Miembros de la bancada progresista del Congreso radicaron a finales de julio un proyecto de ley cuyo objeto es «establecer un marco normativo para la inspección, vigilancia y control de las entidades religiosas en Colombia» (art. 1), incluso de las que no estén inscritas en el Registro Público de Entidades Religiosas que lleva el Ministerio del Interior.
Si bien el articulado reconoce como principio la «autonomía» de tales entidades, la ponencia hace especial énfasis en la necesidad de supervisar el uso de los recursos propios de cada confesión religiosa e incluso el cumplimiento de sus fines legales y estatutarios.
En caso de que ameriten una sanción, ésta podrá consistir en una amonestación, en la suspensión o en la cancelación de su personería jurídica.
Resulta escandaloso que estos señores, jugando al legislador ―aunque ni siquiera sepan diferenciar entre la libertad de cultos y la laicidad del estado, como quedó patente en el artículo 3―, pretendan por medio de una ley inmiscuirse en los asuntos internos de una institución de origen divino como lo es la Iglesia católica.
No obstante, el gobierno de Petro, ávido de votos protestantes ―porque los católicos nada objetaron― tanto para sus reformas en el Congreso como para las próximas elecciones, ha anunciado que no respaldará el proyecto.
Agencia FARO, Colombia
Deje el primer comentario