El Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea ha impuesto un recorte del 79% en los días de faena a los pescadores de arrastre del Mediterráneo. Estas jornadas de faena quedan reducidas a 28 días al año. Eso sí, se ofrece la posibilidad a los pescadores de que introduzcan, cómo no, medidas de sostenibilidad para reducir el carácter draconiano de la medida. Resulta obligado recordar que en los últimos años los arrastreros del Mediterráneo pertenecientes a la malhadada Unión Europea ya se vieron obligados a reducir sus jornadas anuales en un 40%, de tal modo que, por ejemplo, en 2024, tan solo pudieron faenar unos 130 días. Estamos ante una nueva estocada de Bruselas al sector primario. La coartada en este caso es regular la pesca demersal para lograr en 2025 el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) de varias especies, signifique eso lo que signifique.
La tropelía, además, ocurre en un contexto en el que los países de la cuenca sur del Mediterráneo han incrementado su flota en un 300% en los últimos años. Particularmente, Marruecos y Turquía, libres de las rígidas imposiciones de Bruselas, no solo han modernizado su industria pesquera, sino que han ampliado considerablemente sus zonas de captura mediante acuerdos con países africanos. Mención especial merece el puerto pirata de Gibraltar, que ha sabido explotar su estatus particular dentro de la UE (cuando aún formaba parte de ella) y su posición estratégica tras el «bréxit». La colonia británica ha explotado una legislación laxa y la construcción de arrecifes artificiales, diseñados en principio para proteger la biodiversidad, pero que en la práctica se han utilizado para obstaculizar el acceso de los pescadores españoles a caladeros tradicionales. Además, Gibraltar se ha convertido en un punto clave en la producción de pescado procesada que, al no estar sujeta a los controles comunitarios, supone una competencia desleal para el sector pesquero limítrofe.
Coartadas al margen (esta vez, al menos, no han apelado, o al menos no directamente, al cambio climático), la cuestión de fondo es la voluntad permanente de Bruselas, taimada en unas ocasiones, indisimulada en otras, de acabar de arrasar lo poco que queda de verdaderamente productivo y presentable de las economías en general y del sector primario en particular. No es que la Unión Europea por sí misma haya decidido ejecutar esa agenda, sino que el tinglado bruselense tiene como única finalidad servir a los intereses, en lo militar y en lo económico, de la anglojudería, es decir, en última instancia, del gran capital, la plutocracia o la sinarquía, como prefieran ustedes.
Y esos intereses pasan, por un lado, por concentrar cada vez más la riqueza, tratar de que las economías comunitarias pierdan la mayor soberanía posible, volver a los países muy dependientes de los Amazon, Google, Microsoft y demás amigos de la humanidad, y, por otro, de manera particularmente sangrante en el caso de España, de reducir la economía a un sector servicios, por norma general, de muy bajo valor añadido, cuyo hito anual pasa por lidiar en verano con las vomitonas de los turistas del norte del continente.
En ese sentido, en lo que a España respecta, el Régimen del 78 ha sido un desorejado acelerador de ese proceso de demolición del sector primario al haber aceptado perrunamente, como buen lacayo, los cupos de producción en la agricultura y la ganadería, las cuotas en el caso de la pesca, que ha ido impulsando Bruselas; todo ello con el telón de fondo de la demonización de las proteínas de origen animal (de animales decentes, claro, como las vacas o las sardinas) y la promoción de –dizque– alimentos con el marchamo eco friendly (como grillos o tofu). Pero serás feliz.
Gastón J. Guezmindo, Círculo Cultural Antonio Molle Lazo
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