La revista Instaurare, que se edita en la ciudad friulana de Údine desde hace más de medio siglo, ha celebrado su XLIX Reunión anual en el santuario de Madonna di Strada el pasado 23 de agosto. Tras la Santa Misa, celebrada en el rito romano tradicional, el
profesor Danilo Castellano, director de la publicación, saludó a los presentes con una breve introducción, a la que siguieron dos ponencias. La primera, a cargo del profesor Miguel Ayuso, presidente del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, sobre «Los problemas del constitucionalismo tras la pandemia de Covid-19». Y la segunda, después del almuerzo, de Rudi Di Marco, doctor de investigación de la Universidad de Padua, sobre «Los nuevos derechos entre el oscurecimiento de la inteligencia y la ceguera de la voluntad». Miguel Ayuso fue presentado como representante del Carlismo, lo que dio lugar a alguna pregunta de los asistentes.
El tema elegido por los organizadores no puede ser de mayor actualidad. Las medidas normativas adoptadas para combatir el Covid-19, la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales, las vacunaciones impuestas directa (con normas) o indirectamente (con sanciones a los que las rechazaban) han llevado a la superación del constitucionalismo. Que, en efecto, nació y se afirmó con el objetivo de «defender» al individuo contra el Estado. Pero, con ocasión del Covid-19, el primero en ser «sacrificado» por decisión del Estado ha sido el individuo, que no ha visto reconocidos y respetados los «espacios de libertad» que el constitucionalismo afirmaba tutelar, y que incluso ha debido sufrir intervenciones en su cuerpo impuestas por la ley. El Estado, así, ha aprobado normas y aplicado praxis propias de los regímenes totalitarios. Habiéndose desconocido incluso los llamados «nuevos derechos» fruto de la evolución coherente de la doctrina liberal, que incluye el personalismo y el radicalismo. En la sociedad de nuestro tiempo se reivindica, por una parte, el ejercicio de la «libertad negativa» (divorcio, suicidio asistido, incesto, eutanasia, disponibilidad sobre el propio cuerpo, etc.), mientras que por otra se asiste a su «compresión», pero no derivada del orden natural, sino impuesta por la voluntad arbitraria del poder «político».
Es bueno reflexionar sobre esta cuestión, de tanta actualidad como relieve para poder leer la experiencia moral, jurídica y política de nuestro tiempo. Así como, sobre todo, para determinar el orden natural, único criterio que legitima toda decisión y toda acción.
Agencia FARO
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