El pasado viernes de este mes, el Congreso de Perú aprobó por mayoría el proyecto de ley 5257/2022-CR impulsado por la congresista del Callao –uno de los distritos del Perú más azotados por los carteles criminales– Patricia Chirinos, que aboga por la modificación del artículo 20 del decreto legislativo 635 de nuestro código penal, que originalmente dotaba de exclusión de responsabilidad penal a policías que en acto de defensa maten a delincuentes, extendiéndolo a los civiles que bajo legítima defensa hayan tenido que quitar la vida a un malhechor.
Dejando de lado el carácter mediático de la congresista Patricia Chirinos y su pertenencia al partido liberal-conservador de «Avanza País» ciertamente aprovechada por el hecho de la controversia del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y su plan de aplicar el famoso «Plan Bukele» en el país junto a la visita de representantes del mandatario salvadoreño.
Ciertamente la medida es de sentido común debido a los diferentes embates respecto a las fallas de las fuerzas de la policía desde décadas atrás, empeorado gracias a la inmigración descontrolada, la expansión de carteles criminales locales como extranjeros y las protestas políticas tanto del 2019 como del año pasado. Pero no se puede dejar de sentir cierto «anatopismo» –como acusaba el pensador católico Víctor Andrés Belaunde a la élite política del siglo pasado en sus doctrinas de gobierno aplicadas– tanto en el hecho de los defectos claros de la codificación como para no añadir esa cláusula tiempo atrás como en la solución ya que la misma congresista envisiona este paso en un plan llamado «Perú Seguro», que bajo su visión lo formula como si fuese para la sociedad estadounidense en el cual la tenencia de armas en muchos Estados es insultantemente laxa mientras que aquí tenemos leyes duras para tener una arma «por medios legales».
Aquí es más que innecesario comentar que no se aboga por una solución moderada, ya que una solución a medias es no tener una solución, pero si apelar a nuestras prácticas antiguas. Claro ejemplo es como se pretendió absorber nuestras fuerzas de seguridad en una sola institución sin una clara idea —cuando hasta décadas atrás tuvimos a la Guardia Civil, que se puede llamar como policía militar— y por lo mismo sufre una lenta decadencia al intentar abarcar mucho para llegar a nuestra generación como una institución con sus valores e instrucción derruidos y mancillados gracias a una burocracia parasítica. También es necesario recordar como en el virreinato existió un sistema de milicias municipales conformado por vecinos al igual que castigos más duros contra los delincuentes la cual vemos aplicada a medias en las rondas campesinas o urbanas, con sus amenazas ideologizadas en la última.
Es necesaria una ocupación militar como la ya mencionada congresista propone para aliviar ciertas zonas donde una reestructuración pacífica no es posible, pero se debe de buscar rescatar los aciertos las estructuras antiguas como referente a la seguridad y orden social, en especial el dotar el espíritu de milicia a los grupos urbanos que buscan cooperar con fuerzas del orden mejor experimentadas, de un modo genuinamente orgánico.
Por lo tanto, a pesar de ser una medida sensata, tiene el riesgo de servir a medias y ser parte de un derrotero si no se cambia el modo de ver la ley para atacar directamente el problema de inseguridad que cargamos.
Maximiliano Jacobo de la Cruz, Círculo Blas de Ostolaza
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