Durante siglos, la Iglesia Católica sostuvo en España una sólida red educativa que abarcaba todos los niveles: desde escuelas parroquiales de primeras letras hasta prestigiosos colegios y universidades fundados bajo su amparo. Órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza, como los jesuitas o los escolapios, gestionaban centros de alta calidad formativa, mientras que en cada parroquia el clero impartía doctrina y alfabetización básica a los niños del pueblo. Esta presencia garantizaba que incluso en comunidades humildes existiese algún acceso a la instrucción, íntimamente ligada a la formación moral cristiana. No es casualidad que antes de la Revolución Liberal el control del sistema educativo recayese ampliamente en la Iglesia; de hecho, los primeros gobiernos liberales de la Constitución de Cádiz (1812) ya manifestaron su intención de «separar en lo posible a la Iglesia católica del control total del sistema educativo, que pasaría al gobierno». En otras palabras, la España tradicional contaba con un entramado docente confesional que los liberales veían necesario desmontar para imponer sus propias ideas.
El ataque frontal del liberalismo contra la educación católica se dio mediante leyes y decretos que arrasaron las instituciones eclesiásticas dedicadas a la docencia. Uno de los golpes más devastadores fue la desamortización de Juan Álvarez Mendizábal (1835-1837), que incluyó la Real Orden de Exclaustración de julio de 1835: en plena Guerra Carlista, el gobierno decretó la supresión de todos los conventos que no alcanzaran 12 religiosos profesos. Poco después, en octubre de 1835, se amplió la medida ordenando la disolución de todas las órdenes monacales y militares, y en 1836 se extendió incluso a congregaciones de varones no monacales. En la práctica, esto significó que casi todos los monasterios y conventos de frailes en España fueron clausurados; sólo un puñado sobrevivió en circunstancias excepcionales. Las cifras hablan por sí solas: la Iglesia perdió gran parte de su patrimonio –conventos, huertos, escuelas y bibliotecas enteras– en esta oleada expropiadora. Miles de religiosos fueron expulsados de sus claustros (entre ellos los jesuitas, suprimidos por decreto el 4 de julio de 1835 y obligados a abandonar sus colegios mientras el Estado confiscaba todos sus bienes). Aquellas propiedades fueron declaradas «bienes nacionales» y subastadas al mejor postor, destinándose lo recaudado a enjugar la deuda pública del Estado liberal. Fue, en palabras de un historiador, «un gran despojo» para la Iglesia española.
La desamortización de Pascual Madoz (1855) profundizó en el proceso, extendiendo la venta forzosa a prácticamente todos los bienes eclesiásticos y comunales restantes. La llamada Ley Madoz declaró en estado de venta las propiedades del clero (regular y secular), cofradías, obras pías, universidades y hasta los bienes destinados a la instrucción pública, sin más excepciones que las mínimas (se respetaron temporalmente los bienes de los escolapios –por su labor docente– y de los hermanos de San Juan de Dios –por su labor hospitalaria–). Esta fue la mayor desamortización en volumen de tierras y edificios, culminando la obra comenzada por Mendizábal. Sus consecuencias para la educación católica fueron nefastas: decenas de conventos que albergaban escuelas quedaron vacíos o en ruinas, bibliotecas enteras se dispersaron en subastas y muchos colegios religiosos desaparecieron para siempre. En Sevilla, por ejemplo, los antiguos colegios conventuales fueron saqueados y su patrimonio artístico malvendido; buena parte de los libros terminó (con suerte) en manos del Estado o de universidades, pero muchísimos tesoros culturales yacen perdidos. En Burgos, el histórico Monasterio de San Miguel del Monte (de la Orden de los Jerónimos) quedó abandonado tras la exclaustración y hoy solo sobreviven sus muros semiderruidos, tristes testigos de aquella agresión al legado educativo de la Iglesia.
A estas medidas se sumó una batería de leyes anticlericales que obstaculizaron la labor docente de la Iglesia. La Constitución de 1837 proclamó la libertad de cultos de facto y consagró el dominio estatal sobre muchas funciones antes ligadas al clero. Años más tarde, durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874) y la Primera República, se llegó a proclamar la secularización total de la enseñanza y se retiró a las órdenes religiosas cualquier reconocimiento legal en materia educativa. Cada avance del liberalismo traía aparejado un nuevo recorte a la influencia católica en la escuela: se prohibió a las órdenes enseñar, se expulsó nuevamente a los jesuitas en 1868, se cerraron colegios católicos y se fomentó abiertamente la creación de escuelas laicas. Estas políticas culminarían, ya en el siglo XX, con la Constitución de la Segunda República (1931), cuyo artículo 26 disolvió las congregaciones religiosas de enseñanza y confiscó sus escuelas, y con el artículo 27 que impuso una educación exclusivamente secular. Para entonces la Iglesia había sido prácticamente desposeída de sus centros educativos históricos. Los liberales habían logrado imponer el monopolio estatal de la educación, tal como pretendían desde sus primeras leyes, y muchos religiosos que se habían dedicado a la docencia quedaron relegados o tuvieron que exiliarse.
