Editorial: la misión del Jefe del Estado español

El discurso del Jefe del Estado español en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas ha sido ampliamente comentado. Y con poco rigor. Efectivamente, Felipe sacó pecho en sus palabras del compromiso español con los llamados «derechos sexuales y reproductivos», el papel del feminismo, el cambio climático o la importancia de las organizaciones internacionales en la gestión de conflictos en el mundo.

Un primer bloque de comentarios, provenientes de sectores católicos de matriz conservadora, se ha rasgado las vestiduras al escuchar este canto a las conquistas del liberalismo radical contemporáneo; por más que, al mismo tiempo, entiendan –erróneamente– que la causa de estos desmanes es un neblinoso «marxismo cultural» que sirve de hombre de paja para no señalar la auténtica raíz liberal del problema. Esta miopía castra necesariamente toda labor catequética política, pues negándose a afrontar el auténtico enemigo, sigue enfrascado en la búsqueda de enemigos fantasmales propios de la Guerra Fría. Que se entienda a Felipe como comisario de un comunismo cultural oculto que anima los desmanes hodiernos es un absurdo desde todo punto de vista; también lo es, pues, afincarse en tal discurso cuando las evidencias prueban su incorrección.

Pero no podemos obviar un segundo bloque de interpretaciones, provenientes de una derecha más laica, que ha contrapuesto las palabras del Jefe del Estado con las del Presidente del Gobierno. Así, mientras Felipe representaría la moderación y el consenso, Pedro Sánchez encarnaría la polarización y el extremismo. Esta concepción es, si cabe, aún más disolvente que la primera. Y es que es evidente a cualquier espectador medianamente sensato que, mientras que las palabras del Presidente del Gobierno obedecen a crear cortinas de humo que camuflen la corrupción que cerca a su Gobierno y a su persona, las palabras de Felipe tienen otra finalidad, mucho más siniestra que la del Presidente del Ejecutivo.

Y para ello hemos de ir al papel del Jefe del Estado en la pseudo monarquía parlamentaria, «cimentada» en el texto constitucional de 1978. La «monarquía» parlamentaria es la forma de gobierno que «corona» la democracia, que es la forma de Estado. La naturaleza parlamentaria subraya que el gobierno, o en este caso su forma, es una ornamentación del ejercicio puro y absoluto del poder: la democracia como forma de Estado. O sea, la institución natural gubernativa, exigencia de la naturaleza social y política del hombre para su perfección, nada tiene que ver con la fórmula constitucional. Ésta tenía, y tiene, la misión de consolidar el Estado, ajeno a la tradición política hispánica por su ethos monárquico. La labor franquista de cimentar el Estado moderno en un contexto tan hostil a éste como el español, vio su culminación en la constitución de 1978, que aspiró a blindar la obra auténtica del Generalísimo: el éxito del Estado tras dos siglos de fracasos y guerras por ello producidos.

Pero el Estado, no el gobierno, es monopolio del poder y sustitución racionalista de la comunidad política. Su matriz liberal hace descansar en la voluntad, y no en la naturaleza, la pertenencia a éste. De esta forma, el constitucionalismo fue la expresión «política» del consenso, la disolución de la invariante moral del orden político para la entrada en el Estado de sus impugnadores, desde el terrorismo etarra hasta el separatismo secesionista. El triunfo del Estado descansa, así, en la dimensión expansiva del consenso «político», en la integración de toda ideología que quede fuera de éste, lo que pondría en jaque su presupuesto ideológico absorbente de toda forma social.

El liberalismo radical y sus diversas expresiones, por otra parte, fueron ganando un ramillete de conquistas entendidas como la conversión en «derechos» de sus pretensiones. Así, el divorcio, el libertinaje sexual, el aborto, el feminismo, etc., respondieron a nuevas concreciones de la libertad liberal, entendida como autodeterminación. También estas «libertades» habían de ser introducidas en el Estado al son del consenso que inspira el texto constitucional. Y, por ello, sus detractores quedarían fuera del espíritu de la Carta Magna, enemigos del consenso, sofísticamente mimetizado con la armonía social.

Es, por tanto, la misión principal del Estado aminorar todo lo posible las reacciones al ensanchamiento del consenso constitucionalista, normalizar la integración de las conquistas del liberalismo radical. Y esto es lo que ha hecho el Jefe del Estado en su discurso de las Naciones Unidas.

Barnizado con un capa de moderación y «talante institucional», ha zanjado las objeciones a la inclusión del liberalismo radical en el seno del consenso constitucional, afirmando su pertenencia y expulsando, indirectamente, a sus detractores fuera de la vida política que el Estado monopoliza. Sus formas pulidas y pausadas son, pues, operativas a la consolidación de su éxito. No nos encontramos ante la violencia revolucionaria que asusta a los sectores más conservadores de la sociedad, sino ante unas formas tranquilas e «institucionales» que favorecen la resignación de los críticos, especialmente en contraposición a las excentricidades del Ejecutivo.

Nos encontramos, por ello, ante un ejercicio auténticamente sobresaliente de la misión de Felipe en el Estado español. Él, como ya lo hizo su padre antes, ha de intervenir en la arena pública para recortar los flecos más extremistas del liberalismo radical, y favorecer el mantenimiento del Estado que sale del texto constitucional. Texto, por su parte, nacido del nihilismo moral más descarnado, negador de toda verdad política a la que sacrifica en el altar de la convivencia, mejor coexistencia, de grupos heterogéneos. Juan Carlos, sin duda, estará orgulloso de su sucesor.        

LA ESPERANZA