El Perú viene sufriendo sendas sucesiones en su presidencia. Este 10 de octubre ascendió al primer cargo José Jerí Oré, convirtiéndose «en el séptimo presidente […] en menos de una década».
Es difícil escribir estas líneas. Lo vertiginoso de la actualidad política impide una reflexión seria, con suficiente distancia y manejo de todos los hechos y puntos de vista. Sin embargo, probablemente los lectores de La Esperanza (y todo interesado genuino en la verdad) se verán mejor servidos por un análisis con lo esencial… Estos hechos no se verán del todo sobrepasados en el futuro inmediato, y esperamos que puedan ayudar a digerir mejor la cotidianeidad peruana aquí o en los otros extremos de Hispanoamérica y el Viejo Continente.
El actual presidente
Empecemos por el mencionado actual presidente. Tiene 38 años y lamentablemente, como muchos políticos peruanos, arrastra sendas denuncias y cuestionamientos. En 2024, fue acusado de violar sexualmente a una mujer en una fiesta, pero el Ministerio Público no formalizó la denuncia; aparentemente, por existir pruebas de su inocencia[1]. Otro asunto que conviene destacar es su acusación por enriquecimiento ilícito: declaró tener, al 2021, bienes por el montante de S/ 97 mil y en 2025, gozaría de más de S/ 1 millón.
La entrada que le dedica una enciclopedia virtual dice que «sus posturas ideológicas se inclinan hacia el conservadurismo». La fuente: una nota periodística en la que se dice que es un «abogado conservador». Volveremos sobre este tema líneas abajo.
Marchas pacíficas y protestas violentas
El gobierno peruano se encuentra desprestigiado. Habría que ser muy cínico para negarlo. La actuación del Estado contra la criminalidad organizada es, por decir lo menos, ineficaz. Pero se encuentra en semejante nivel que, frecuentemente, pasa de ser la mera «torpeza o falta de atención» al «abandono o descuido extremo» de una culpa grave, que se asimila, en sus consecuencias, al dolo, o intención de incumplir con las obligaciones. Como decían los hermanos Mazeaud, y así lo recordaba el civilista y ex presidente del Senado don Felipe Osterling, «parece más acertado […] asimilar la culpa grave al dolo» para «evitar “que el malvado se haga pasar por imbécil”»[2].
Este es el cuadro de incompetencia del Ejecutivo para realizar acciones que se traduzcan, sensiblemente, en una mayor seguridad para todos los peruanos.
La errática conducta del Congreso no ha contribuido, publicando numerosas leyes que han sido criticadas por, pretendidamente, ser contraproducentes con la referida lucha. Estas se han venido a llamar «las Leyes Pro-crimen»[3]. Téngase, por ejemplo, la Ley N° 31989. La discusión es intensa. Para muchos, favorecería a la minería ilegal, pero para sus defensores constituiría un avance para proteger de una indebida criminalización a la pequeña y mediana minería.
En este contexto, se han venido gestando, a la manera de los países del sudeste asiático, protestas encabezadas por la denominada «Generación Z». Estas pretendían demostrar la insatisfacción ciudadana contra la inseguridad campante, ante la aparente complicidad del poder público y la impunidad de los políticos. Todo ello en un clima de extorsión rampante en el transporte público y en el comercio de extensas áreas de la ciudad capital, Lima[4].
Es triste tener que reiterar que, como en otras ocasiones, estas manifestaciones se tornaron violentas. Lo lamentamos tanto en el sentido de los heridos, civiles y de las fuerzas del orden, y los destrozos, como en el de las pérdidas humanas y en el sentido de pesar por lo deplorable que es la rapidez con la que la agresión cunde. Varias agresiones pudieron ser vistas en vivo en nuestros televisores y aparatos electrónicos.
Peor aún fueron algunas reacciones «puertas adentro». Es paradójico cómo muchos que exigen a sus vecinos no prender cohetes en Navidad y Año Nuevo, para salvaguardar la audición de sus canes, estaban plenamente satisfechos con los cohetones y bengalas lanzados contra los policías y militares que trataban de mantener el orden.
Las jornadas de protesta tuvieron un fallecimiento. Un músico de 32 años, Mauricio Ruiz, conocido como «t.rvko» entre sus seguidores, feneció víctima de una bala que, de acuerdo con los últimos reportajes, podría haberse evitado, pero que no habría sido disparada con intención asesina como pretendían los sectores progresistas.
Lamentablemente, las asonadas violentas son un caldo de cultivo de las posiciones revolucionarias en el país. Mientras no se aviste en el horizonte un sólido reformismo que proclame y defienda el bien común de todos los peruanos y se siga un norte inspirado en el Reinado Social de Jesucristo, que sea seguido por un amplio sector de la población, las divisiones serán explotadas por los agentes del caos, como siempre.
Estos grupos ya alcanzaron objetivos similares en 2020 cuando, en unas fatídicas marchas, propiciaron las condiciones en que dos jóvenes perdieron la vida, en el marco de la caída del efímero gobierno de Manuel Merino de Lama. Conforme a alguna opinión autorizada, tampoco se trataría de asesinatos planificados por las fuerzas del orden, sino de trágicos accidentes.
Lamentablemente, la incompetencia a la que nos referíamos afecta a la propia gestión de la seguridad durante las marchas. Los autos con los que se rociaba con agua a presión a los manifestantes, los famosos «rochabuses» (o «guanacos», como se los llama en Chile, por ejemplo) no han estado disponibles desde hace muchos años debido a ineficiencias en su renovación. Habrían sido muy útiles contra los fuegos artificiales y bombas molotov lanzadas desde las turbas.
Asimismo, este 4 de noviembre habrá otro paro de los transportistas. A pesar de que algunos sectores de este gremio habrían alcanzado acuerdos con el gobierno, otros han señalado que proseguirán en sus demandas y movilizaciones.
[1] Esperamos que la denunciante encuentre justicia, toda vez que otro de los supuestos implicados en este acto, en lugar de acreditar su inocencia, ha huido del país. Un portal noticioso señala que la «investigación por presunta violación sexual continúa contra Marco Cardoza Hurtado, quien salió del país rumbo a Francia en febrero de 2025 y no ha reportado su retorno».
[2] Osterling Parodi, F. (1986). León Barandiarán, J; Vidal Ramírez, F.; Silva Vallejo, J. y Ferrero Costa, A. (Eds.). Inejecución de obligaciones: dolo y culpa. En: Libro Inicionaje a Rómulo E. Lanatta Guilhem. Editorial Cultural Cuzco, pp. 357-358.
[3] El asunto da para mucha discusión. Sobre ello, hay entrevistas interesantes en donde un abogado aprista, Humberto Abanto, argumenta, agudamente, a favor de las «Leyes Pro-crimen», alegando que su supuesto favorecimiento de la criminalidad no es tal. Lo afirmado, por ejemplo, sobre los allanamientos, parece ser, cuando menos, discutible sin ser rechazado de plano. Lo prudente es adoptar una crítica reflexiva del asunto, pues la seguridad no debe ser víctima de los eslóganes y los comunicadores livianos. El asunto amerita lupa y pinzas.
[4] Todo ello no excluye a quienes más han voceado su participación de ser sospechosos de ser solo levantiscos y disconformes con una amorfa «mafia congresal», compuesta por diversos grupos que se pelean las cuotas de poder, sin proponer otra cosa que recetas de izquierdismo encubierto. (Continuará)
Justo J. Escoba, Círculo Blas de Ostolaza
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