Hemos tenido ocasión de leer en prensa, en los pasados días, a propósito de dos proyectos de nuevos impuestos salidos de la «cocina» del establishment transnacional. Por un lado, España y Brasil han propuesto la creación de un impuesto, a escala global, para los llamados «super-ricos», consistente en (nada menos) que el 2% de la riqueza gravable anual.
Por otro, la UE plantea un (nuevo) impuesto para grandes empresas, que se solaparía al impuesto sobre sociedades nacional de los Estados miembros, así como al recién creado «impuesto complementario» para garantizar una imposición mínima a grandes grupos empresariales.
Es momento de pararse a pensar, sin los condicionantes ideológicos de los que debe prescindir todo tradicionalista, en el diseño, el objeto, características y fin de tributos de este tipo. En definitiva, lo que en lenguaje clásico son las causas (en sentido aristotélico) de una ley, en este caso, tributaria.
Valga decir, en primer lugar, que en este foro nunca se nos habrá oído negar la necesidad de los impuestos en cualquier sociedad que quiera considerarse organizada; tampoco se nos habrá oído afirmar que el impuesto sea un robo, que el papel del Estado y, por tanto, el de los ingresos públicos, deba ser mínimo; ni negar la función del tributo para el bien común y la paz social.
Pero no menos cierto es que la verdadera paz social no se alcanza sin justicia. Y las injusticias flagrantes son una amenaza para ella, como bien detallaron todos nuestros clásicos hispanos eruditos en la materia. La primera justicia que debe cumplirse es la conmutativa. No es lícito exigir un impuesto si éste no responde a una causa justa y se aplica infringiendo de modo flagrante la justicia.
Vamos a poner un ejemplo: ciertamente tenemos razones para no estar compadecidos por el gravamen adicional que deban soportar grupos empresariales que a menudo ejecutan planificaciones fiscales evasivas. Pero tampoco podemos negar que la solución a esto sea la doble (o triple) imposición directa sobre las empresas, disociando el impuesto a pagar de su capacidad económica, sólo por el hecho de que «ganan mucho». Ese razonamiento es simplista e ideológico. No se pueden atropellar los principios elementales de justicia tributaria por la mera pulsión ideológica.
Siguiendo con la cuestión: nuestros clásicos afirmaron que la justicia de cualquier nuevo tributo depende de la justicia de su uso. Es decir, no sólo que se emplee en fines acordes con el bien común, sino que se recaude sólo en la proporción en que es necesario financiar esos fines. Pues bien, si atendemos a la finalidad de estos nuevos impuestos, vemos que, en el caso del propuesto por la UE, la finalidad, claramente, es aumentar la recaudación para financiar el incremento del gasto en armamento proyectado para los Estados Miembros. Y, en el caso del impuesto a los super-ricos (que se superpone a los impuestos locales y nacionales sobre la riqueza), tratar de amortiguar el ingente endeudamiento de los Estados, ante el inminente desbordamiento del establishment socio-político fundado en los años 60 del siglo pasado.
Dicho lo cual, pasemos a analizar la hipocresía que palpita tras estas medidas. En primer lugar, los más ultra-ricos de todos, que son los monstruos de la usura internacional, son los primeros que llevan décadas lucrándose a través de la deuda sin fin que demandan los Estados. En ese sentido, la mejor política social es que la clase media no tenga que sufragar con sus impuestos, los beneficios que reporta a los prestamistas el negocio de la financiación de los Estados. Y, por otro lado, la deuda no se reduce mediante impuestos, sino racionalizando los presupuestos públicos. Mientras los Estados sigan siendo esclavos de la usura, no me hablen sus responsables (la totalidad del espectro político liberal, sean «zurdos» o «diestros»), de políticas sociales.
En segundo lugar, es sabido que la función redistributiva del impuesto, aun siendo real, es muy limitada si la comparamos con las políticas de redistribución de la riqueza en origen. Que además tienen la ventaja de reducen el volumen de dinero que pasa por las manos de los planificadores estatales. Y la primera política en origen es algo tan obvio como facilitar que las familias puedan ganarse la vida y reservarse un modesto capital para la previsión futura, que es el objetivo que la Doctrina Social de la Iglesia ha puesto siempre en el punto de mira de una sociedad económicamente equitativa. Y eso se consigue, en primer lugar, facilitando el acceso a la vivienda. Por cierto, ¿conocen ustedes algún nuevo impuesto que se haya creado para impulsar proyectos de promoción pública de viviendas? Yo no. Pero sí conozco a muchos «ultra-ricos» de la especulación inmobiliaria, haciendo el agosto todo el año, todos los años.
Sólo si las clases medias y humildes pueden prosperar, y no mediante la confiscación de beneficios, se podrá hablar de una eficaz redistribución de la riqueza. La solución a la degradación económica que nos azota no es el robo sistemático e indiscriminado, sino la intervención quirúrgica en sectores estratégicos para la legítima soberanía de las naciones: vivienda, energía, comunicaciones, agricultura. Justo todo lo que hoy está en manos de esas pérfidas empresas a las que hay que confiscar sus beneficios porque no son «solidarias». En otras palabras, vendimos nuestra alma al diablo y ahora le queremos cobrar un alquiler.
Gonzalo J. Cabrera, Círculo Cultural Alberto Ruiz de Galarreta
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