Tras la traición del General Riego en Cabezas de San Juan, y de otros militares en distintas plazas españolas, en Marzo de 1820 volvió a quedar Fernando VII cautivo, pero esta vez de los revolucionarios liberales, quienes restablecieron la Constitución de 1812. En virtud de su ya mencionado artículo 131, se encargó a una Comisión la elaboración de otro Reglamento, cuyo proyecto definitivo fue enviado a las «Cortes» para su discusión en Octubre de 1822, tras la cual aprobaron el 6 de Diciembre el «Reglamento Provisional de Policía», en cuyo primer artículo se volvía a dejar en manos de los «Jefes Políticos» las tareas de Intendente de la Policía «en todos los pueblos que componen su Provincia», retomando el mismo esquema que vimos en la Instrucción de 23 de Junio de 1813.
Con la 2.ª Restauración monárquica, consumada en Octubre de 1823, Fernando VII volvió a declarar nulo todo lo hecho por los revolucionarios; pero esta vez se encontró con una Regencia, que había sido creada por la Santa Alianza el 26 de Mayo, que le restituyó un Poder que se encontraba mediatizado y condicionado por medidas previamente adoptadas por ella. Entre estas medidas se incluía, como vimos al principio, la creación el 8 de Junio de una «Superintendencia General de Vigilancia Pública para todo el Reino», que, por el Real Decreto de 8 de Enero de 1824, pasó a denominarse «Superintendencia General de Policía» y se puso bajo la dependencia de la Secretaría de Justicia. Cabe señalar que la Regencia había formado también un Gobierno al día siguiente de su instalación, que incluía una «Secretaría del Despacho de lo Interior de la Península y Ultramar», que tenía a su cargo la Superintendencia; pero Fernando VII, en este caso, logró suprimirla por su Real Decreto de 18 de Octubre de 1823.
Para la Superintendencia de Vigilancia Pública, la Regencia nombró el mismo día de su erección al Consejero Real Benito Arias de Prada, pero, al fallecer apenas unos pocos días después, pusieron a su frente al Alcalde de Casa y Corte, Julián Cid Miranda († 1829), quien estuvo desempeñándola hasta finales de Noviembre en que el Rey, ya restaurado en el Poder, le sustituyó por el Consejero de Castilla José Manuel de Arjona († 1850). Éste fue quien se encargó de redactar tanto el proyecto de creación de la Superintendencia, aprobado por el susodicho Decreto de 8 de Enero, como el del Reglamento que lo debía regir, que apareció sancionado el 20 de Febrero siguiente.
El nuevo órgano de la Policía generó en toda la población española, a lo largo de la última década del reinado de Fernando VII, los mismos problemas que habían producido antaño sus precedentes versiones experimentales ensayadas en la Corte de Madrid. Hay que insistir en el hecho de que el problema atañía a la propia institución en sí, disonante por completo en el organigrama jurídico-político de la Monarquía Católica, con independencia de la persona que estuviera a su cargo. Pero, si a esto le añadimos la circunstancia de haber sido normalmente ocupada por personajes afectos al minoritario y subversivo partido afrancesado-moderado, sus efectos devastadores se multiplicaban sobre la mayoritaria población católico-realista española. En efecto, la guerra entre realistas y moderados que atraviesa toda la última década fernandina, no sólo se manifestaba por la oposición popular a la Policía y a los Ministros afrancesados que la amparaban, sino que también se trasladaba a un combate jurídico-doctrinal entre los altos Oficiales integrantes de las diferentes magistraturas de la Monarquía. De entre todas ellas, la Policía constituía uno de los principales bastiones al servicio del partido moderado, cuya táctica primordial, contra el pueblo realista español y las grandes figuras públicas realistas que genuinamente lo representaban en las susodichas magistraturas, consistía en la elaboración de Partes de Policía en que se insistía continuamente al Rey en la existencia de un supuesto «partido carlista» que tenía por finalidad destronarle y proclamar en su lugar a «Carlos V», procurando de esta forma malquistarle con sus leales vasallos y los fieles miembros de su Real Familia.
Para comprobar esta natural –en tanto que criatura suya– colonización de la Policía por el partido moderado, bastará con referirnos brevemente a las sucesivas personas que la encabezaron hasta el Gabinete del 1 de Octubre de 1832 que surgió del Golpe de La Granja, tras el cual los moderados se hicieron definitivamente con el Poder. Empezando por José Manuel de Arjona, su calidad de moderado es indiscutible. Pertenecía al círculo de amigos que conformaban la llamada «escuela sevillana» dentro de los afrancesados, compuesta por conocidos publicistas como Alberto Lista († 1848), Sebastián Miñano († 1845), Félix José Reinoso († 1841), etc. A este respecto, la historiadora Ana M.ª Berazaluce apuntaba en su biografía Sebastián de Miñano y Bedoya (1983): «Conviene mencionar la protección de José Manuel de Arjona para con este grupo de afrancesados (quienes en su correspondencia privada se refieren a él como “El Mecenas”)».
Arjona fue relevado en la Superintendencia, a finales de Agosto de 1824, por Mariano Rufino González († 1835), Alcalde de Casa y Corte, quien desempeñó el puesto interinamente. Por lo general los historiadores le catalogan dentro del campo realista, pero esto no es del todo exacto. Hay que tener en cuenta que, apenas un mes después de asumir el cargo, se ensañó por medio de la Policía con los realistas de su comarca manchega natal con ocasión de una supuesta conspiración insurreccional en que se creía estaban implicados algunos Oficiales de Voluntarios Realistas, encabezados por Manuel Adame de la Pedrada El Locho († 1834), Mariscal de Campo al frente del Regimiento de Defensores Voluntarios del Rey. La causa que se les instruyó fue finalmente sobreseída por falta de pruebas que demostraran las típicas acusaciones policiales de «sublevación carlista». Creemos que son éstos los hechos a los que alude J. Arias Teijeiro cuando escribe, a modo de censura, acerca de Rufino (A. M.ª Berazaluce, Diarios, anotación del 03/09/1828): «se sabe […] lo que hizo en La Mancha, lo que Recacho no hizo con él». Por lo demás, Teijeiro tiene muy mal concepto de él, y le cataloga dentro de los «realistas pasteleros» (anotación del 31/08/1829). Quizá el motivo de que se le suela estimar como un genuino realista provenga de la circunstancia de ser hermano de Manuel M.ª González († 1833), Administrador de Correos de Talavera de la Reina y Comandante de Voluntarios Realistas del 15 Batallón, quien, al conocer en Madrid la noticia del fallecimiento de Fernando VII, se fue con dos Compañías de su Batallón a Talavera, y, haciéndose con la plaza el 2 de Octubre, capitaneó la primera proclamación pública del Rey Carlos V.
Félix M.ª Martín Antoniano
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