El resultado inmediato de estas políticas fue desastroso para la instrucción del pueblo. Al desmontar de forma abrupta la infraestructura docente de la Iglesia, los liberales no la reemplazaron con nada equivalente durante mucho tiempo. En numerosos pueblos, el único maestro era el párroco o las monjas del convento local; al expulsarlos y vender sus escuelas, esas comunidades quedaron sumidas en el analfabetismo más craso. Los propios datos oficiales muestran que, bajo el régimen liberal, España alcanzó cotas de ignorancia vergonzosas: hacia mediados del siglo XIX, apenas un 18% de la población sabía leer y escribir, y sólo un 36% de los niños acudía a la escuela. Era uno de los índices más bajos de Europa en la época, muy por detrás de países donde no se había perseguido tan encarnizadamente a la educación religiosa. La supuesta «España liberada» tenía, en realidad, a cuatro de cada cinco ciudadanos en la oscuridad del analfabetismo. Los propagandistas del liberalismo achacaban este atraso a la «incultura» del Antiguo Régimen, pero ocultaban un hecho clave: la ignorancia generalizada fue consecuencia directa de sus propias políticas destructivas. Ellos mismos habían fabricado ese vacío educativo al cerrar escuelas centenarias sin proveer alternativa alguna más que buenas intenciones y discursos, que no tenían otro motivo que destruir a la Iglesia Católica.
Irónicamente, tras haber provocado el problema, los gobiernos liberales se presentaron como los salvadores ilustrados que vendrían a redimir al pueblo de las tinieblas. En la segunda mitad del siglo XIX promovieron la creación de una red de escuelas públicas estatales, a menudo vanagloriándose de traer por fin la «luz» de la educación laica a las masas. La Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida como Ley Moyano, fue su gran obra en este sentido. Esta ley –de inspiración moderada– reorganizó el sistema educativo bajo control gubernamental, estableciendo la enseñanza primaria obligatoria (al menos sobre el papel) y un currículo unificado en todo el país. Sin embargo, incluso dicha ley evidencia la hipocresía del relato liberal: la propia normativa reconoció la necesidad de que la Iglesia continuase vigilando la pureza doctrinal de los estudios, y mantuvo la religión católica como asignatura en las escuelas públicas. No podía ser de otro modo, pues el Concordato de 1851 había restablecido a la Iglesia cierta capacidad de influencia educativa tras los excesos previos. En realidad, la Ley Moyano se limitó a sentar las bases de un sistema centralizado, pero tardó décadas en materializarse en suficientes escuelas y maestros competentes. Fue, sobre todo, una declaración de principios: el Estado liberal se atribuía el derecho exclusivo de educar, relegando a la Iglesia a un papel secundario. Para 1860, después de varios años de vigencia de la Ley Moyano, España seguía prácticamente igual de analfabeta que en 1850, evidencia de que la retórica ilustrada no bastaba para subsanar el daño hecho.
En paralelo, los intelectuales liberales más radicales impulsaron proyectos de educación abiertamente laicos y anticatólicos. El caso emblemático es la Institución Libre de Enseñanza (ILE), fundada en 1876 por catedráticos krausistas como Francisco Giner de los Ríos y Gumersindo de Azcárate. Estos profesores habían sido separados de la Universidad oficial por negarse a «ajustar sus enseñanzas a ningún dogma religioso, político o moral» –es decir, rechazaban toda verdad absoluta propuesta por la Iglesia o la Tradición–. Inspirados por la filosofía krausista (una doctrina panteísta-racionalista llegada de Alemania), crearon un centro privado laico para educar «al margen» tanto del Estado como de la Iglesia. Proclamaban la libertad de cátedra y la neutralidad religiosa en las aulas, postulados que en la práctica se traducían en una enseñanza con fuerte sesgo anticatólico. La ILE formó durante décadas a maestros y pedagogos en esta visión secularizada del mundo, influyendo poderosamente en las reformas educativas posteriores. No es exagerado afirmar que inoculó en buena parte del magisterio español un espíritu refractario a la Fe. Aquella «escuela sin Dios», presentada por los liberales como cumbre del progreso, no fue sino la culminación lógica de un proceso iniciado con la expulsión de frailes y la quema de conventos. Primero destruyeron la educación católica tradicional; luego, sobre sus ruinas, levantaron una educación estatal y laicista, alardeando de modernidad mientras negaban cualquier intervención de la Iglesia en la formación de la juventud.
