El pasado domingo 21 de abril del 2024 celebró un plebiscito sobre 11 cuestiones, propuesto e impulsado por el presidente Daniel Noboa Azin.
Ese día la votación se desarrolló con relativa normalidad, a pesar del clima de creciente inseguridad que padece el país andino, sobre todo desde el asesinato de dos alcaldes 48 horas antes y en medio de un nuevo estado de excepción. Las autoridades suspendieron los apagones y cortes de luz para garantizar la transparencia del proceso electoral.
Un total de 13.654.291 de ecuatorianos estaban señalados para votar de forma obligatoria en este día. Según el informe del Consejo Nacional Electoral, solo un 72% de los electores habilitados fueron a los colegios electorales y la abstención rondó el 28%.
El plebiscito de 11 preguntas es el paso previo para implementar reformas legales y constitucionales en temas críticos como lucha contra el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes, la atracción de inversiones mediante el reconocimiento de arbitrajes internacionales y los incentivos para la creación de empleo a través de contratos temporales y por horas.
Según los resultados oficiales, con el casi 99% los sufragios escrutados, el Sí ganó en 9 de las 11 preguntas planteadas en la consulta popular y referendo; el No ganó en las 2 preguntas que se refieren al arbitraje internacional y al contrato de trabajo por horas.
En vista de estos hechos, es importante recalcar que más allá de la normativa que exige el pronunciamiento popular en las urnas y la consecución de unas determinadas mayorías, casi todas las preguntas relativas al tratamiento de la inseguridad local eran tan evidentes que tendían a sugerir una respuesta afirmativa, pues realmente estaban planteando medidas que deberían ser consideradas de oficio por los organismos competentes.
Esto implica, por una parte, el derroche de los recursos públicos destinados en la jornada electoral, además que, si bien este tipo de plebiscitos y procesos electorales responden a una necesidad que debe afrontarse para el bien de la población, adolecen de los vicios del sufragio universal, porque mayoría se pronuncia u opina sobre cuestiones ajenas a su saber, profesión u oficio, es decir, vota sobre lo que ignora, y al mismo tiempo se le impide pronunciarse en relación con otros asuntos para los que sí tiene conocimientos específicos y que sí podría incidir en su esfera de actividad. Es evidente que la inseguridad interna representa un grave mal colectivo, pero las distintas capas de la sociedad poco o nada pueden entender de los procedimientos, medios o sistemas para resolver este tipo de problemas de orden público, como tampoco parecen entenderlo aquellos en quienes recae el deber de erradicarlos, es decir, el legislativo y en las áreas ministeriales, todos estos bajo criterio ideológico de los partidos políticos que, en definitiva, sirven al poder del dinero.
En definitiva, una vez más se comprueba que el electoralismo es implementado como un placebo que se da a mayorías para proporcionar una apariencia de realidad solemne al mito de la soberanía popular, siendo estéril la intervención de dichas mayorías en las urnas, puesto que las legítimas necesidades e intereses de los pueblos, en teoría atendidos por ese medio, son usados como mecanismo para brindar una publicidad positiva a un gobierno, que obedece al engranaje del Estado constitucional de derecho, pero que, en la práctica, es dependiente de organismos extranjeros que lo limitan para actuar con el rigor necesario incluso para solucionar un conflicto armado interno.
AGENCIA FARO, Ecuador. J, Arias y W. Fiallos
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