Unos 170.000 manifestantes según los organizadores, ó 22.000 según la Guardia Urbana, se manifestaron el pasado sábado 23 de noviembre de 2024 por las calles del centro de Barcelona, bajo el lema «S’ha acabat! Abaixem els lloguers. Per un habitatge digne per tothom» (¡Se acabó! Bajemos los alquileres. Por una vivienda digna para todos).
La manifestación fue convocada por el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas) con el apoyo de numerosas asociaciones —hasta 4.000 entidades, según los organizadores—, sindicatos, y la participación de varios cargos electos de Comuns, ERC y las CUP. La portavoz de la entidad convocante, Carme Arcarazo, calificó la manifestación de «histórica y marcará un punto de inflexión». Y dejó entrever la posibilidad de una futura huelga de alquileres.
Cuatro fueron las demandas exigidas por los convocantes: reducir las cuotas de los alquileres a la mitad; permitir la celebración de contratos indefinidos de alquiler (eliminados por el PSOE el 9 de mayo de 1985); recuperar pisos vacíos, turísticos y de temporada, para aquellos vecinos que carezcan de acceso a la vivienda; y prohibir las viviendas que no sean para uso de residencia habitual.
Según datos de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, en su informe de octubre 2024, durante el primer trimestre de 2024 el precio medio de los nuevos contratos de alquiler de vivienda en Barcelona ha sido de 1.193,00 €/mes y en el segundo trimestre ha sido de 1.132,00 €/mes, lo que ha supuesto un incremento del 9,8 % y del 0,7 % respecto al mismo período del ejercicio anterior, 2023.
En otras palabras, el precio medio del alquiler de un piso supera el salario mínimo interprofesional, que actualmente se establece en 1.134,00 €/mes; y pagar un alquiler de vivienda requiere más de la mitad del salario promedio, que en Barcelona es de 2.416,93 euros brutos al mes, según informe del Ayuntamiento de Barcelona publicado en 2024 y que hace referencia al ejercicio cerrado a 2022. Por otro lado, los precios de los alquileres han subido tres veces más que los ingresos de las familias en los últimos 20 años.
Así las cosas, un padre de familia, trabajador medio, no puede alquilar una vivienda para su familia. Se vuelve obligatorio el trabajo externo de la mujer, o bien la emigración a zonas rurales con precios más asequibles; zonas donde, a su vez, el precio de la vivienda se incrementa a causa de la recepción de estos expulsados de la ciudad.
Por otro lado, casi el 50% de la oferta de alquileres en Barcelona proviene de grandes propietarios: aquellos que son titulares de más de cinco viviendas en oferta. Convierten, así, un bien de primera necesidad, como es la vivienda, en un objeto de negocio y lucro.
Se trata de una situación insostenible que puede estallar de producirse una eventual «huelga de alquileres». Ésta podría buscarse deliberadamente por algunos partidos de izquierda con el fin de frenar su decadencia electoral. En concreto, por els Comuns (el partido de Ada Colau, ultraizquierda caviar) y la CUP (Candidatura de Unidad Popular, ultraizquierda marxista y separatista), cuyas encuestas electorales no son nada halagüeñas. El último barómetro CEO para el (mal llamado) Parlamento de Cataluña, presentado el 27 de noviembre, prevé 6-7 escaños para los Comuns y 5-6 para la CUP, en última posición, por debajo incluso del nuevo partido antiinmigración y secesionista de Sílvia Orriols (Aliança Catalana).
En efecto, por un lado, el Sindicat de Llogateres (SLl) —convocante de esta manifestación— nació a través de varias entidades controladas por los Comuns (Ada Colau), como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatorio DESC y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Propone intervenir el mercado de la vivienda para regularlo en favor de las clases trabajadoras.
Por otro lado, otra entidad intenta disputar protagonismo a la anterior: el Sindicat de l’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), de la órbita de la CUP. Considera que no basta con intervenir el mercado y regularlo, sino que resulta preciso cambiar de raíz el modelo social y económico: el advenimiento del socialismo o marxismo.
Ambas exigencias, especialmente esta última, servirán de acicate a los partidos de derecha para azuzar el miedo entre sus votantes e incrementar su movilización y sus votos. Se trata de la dinámica de la confrontación entre dos polos opuestos, propia del sistema liberal.
Y entre esta lucha partidista y democrática, el problema de la vivienda de las familias se quedará sin resolver.
La hidra Liberal (y su monstruosa cabeza económica: el capitalismo) rompió el orden social tradicional y natural, incluido el ámbito económico al corromper el Bien Común en intereses particulares mediante el veneno de la codicia. Tal ruptura no puede solventarse con la reacción (equivocada) de las izquierdas, cuya acción profundiza aún más aquella ruptura del orden natural. Ni tampoco puede solventarse con la (igualmente equivocada) de los fachas-identitarios-neofascistas, que sólo suponen una reacción contra la reacción: un error sobre otro error.
Es preciso, al contrario, volver a aquel orden, previo a la ruptura liberal y capitalista, con el fin de restablecer las cosas a su fin original y verdadero. Es necesario volver a la Tradición.
Agencia FARO / Círcol Tradicionalista Ramon Parés y Vilasau (Barcelona)
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