Frente a esta ofensiva liberal, la respuesta católica no se hizo esperar, tanto en España como desde la Sede de Pedro. Los Papas del siglo XIX y comienzos del XX alzaron su voz enérgicamente contra la idea de que la instrucción pudiera separarse de la verdad revelada y quedar sometida por entero al Estado o a la moda ideológica del momento. Ya en 1832, el Papa Gregorio XVI condenó en su encíclica Mirari Vos la nociva teoría de la absoluta libertad de conciencia y de prensa que propagaban los liberales. Llamó a esa pretendida «libertad» «sentencia absurda y errónea, o mejor dicho locura», denunciando que bajo la «inmoderada libertad de opiniones» que éstos pregonaban se ocultaba un «pestilente error» que amenazaba la sociedad civil y religiosa. Pío IX, por su parte, arremetió contra el laicismo educativo en la encíclica Quanta Cura (1864) y especialmente en el famoso Syllabus Errorum anexo a ella. En la proposición 47 del Syllabus, el pontífice condenó explícitamente la idea liberal de que la «perfecta constitución del Estado exija que las escuelas públicas […] y en general todos los establecimientos de enseñanza queden al margen de toda autoridad de la Iglesia», sujetos únicamente al arbitrio del poder civil según «las ideas comunes de la época». De igual modo, declaraba un error gravísimo pensar que «los católicos pueden aprobar un sistema de educación de la juventud sin conexión con la fe católica ni la Iglesia» (prop. 48). Estas rotundas condenas papales dejaban claro que para la doctrina católica la educación no puede divorciarse de la verdad ni de la autoridad de la Iglesia sin causar un daño inmenso a las almas y a la sociedad.
Ya entrado el siglo XX, el magisterio pontificio insistió en la defensa de la educación cristiana frente al monopolio estatal. El Papa Pío XI, en su encíclica Divini Illius Magistri sobre la educación cristiana de la juventud (1929), reiteró que el derecho de educar pertenece primariamente a la familia y a la Iglesia, no al Estado. Citando a su predecesor León XIII, afirmó que «la prole, antes que a la familia, no pertenece al Estado, y que el Estado no tiene sobre la educación un derecho absoluto», pues pretender lo contrario es contradecir el sentir común de la humanidad. Pío XI urgía a los padres a oponerse a cualquier usurpación laicista en este campo: «A los padres toca, por tanto, rechazar con toda energía cualquier atentado en esta materia, y conseguir a toda costa que quede en sus manos la educación cristiana de sus hijos» –escribió–, exhortándolos a apartarlos «lo más lejos posible de las escuelas en que corren peligro de beber el veneno de la impiedad». Palabras fuertes, sin duda, pero plenamente justificadas por los hechos que hemos repasado. La Iglesia sabía bien que el intento liberal de crear un sistema educativo al margen de Dios y contra la Iglesia no era una empresa neutral ni buscaba solo enseñar a leer y escribir, sino imponer una cosmovisión relativista y secular. Por eso los documentos pontificios de aquella época, lejos de conceder nada al mito de la «neutralidad» escolar, lo combaten frontalmente en defensa del derecho de la Iglesia a enseñar y del derecho de los niños a una educación conforme a la verdad.
En resumen, el liberalismo español del XIX destruyó deliberadamente una vigorosa tradición educadora de la Iglesia, dejando tras de sí un páramo cultural que luego él mismo vino a señalar con dedo acusador como prueba de la necesidad de «redención» laica. Es la gran paradoja –cuando no farsa– de la que debemos ser conscientes. Los mismos que incendiaron conventos y malbarataron bibliotecas sagradas se presentaron después con la antorcha de la «razón» pretendiendo iluminar a un pueblo que ellos habían dejado en tinieblas. Como católicos tradicionalistas, no podemos sino alzar la voz para denunciar esta mentira histórica. La verdadera obra civilizadora en España la realizó la Iglesia durante siglos, alfabetizando e inculcando virtudes, mientras que el liberalismo desmontó ese edificio con mano iconoclasta. No nos dejemos engañar por los cantos de sirena de una supuesta «neutralidad» educativa: la experiencia demuestra que, arrancada de su fundamento cristiano, la escuela se convierte en vehículo de ideologías pasajeras y, peor aún, en instrumento dócil al servicio del poder político de turno. Frente a ello, reafirmamos el principio perenne de que la educación pertenece de derecho a quienes pueden transmitir la Verdad: la familia cristiana y la Iglesia. Sólo restaurando estos principios –como bien intuían nuestros antepasados de La Esperanza en el siglo XIX– podrá España salir del pozo moral e intelectual en que la sumieron los falsos liberadores. En palabras de la Escritura, «si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles»; aplicado a la enseñanza: si Dios y su Iglesia no educan, en vano pretenderá el Estado educar auténticamente. La lección de la historia está servida.
Roberto Gómez Bastida, Círculo Tradicionalista de Baeza
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