El informe 96/2025 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado una presunta trama de corrupción que afecta al corazón del Ministerio de Transportes (MITMA) durante el mandato de José Luis Ábalos (2018-2021). Las pesquisas, integradas en la Causa Especial 20775/2020, apuntan a la existencia de una red de adjudicaciones irregulares, sobornos y tráfico de influencias.
El epicentro de la trama lo ocuparían el exministro Ábalos, su asesor personal Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama, quien habría abonado de forma recurrente 10.000 euros mensuales en efectivo a Koldo, a modo de «nómina de favores», según su propia declaración judicial. Estos pagos, según Aldama, se compartían con Ábalos en su presencia. El objetivo: asegurar influencia sobre adjudicaciones millonarias de obra pública.
La investigación detalla cómo, mediante manipulaciones en la valoración técnica de los concursos públicos —a pesar de que sus ofertas no eran las más económicas—, empresas como Acciona, OPR y LIC resultaron adjudicatarias de proyectos por más de 600 millones de euros. A cambio, según los indicios, se habrían pactado pagos en efectivo o contratos laborales encubiertos a familiares de los implicados.
Grabaciones que comprometen a Santos Cerdán
Uno de los aspectos más contundentes del informe es la existencia de grabaciones realizadas por el propio Koldo, en las que se escucha a los implicados —incluido el diputado del PSOE Santos Cerdán— discutiendo sobre los pagos adeudados y la distribución de las comisiones por territorios. Según Aldama, llegó a entregar 15.000 euros en efectivo a Cerdán para zanjar un conflicto sobre adjudicaciones en el norte de España.
El informe cuantifica que los beneficios ilícitos derivados de la adjudicación de obras podrían superar los 620.000 euros, con más de 450.000 aún pendientes de cobro según las grabaciones. Entre los contratos destacados figuran obras en Logroño, Sevilla, Murcia y Sant Feliú de Llobregat.
La reacción de Pedro Sánchez: una rueda de prensa esperada
Tras 44 días sin comparecencias públicas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció este miércoles una rueda de prensa desde La Moncloa para dar explicaciones. Con semblante serio, pidió perdón a la ciudadanía por «haber confiado en quien no debía» y anunció una auditoría externa en el PSOE, así como una inminente reestructuración de su ejecutiva.
«Asumo la responsabilidad política. El PSOE no debió confiar en Santos Cerdán», afirmó Sánchez, quien confirmó la dimisión del histórico dirigente socialista.
Pese a la presión política y mediática, Sánchez descartó un adelanto electoral y reafirmó su voluntad de agotar la legislatura, con elecciones previstas para 2027. Acusó a la oposición (¿?) de «asediar al Gobierno» y defendió que su partido ha actuado con transparencia.
Valoración de la comparecencia
La estrategia de Sánchez parece clara: limpiar la imagen del PSOE desde dentro, evitar una crisis de Gobierno, y reforzar su liderazgo de cara a una legislatura que se tambalea por la erosión moral y el desgaste político. En definitiva, su continuidad, a similitud de sus predecesores en el puesto.
Conclusión
Este nuevo escándalo democrático ha puesto en entredicho no sólo la integridad de figuras clave del PSOE, sino también el sistema de adjudicación de obras públicas. Las grabaciones, los pagos en efectivo y la red de favores políticos dibujan un esquema de corrupción estructural del régimen del 78.
Agencia FARO, R. Gómez Bastida
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