PANAMÁ- Continúan las protestas por parte de un mayoritario sector de la población en rechazo a la ley 406, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 20 de octubre. La ley aprueba el nuevo contrato negociado entre el Ministerio de Comercio e Industrias, y la Sociedad Minera Panamá, S.A. subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que otorga una concesión para la minería a cielo abierto en el distrito de Donoso, en Colón.
Sin embargo, los manifestantes continúan expresando su rechazo a este nuevo contrato minero, donde cada vez más agrupaciones de la sociedad civil se suman a las protestas, que han llevado a cierres de las principales vías del país, tanto en la capital como en el interior, y conducido a comercios a reducir horarios laborales por velar por la seguridad de su personal, así como a las escuelas y universidades a retomar la modalidad virtual de clases.
Con motivo de la situación que afronta el país, también se han cancelado los desfiles cívicos del tres, cuatro y cinco de noviembre, que conmemoran el día de la separación de Panamá de Colombia, el día de los Símbolos Patrios, y la consolidación de la separación de Colombia en Colón, respectivamente.
En la provincia de Chiriquí los cierres de vías han resultado ser devastadores, impidiendo el paso de los productores para transportar su mercancía, mayormente verduras frescas, hacia el resto del país, ni se ha podido abastecer a la provincia de combustible. El alcalde de Boquete, Joswar Alvarado, que ha recibido ataques personales por parte de dirigentes de estos cierres, ha intentado mantener la unidad en su municipio en medio de los recientes sucesos, pero también se ha visto obligado a suspender el servicio municipal de recolección de basura en su distrito, debido a la falta de gasolina para los camiones.
El presidente del Consejo Nacional de la Juventud Ngäbe de Panamá, Ricardo Miranda Galindo, ha afirmado que se han tomado acciones «desestabilizadoras» contra los «focos de resistencia» en distintos puntos de las vías. «Denunciamos al alcalde del distrito de Tierras Altas, Javier Pitti, y el alcalde de Boquete, Joswar Alvarado» afirmó Miranda Galindo, por ser «autores intelectuales, junto a los supuestos productores» de la desestabilización de los distintos focos de resistencia.
Por su parte, el alcalde de Tierras Altas, Javier Pitti, ha sustentado que se encuentra de acuerdo con las protestas, y que también se opone al nuevo contrato minero aprobado y sancionado por el gobierno, pero que para opinar se requiere conciencia de las necesidades de su distrito. «Los habitantes de Tierras Altas quieren un bien común» afirmó, se logran reunir e invitaron a 10 de los dirigentes de los cierres «que han hecho daño al distrito». Sin embargo, la reunión fue infructuosa, porque los dirigentes de los cierres no se presentaron a la mesa de diálogo con los productores. «En Paso Ancho, ni los mismos Ngäbes pueden subir porque se atajaban allí, en ese punto, con machete en mano y con palos», explicó.
El dirigente de Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) en Chiriquí, Jaime Galindo, afirma que «el pueblo está resistiendo a la falta de alimentos, gas y combustible», instando a permitir los vuelos de pasajeros desde la provincia hacia el exterior, pero no los vuelos de cargas que transportan alimentos producidos en Chiriquí.
Un grupo de manifestantes de orígenes Ngäbe y Buglé bloqueó el ingreso de insumos, alimentos y agua a la mina Cobre Panamá, donde se encuentran 3,500 colaboradores de la empresa Minera Panamá. Uno de los colaboradores de la empresa denunció que los manifestantes indígenas, financiados por organizaciones sindicales, han colocado barricadas para impedir el acceso a la mina, y no han cedido a los intentos de negociación, que buscan establecer un corredor humanitario para llevar alimentos y agua a los trabajadores.
Agencia FARO, Círculo Tradicionalista Nuestra Señora de la Asunción de Panamá
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