Con el paso de los años, lejos de corregir o rectificar este rumbo desvirtuador del 18 de julio, Franco lo mantuvo y reforzó, ratificando si cabe aún más la ilegalidad e ilegitimidad de la nueva República constitucionalista que, en contraposición a la naturaleza y razón de aquella memorable fecha, iba fundando y promoviendo en su lugar. No queremos ahondar aquí en un tema que, por lo demás, carece de polémica alguna, habida cuenta de que la propia Fundación Nacional Francisco Franco, encargada de velar por la verdadera memoria histórica del General y su Dictadura, reconoce sin ningún problema que las políticas auspiciadas por los sucesivos Gobiernos de Franco acabaron objetivamente diseñadas para propiciar y asegurar el ulterior restablecimiento y viabilidad de un sistema demoliberal asimilable al de los países occidentales de nuestro entorno.
Podríamos aducir como formulación ejemplificativa de esta tesis, sustentada por los dirigentes de la Fundación y los historiadores acreditados o publicitados por ella, las palabras que redactó Fernando Suárez en un artículo que, con el título «El derecho de fundación», apareció en el número de junio de 2022 del Boletín de la FNFF: «Me consta también –afirma el antiguo Ministro de Franco, refiriéndose a la Fundación– que su propósito es, única y exclusivamente, defender la obra histórica de quien consiguió durante su magistratura construir los cimientos sobre los que fue posible que construyera la democracia que disfrutamos la [rama isabelino-alfonsina] que él también recuperó» (p. 5). Tesis, reiteramos, ajustada perfectamente a la vera Historia, que honradamente profesa dicha Fundación, y que no pueden menos que compartir también los propios católico-realistas españoles; si bien no hará falta expresar cuál es el calificativo que a estos últimos les merece semejante actuación de Franco, y que contrasta plenamente con la positiva valoración y defensa que le otorgan los patronos de la FNFF. En todo caso, si alguien estuviera interesado en un breve cuadro descriptivo del panorama global español decantado por las políticas tecnocráticas franquistas que fueron impulsadas a todos los niveles para desembocar en una democracia liberal pura (dentro de la cual, por cierto, esas políticas irán a colmarse llevándolas hasta sus últimas y necesarias consecuencias), recomendamos vivamente el libro –pequeño en extensión, pero densísimo en su denuncia– El silencio de Dios, publicado por el gran filósofo Rafael Gambra en 1968.
Si no hemos entendido mal al Sr. Sánchez, parecería que él también sostiene la ilegalidad e ilegitimidad de la Dictadura franquista, aunque ciertamente por razones diametralmente opuestas a las del carlismo. Así, según él, la «legalidad» siempre habría permanecido del lado del régimen de 1931 (esa misma «legalidad», repetimos, contra la que se levantó el PSOE en dos ocasiones). En esta tesis él coincidiría, en todo caso, con el que fue Secretario General del Partido hasta 1974, Rodolfo Llopis († 1983). Y también con el que le reemplazó, Felipe González; por lo menos hasta los últimos meses de 1976, en que se separó del notario Antonio García-Trevijano († 2018), quien había conseguido aglutinar hasta entonces, en la llamada «Platajunta», a todas las izquierdas, las cuales abogaban por una ruptura con la «legalidad» nacida del franquismo. González y sus aliados se lo pensaron mejor y decidieron pactar con los franquistas, encabezados por Juan Carlos y Adolfo Suárez, discurriendo por la vía meramente reformista, que cuajó primero, en enero de 1977, en la Octava «Ley» Constitucional franquista (la llamada «Ley para la Reforma Política»), y después, en la Constitución de 1978, refundición maquillada de las «Leyes» Constitucionales del régimen fundado por el Dictador, y que aún sigue imperando hasta el día de hoy.
Si de verdad Sánchez pretendiera abrazar la antigua posición de Llopis y del primer González, entonces su postura personal actual no podría ser más incongruente. Estamos hablando de un sujeto que, al mismo tiempo que rechaza la «legalidad» y «legitimidad» del franquismo, es Presidente de un sistema que se origina y fundamenta en aquél, y que lo perpetúa. Así lo refleja la propia Constitución de 1978 en su «Disposición Derogatoria», apartado §1, en la que se admite implícitamente la plena validez «jurídica» de todas las «Leyes» Constitucionales de Franco, pues solamente es derogable aquello a lo que se le ha reconocido vigencia o fuerza legal. Y si todavía hubiera alguna duda al respecto, resulta que uno de los principales órganos del sistema, el Tribunal Supremo, en uno de los Autos que dictó su Sala de lo Contencioso-Administrativo, con fecha de 4 de junio de 2019, en el contexto del espectáculo sanchista de la exhumación de los restos de Franco, admitía oficialmente «el hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975». Y si a esto añadimos que el Sr. Sánchez tampoco tiene ningún escrúpulo en adherirse a los miembros de la actual antidinastía franquista, es decir, la fundada e impuesta por Franco, entonces la incoherencia del Presidente habría que reputarla como total y completa.
Claro que, pensándolo bien, sería francamente difícil querer encontrar algún rasgo de lógica en un personaje cuya única filosofía es la de mantenerse en el poder a toda costa y a cualquier precio (miles de muertes incluidas), en la línea de un perfecto discípulo del Liberalismo. En cualquier caso, sirvan de ocasión estos fastos conmemorativos que nos brinda el Sr. Presidente para ir ayudando, en la medida de nuestras modestas posibilidades, a arrojar algo de luz sobre las tinieblas esparcidas por igual tanto desde los cuárteles de izquierdas como de los de derechas. Aunque, puestos a celebrar este año algo que sí interese de verdad a todos los españoles, sería más bien el quincuagésimo aniversario de la Regencia iniciada en septiembre de 1975 por el hijo fiel y heredero del Rey Javier I, D. Sixto Enrique de Borbón, actual titular de la legitimidad político-monárquica española.
Félix M.ª Martín Antoniano
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