En los días próximos, el Círculo Alberto Ruiz de Galarreta ofrecerá a los lectores de La Esperanza una serie de artículos con que cubrirá informativamente algunos de los aspectos más relevantes de la catástrofe que está padeciendo Valencia. La realidad de la tragedia, lamentablemente, es de unas proporciones mucho mayores que las que dan a entender la mayoría de los medios de masas. Habida cuenta de que estos mismos canales mediáticos, especialmente los sistémicos, están ayunos del mínimo criterio doctrinal para enjuiciar los acontecimientos, procuraremos aportar también un primer intento de análisis crítico. A este fin obedece principalmente el primer texto, que a continuación comienza y que publicaremos en dos entregas. El segundo artículo, en cambio, será mayormente informativo.
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Las recientes inundaciones que han golpeado al Reino de Valencia han dejado un rastro de asolamiento, más de dos centenares de muertos (si nos atenemos a las cifras oficiales, que parecen adelgazadas) y preocupación en toda la región. Los desbordamientos han sumergido en el lodo las calles, los negocios y las viviendas de diversas localidades, paralizando la vida cotidiana, y han afectado a centeneras de miles de personas que han perdido a sus familiares, vecinos y amigos; han visto sus hogares devastados y sus medios de vida arruinados o gravemente amenazados. Aún desconocemos con precisión la magnitud de las consecuencias que estos trágicos acontecimientos van a tener en la zona a lo largo del tiempo.
En circunstancias como ésta, donde la realidad tangible de las cosas irrumpe en nuestras vidas sin pedir permiso, es cuando se pone realmente a prueba la validez de los principios en los que uno confía para dar orden a la sociedad y resolver sus problemas. Sin embargo, una vez más, los principios de nuestra tradición política española superan con creces este examen, ya que son relevantes y perennes a la hora de analizar, juzgar y dar propuestas prácticas a situaciones concretas.
Los principios de subsidiariedad y totalidad nos ayudan a valorar las medidas tomadas y las posibles soluciones desde el punto de vista del tradicionalismo. Por un lado, el principio de subsidiariedad es aquél por el cual el todo se ha de subordinar a las partes en lo que les sea propio, respetando su autonomía para aquello en lo que se basten por sí mismas, pero, asistiéndolas y ayudándolas cuando y donde necesiten ayuda. Por otro lado, el principio de totalidad es aquél por el cual las partes han de subordinarse al todo, sacrificando parte de su autonomía y recursos a un bien común mayor. El juego de estos principios habrán de regir la armonía de todos los cuerpos sociales que configuran nuestras comunidades políticas.
En lo que respecta a la prevención y respuesta de las «Administraciones» a la riada, vemos una total inversión de estos principios fundamentales. Donde la potestad superior no debería intervenir para así respetar la autonomía de los cuerpos menores, interviene sin límite, y cuando se le requiere en auxilio de éstos, no actúa. La estructura orgánica foral de España ha sido absorbida a lo largo de la modernidad por un igualitarismo centralizador y nuestros partidos políticos gobernantes no fallan a la hora de ahogarnos a impuestos y regulaciones minuciosas, pero, cuando les necesitamos para coordinar un sistema de prevención a través de los dispositivos móviles, o para que desplieguen todos sus recursos atendiendo una emergencia, el aparato estatal no parece funcionar.
Por otro lado, pendiente queda responder si las demoliciones de presas llevadas a cabo por el Estado español durante los últimos años han contribuido al desastre. Sea esto cierto o no, lo que no hay que olvidar es que esto se ha hecho a costa de la oposición vecinal de las localidades próximas a dichas presas demolidas, según se pavoneaba el comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero [1] Hasta las sedicentes «verificadoras de bulos» admiten que esas infraestructuras se usaban para regar pequeñas explotaciones agrícolas locales [2]. Por tanto, sirvieran o no para evitar la riada, está claro que dichas demoliciones no sólo arrasan con la autonomía municipal, sino que, como parte de la llamada Agenda 2030, contribuyen a acabar con la autonomía alimenticia nacional y a disolver nuestra economía en la división global del trabajo, lo cual no deja de ser una violación de la subsidiariedad.
El drama que ha supuesto la falta de asistencia por parte del Estado a las víctimas de esta trágica crisis se hace especialmente grave a causa de que muchas de las competencias que los municipios tenían en la España foral ahora solamente se las puede proveer la lenta y torpe dirección de la Administración central. Por poner un ejemplo, durante estos días los vecinos de las poblaciones afectadas han estado esperando ansiosos a que llegara el ejército para socorrerles, así como la protección necesaria para sentirse a salvo de las oleadas de saqueos perpetrados por miserables, muchos de ellos mahometanos. Sin embargo, en la España de los fueros, los municipios podían organizar y dirigir tropas de milicias locales con jurisdicción propia para portar armas y usar la fuerza.
[2] https://maldita.es/clima/20241031/presas-embalses-derribados-dana-valencia/
https://maldita.es/clima/bulo/20241030/desinformacion-dana-valencia-cuatro-pantanos/
Marco Benítez, Círculo Cultural Alberto Ruiz de Galarreta (Valencia)
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