Leo indignado en los titulares de varios periódicos que Francia se acaba de convertir en «el primer país en constitucionalizar» el crimen del aborto. Indignado, digo, porque una vez más, y como siempre desde hace más de dos siglos, los españoles sentimos la necesidad de buscar la originalidad allende los Pirineos cuando en realidad la tenemos delante de nuestras narices.
En efecto, mucho antes que los gabachos el pasado lunes, nuestro altísimo Tribunal Constitucional declaró en su Sentencia del 9 de mayo de 2023 «que la interrupción voluntaria del embarazo […] forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE) en conexión con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad como principios rectores del orden político y la paz social (art. 10.1 CE)».
Es cierto que nuestras formas han sido un poco más chuscas: no es lo mismo declarar solemnemente el derecho constitucional al aborto en el Palacio de Versalles, que hacerlo de tapadillo y por arte de birlibirloque en una deslucida sentencia tras diez años de ignominioso silencio.
Pero ni el estilo cutre y oficinesco de Conde-Pumpido, ni la afrancesada manía de buscar en el país galo lo que ya tenemos aquí ocultan el hecho de que en España hace ya un tiempo que matar niños en el vientre de sus madres es perfectamente constitucional.
Manuel Sanjuán, Círculo Cultural Juan Vázquez de Mella
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