La «reforma judicial» es aprobada por el Senado y 18 diputaciones locales  

Ciudad de Méjico.- El Senado de la República aprueba la reforma judicial el pasado miércoles 11 del mes en curso, promovida por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que propone seleccionar a los ministros de la justicia por medio del voto popular.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Se­nado de la República aprobaron la polémica reforma judicial luego de semanas de con­flictos dentro de la misma Cámara, pues apenas el día 10, se vio interrumpida la sesión debido a manifestantes quienes imprecaron a los senadores. Este día 12 logró que 17 de los congresos estatales necesarios para su promulgación la ratificaran.

Las primeras elecciones pensadas para la elección de los ministros por vía del voto están planeadas para el 2025, la duración de sus cargos será reducida, al igual que los salarios apercibidos. Todo ello para que los jueces y magistrados se vinculen al salario del presidente, siguiendo la máxima de la «austeridad republicana». Se pretende que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y demás órganos de administración y sus elementos constitutivos, sean asignados por votación popular.

Estas reformas han ocasionado un álgido conflicto político en el país, desembocando en una inesperada e histórica huelga del Poder Judicial, así como marchas en la Ciudad Capital en protesta por las medidas presidenciales en el ocaso de su sexenio.

Incluso se ha llevado hasta los planes internacionales cuando el mismo presidente celebró que ya no se hablara del tema ni en la embajada de Estados Unidos ni en la de Canadá, ya que, en sus palabras: «es el propósito: que ningún país extranjero de cualquier signo político, ideológico, intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos».

También recalcó en la conferencia matutina del día 12, que la Reforma Judicial a­fectara la inversión extranjera, esperando festejar el día 15 de septiembre con la publica­ción de la «nueva ley» en el Diario Oficial de la Federación.

Las causas del rechazo por parte de los sectores conservadores se hallan en que ésta reforma, según ellos, pretende socavar la independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes de la unión, y por lo tanto eliminar los contrapesos del gobierno morenista.

Todo esto parece mostrar una extensión a la crisis que a la sazón denunciara Juan Vallet de Goytisolo cuando menciona que «más allá de esta crisis de la administración de la justicia estamos ante, una crisis social, unida a la de la ley positiva y del mismo concepto moderno de Estado»[1].

Esa crisis hunde sus raíces en la imposición iturbidista durante el «Primer Imperio Mexicano» al establecer una Monarquía parlamentaria similar a la de Inglaterra, trayen­do como consecuencia, la exigencia de «la división de poderes, doctrina falsa y pernicio­sa que no puede ya sostenerse, entre otras causas por el gobierno de partidos y la disci­plina partidaria. Es un hecho que la monarquía parlamentaria deriva hacia la monarquía partidaria, en la que no manda ya siquiera el parlamento sino el partido dominante o gobernante», en palabras de Juan Fernando Segovia[2].

[1]     «La independencia de la función judicial y la pretendida separación de poderes». Revista Verbo 1992, Número 309-310.

[2]     «La Monarquía Parlamentaria. Orígenes y causas de la desnaturalización de la Monarquía» en Revista Verbo 2015 Número 535-536.

Agencia FARO, Círculo Tradicionalista Celedonio de Jarauta.