Han pasado mayoritariamente desapercibidas para el gran público unas noticias recientes que ponen la cuestión municipalista (y con ella, de fondo, los grandes temas del regionalismo, los cuerpos intermedios y el principio de subsidiariedad) en la palestra de la actualidad y que merecen un comentario en estas páginas.
El pasado sábado día 26 de febrero, Madrid fue el escenario que acogió la I Convención Municipalista Estatal —lo de «estatal» es impropio como alternativa a «española» o «nacional» y sólo se entiende como desafortunado intento de sortear resistencias separatistas—, que reunió a más de 500 alcaldes, concejales y diputados provinciales, todos ellos de partidos y candidaturas independientes, y que se saldó con la creación de la Unión Municipalista, una confederación que pretende dar apoyo jurídico e institucional a este tipo de partidos en toda España. Desde la organización afirman que «este encuentro histórico marca un punto de inflexión para el municipalismo en España, uniendo a líderes locales de diversas procedencias en un objetivo común: fortalecer nuestros municipios y ciudades y representar mejor a nuestros ciudadanos».
No se trata, como digo, de un hecho aislado. Ya la representación acogida y las adhesiones suscitadas por esta convención son ciertamente significativas de una realidad a menudo silenciada por los grandes medios en connivencia con los grandes partidos: en términos absolutos, se trataría de la tercera fuerza política a nivel nacional en cuanto a representantes políticos locales y provinciales. Pero no es la única noticia al respecto que merece reseña. Tan sólo unos días antes, el 20 de febrero, se celebraba en el Casino de Murcia el congreso fundacional del Movimiento Regional Municipalista, representativo de los principales partidos locales independientes de la región y que también se hizo presente en la convención nacional, con el objetivo de «fortalecer el papel de los municipios en el desarrollo regional, garantizando su participación activa en la planificación y ejecución de políticas públicas».
Sendas noticias ponen de manifiesto una realidad que merece ser encomiada: la proliferación de partidos y candidaturas locales, cada vez más y mejor organizados, que se alejan —aunque no lo suficiente— de los esquemas jurídicos y políticos de los grandes partidos, siempre favorecedores de la oligarquización del poder y la ideologización de la vida pública. Esta realidad, insisto, y siempre a reserva de un examen más riguroso, merece ser encomiada como natural reacción al artificial e ideológico sistema de representación política vigente. Sin embargo, merece también ser orientada, y ésa es la gran labor a que está llamada la militancia tradicionalista en este ámbito, pues sin duda es la doctrina tradicionalista, bajo los grandes principios de la Doctrina Social de la Iglesia, la que más ampliamente ha estudiado las cuestiones arriba mencionadas.
Un botón de muestra de la necesidad de dicha orientación es la también reciente constitución de la Asociación de Municipalistas de España (que nada tiene que ver con la Asociación de Municipalistas Españoles, promovida en los años cincuenta por un eximio grupo de juristas encabezado por Luis Jordana de Pozas y Sabino Álvarez Gendín), presidida por Miguel Ángel Lezcano, ex vicealcalde de Alcalá de Henares con Ciudadanos, y que precisamente ha participado también en la convención de Madrid. Esta nueva asociación se define como «una organización de ciudadanos con altos conocimientos (jurídicos, empresariales, sociales, administrativos y políticos), además de una amplia experiencia en gestión municipal», que, con independencia de cualquier orientación política, «tiene como prioridad la mejora de la vida de los ciudadanos mediante actuaciones y propuestas desde los municipios, pueblos y ciudades». Un objeto social legítimo que, sin embargo, queda deslucido por su subordinación a «los principios y valores recogidos en la Constitución Española», pues, como hemos hemos mencionado recientemente con ocasión de las protestas del campo español, las verdaderas autonomías locales y regionales son incompatibles con el liberalismo político, cuya expresión jurídica más acabada es el constitucionalismo y cuya consecuencia es la estatalización del municipio.
En definitiva, son éstas noticias prometedoras que apuntan a la posibilidad real de organizar una defensa eficaz de los intereses locales y regionales, posibilidad que bien merece el concurso generoso de los tradicionalistas, previo discernimiento que permita prevenir los males a que fácilmente se exponen dichos intereses en la configuración actual del Estado constitucional. Son muchos los ejemplos que pueden servirnos de experiencia para una militancia en este ámbito. Entre las filas de la Ciudad Católica, por ejemplo, merece colación la labor emprendida en los años 80 en nuestro país vecino por Michel de Penfentenyo y su Secretariado de Información de las Colectividades Locales y Regionales (SICLER, por sus siglas en francés), con el objeto de restaurar las redes de solidaridad natural entre dichas colectividades. A esa restauración precisamente debe ir dirigida toda política tradicionalista y toda acción verdaderamente municipalista.
Manuel Sanjuán, Círculo Cultural Juan Vázquez de Mella
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