En España la Ley Orgánica 3/2021 —que entró en vigor el 25 de junio de 2021— que regula el suicidio asistido bajo condiciones (eutanasia: pacientes con «patología grave e irrecuperable») va dando sus frutos de muerte y horror con un crecimiento sostenido de solicitudes y ejecuciones. En 2021 se registraron 173 peticiones y 75 ejecuciones en seis meses; en 2022 ascendieron a 576 solicitudes y alrededor de 295 ejecuciones; y en 2023 se atendieron 766 solicitudes, de las que se mataron 323, representando un 0,0767 % del total de fallecimientos ese año. La tasa pasa del 0,0166 % de 2021 al 0,0622 % en 2022 y al 0,0767 % en 2023, mostrando una consolidación en el crimen. El perfil mayoritario de los solicitantes son personas de 70–79 años con enfermedades oncológicas o neurológicas, la tramitación media para matarlas dura entre 67 y 75 días, y cerca de un 25 % de los fallecimientos se producen antes de que los maten.
Pero estas cifras contemplan porcentajes comparativos a los fallecimientos en general y no al número de enfermos terminales, donde queda oculta la precariedad de los cuidados. Así tenemos que cada año, entre 300.000 y 370.000 personas con enfermedades terminales, 183.000 (año 2023) necesitan equipos especializados, y esos, sólo el 40% llegan a recibir cuidados paliativos (el 62% enfermos de cáncer). España dispone de 0.6 unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de las 2 unidades recomendadas.
El individuo que desea ser asesinado presenta la petición ante el centro sanitario, pasa por dos solicitudes separadas por 15 días de reflexión y es evaluado por comités de «garantías». El tiempo efectivo medio ha sido de 75 días según datos de 2023, superior al máximo legal de 35 días.
Pero en medio de este horror no falta un tinte de «desinteresado altruismo» que intenta maquillar su verdadero rostro: desde 2021, 91 personas que solicitaron ser ejecutadas han donado órganos.
En 2022, las solicitudes se distribuyeron principalmente en Cataluña (175), Andalucía (113), Madrid (62) y Valencia (60) entre otras regiones. En Cataluña, sólo en el primer trimestre de 2024 se registraron 358 solicitudes, un 63 % más que las 219 del mismo periodo en 2023.
El cuidado del enfermo se resume en rodearle de legislación que le mate: otra cara del estado de bienestar.
Agencia FARO
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