En el anterior artículo avanzamos el grave problema de presión fiscal que sufren las clases medias en España, a través de cifras meramente orientativas. Por desgracia, tales conclusiones resultan extrapolables al conjunto del sistema tributario español, máxime si se compara con el de otras naciones donde el gasto estatal también tiene un elevado peso.
Así, el prestigioso Instituto de Estudios Económicos, publicó a finales de 2024 un estudio comparativo de competitividad fiscal, que ofrece un análisis detallado y cuantitativo de la situación fiscal española en el contexto internacional, centrándose especialmente en la comparativa con los países de su entorno y en la evolución de los principales indicadores fiscales.
La conclusión, por lo que a España respecta, es que la recaudación (28%) ha crecido muy por encima del PIB (17%) entre 2019 y 2023. Y, al margen del clásico indicador que mide la presión fiscal sobre el PIB, es interesante medir lo que se denomina «esfuerzo fiscal», es decir, la relación entre presión fiscal y el PIB per cápita del país. En esta magnitud, España supera en un 13,7% la media europea y es de las economías avanzadas con mayor esfuerzo, tanto en términos totales como en los impuestos directos sobre empresas y familias (es decir, los que gravan la renta).
Sobre la fiscalidad empresarial, España se sitúa por encima de la media comunitaria en la presión fiscal efectiva sobre las empresas. En 2022, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades representó un 2,7% del PIB en España (3,3% en la UE), mientras que las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social representaron el 9,5% del PIB (7,1% en la UE), sumando una presión fiscal empresarial del 12,2%, 1,8 puntos por encima de la media europea. Además, las empresas contribuyen con el 32,4% del total de la recaudación en España, frente al 25,8% de media en la UE.
El Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation, que analiza cinco grandes ámbitos (Sociedades, IRPF, IVA, propiedad y fiscalidad de rentas internacionales, con 42 variables), coloca a España en el puesto 33 de 38 países OCDE en 2024. Los peores resultados corresponden a la imposición sobre la propiedad (penúltima de la OCDE) y la competitividad empresarial, mientras que el apartado de fiscalidad sobre las rentas internacionales obtiene el mejor registro (puesto 18).
Para no abrumar al lector con cifras y ratios, acabaremos diciendo que el informe también visualiza la tendencia de los últimos años: España ha caído, en el citado ranking de competitividad fiscal, de la posición 23 en 2019 a la 33 en 2024. Este deterioro se produce en un contexto en que, pese al crecimiento de la recaudación, el déficit público ha aumentado (del 3,1% al 3,6% del PIB de 2019 a 2023) y la deuda pública ha crecido hasta el 107,7% del PIB.
En definitiva, estos datos muestran claramente que la estructura financiero-fiscal española es la propia de una economía agotada, que no consigue reducir su déficit ni tan siquiera acumulando récords continuos de recaudación que, además, infligen un grave castigo a las rentas medias. Y esto también refleja que la finalidad del sistema tributario español no es, a día de hoy, recaudar para el bien común, sino simplemente para evitar el derrumbe del Estado.
Y, si asustan los números, asusta tanto o más la tendencia, que anticipa futuras subidas de la presión fiscal a fin de tratar de preparar al sistema para la jubilación masiva de la generación del baby boom, esto es, los nacidos en la década de los 60, que comenzará a notarse a finales de la presente década.
Es absurdo preguntarse acerca de la solución de estos problemas, porque a día de hoy no existe. Cualquier política seria encaminada a revertir esta situación tardaría más de una década en comenzar a surtir efectos; y para entonces, ya será tarde. Los tambores que se oyen desde Francia son el inicio de una tendencia abocada a terminar en un cambio radical en el modo de entender el sistema público de pensiones.
Gonzalo J. Cabrera, Círculo Cultural Alberto Ruiz de Galarreta
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