla de seguir cometiendo estos crímenes. Atando cabos, queda la duda de si en realidad era una pésima idea o un chantaje.
Agencia FARO, Colombia.
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