Por eso, en el nuevo sistema conciliar de la libertad religiosa, no tendría ningún sentido apelar al bien común a fin de desembocar en la práctica en un régimen de intolerancia religiosa procatólica, porque ese auténtico bien común ha sido reemplazado por otro sucedáneo e inédito que tiene por basamento un «derecho natural» de tolerancia que es preciso respetar siempre. Si todavía alguien podía seguir albergando alguna expectativa en este sentido, el entonces Prefecto de la «Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe», Cardenal Joseph Ratzinger, se encargó de disiparla por completo en el esclarecedor primer párrafo del parágrafo §6 de la «Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública» que emitió el 24 de noviembre de 2002 (citamos de la versión castellana de la página digital de El Vaticano. Los subrayados son suyos):
«La frecuentemente referencia a la “laicidad”, que debería guiar el compromiso de los católicos, requiere una clarificación no solamente terminológica. La promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada que ver con la “confesionalidad” o la intolerancia religiosa. Para la doctrina moral católica, la laicidad, entendida como autonomía de la esfera civil y política [respecto] de la esfera religiosa y eclesiástica –nunca de la esfera moral–, es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia, y pertenece al patrimonio de civilización alcanzado (cfr. Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et spes, n. 76). Juan Pablo II ha puesto varias veces en guardia contra los peligros derivados de cualquier tipo de confusión entre la esfera religiosa y la esfera política. “Son particularmente delicadas las situaciones en las que una norma específicamente religiosa se convierte o tiende a convertirse en ley del Estado, sin que se tenga en debida cuenta la distinción entre las competencias de la religión y las de la sociedad política. Identificar la ley religiosa con la civil puede, de hecho, sofocar la libertad religiosa e incluso limitar o negar otros derechos humanos inalienables” (Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 1991: “Si quieres la paz, respeta la conciencia de cada hombre”, IV, AAS 83 (1991) 410-421). Todos los fieles son bien conscientes de que los actos específicamente religiosos (profesión de fe, cumplimiento de actos de culto y sacramentos, doctrinas teológicas, comunicación recíproca entre las autoridades religiosas y los fieles, etc.) quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe entrometerse ni para exigirlos o para impedirlos, salvo por razones de orden público. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos, y la administración de servicios públicos, no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos».
Desde los comienzos de su pontificado, Juan Pablo II identificó dos clases de hermenéutica que podían amenazar la recta intelección de los documentos del Concilio Vaticano II. En su Alocución de 1 de junio de 1980 a los Obispos franceses, dentro del contexto de su Viaje Apostólico a Francia, el Sumo Pontífice manifestaba, entre otras cosas, lo siguiente: «Nada tiene de extraño el que, en esta etapa “postconciliar”, se hayan desarrollado también, con bastante intensidad, ciertas interpretaciones del Vaticano II que no corresponden a su Magisterio auténtico. Me refiero con ello a las dos tendencias tan conocidas: el “progresismo” y el “integrismo”. Unos, están siempre impacientes por adaptar incluso el contenido de la fe, la ética cristiana, la liturgia, la organización eclesial a los cambios de mentalidades, a las exigencias del “mundo”, sin tener suficientemente en cuenta, no sólo el sentido común de los fieles, que se sienten desorientados, sino lo esencial de la fe, ya definida, las raíces de la Iglesia, su experiencia secular, las normas necesarias para su fidelidad, su unidad, su universalidad. Tienen la obsesión de “avanzar”, pero, ¿hacia qué “progreso” en definitiva? Otros –haciendo notar determinados abusos que nosotros somos los primeros, evidentemente, en reprobar y corregir–, endurecen su postura deteniéndose en un período determinado de la Iglesia, en un determinado plano de formulación teológica o de expresión litúrgica que consideran como absoluto, sin penetrar suficientemente en su profundo sentido, sin considerar la totalidad de la Historia y su desarrollo legítimo, asustándose de las cuestiones nuevas, sin admitir en definitiva que el Espíritu de Dios sigue actuando hoy en la Iglesia, con sus Pastores unidos al Sucesor de Pedro» (versión castellana tomada de la página digital de El Vaticano).
Es natural que los fieles se atengan a la interpretación auténtica de los textos conciliares ofrecida por el Magisterio pastoral postconciliar, a fin de poder captarlos de manera exacta. El problema que se plantea es que, una vez conocida esa exégesis oficial vertida por parte de las autoridades eclesiásticas, el producto resulta estar en pleno conflicto con lo que había sustentado la Iglesia a lo largo de toda su existencia hasta los tiempos vaticanosegundistas. Creemos que se puede ilustrar a la perfección esta dicotomía fundamental fijándonos en otro Discurso de Juan Pablo II, el que dirigió el 11 de octubre de 1988 a los miembros del Parlamento Europeo, en el «Palacio de Europa» sito en Estrasburgo, su sede por aquel entonces. (Continuará).
Félix M.ª Martín Antoniano
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