La finalización y adjudicación del concurso para la resignificación del llamado «Valle de los Caídos» ha causado revuelo. No podemos entrar a examinar pormenorizadamente cada uno de los cambios que se proyectan, pues correríamos el riesgo de incurrir en cierta dispersión. Permaneceremos, pues, en un registro más general.
Es ya conocido el juicio crítico que el tradicionalismo español ha tenido sobre la significación de Cuelgamuros. Manuel de Santa Cruz, en su monumental obra Apuntes y documentos para la historia del tradicionalismo español, da buena cuenta de ello (t. 15, p. 181). Esta crítica no fue óbice, por cierto, para el reconocimiento de que los ataques del liberalismo radical tenían un trasfondo religioso. Mientras los defensores, a menudo, lo desleían por una mixtura de nostalgia hacia figuras como el general Franco o, por su lugar de sepultura, José Antonio Primo de Rivera. Con todo, cuando en 2019 se dio un primer paso exhumando los restos mortales del General Franco para su traslado a otro lugar, la Comunión Tradicionalista −por medio de su Jefe-Delegado, el profesor José Miguel Gambra−hizo llegar al a la sazón Prior de la comunidad benedictina allí instalada, Dom Santiago Cantera, el siguiente mensaje:
«El Carlismo nunca secundó el régimen presidido por el General Franco, que procuró desmantelar la Comunión Tradicionalista y dio paso al régimen político que hoy padecemos.
Sin embargo, ve con profunda repugnancia el odio que mueve al actual Gobierno en sus maniobras para violar la sepultura de Francisco Franco en contra de los derechos de su familia y, sobre todo, del fuero eclesiástico.
Por ello S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, la Comunión Tradicionalista y yo mismo nos permitimos enviarle nuestro sincero apoyo y aliento por la valerosa actitud que usted demuestra dando testimonio de la inviolabilidad de los lugares de culto, de la libertad de la Iglesia frente al poder civil, del derecho de las familias sobre las sepulturas y del respeto debido a los muertos».
Sea como fuere, la aplicación de la ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, heredera de la anterior «Memoria Histórica», ha dado un paso más en la damnatio memoriae de un régimen que sentó las bases de la Transición, cuya ejecución se encontró mucho más cerca de focos como el Palacio del Pardo, Washington, el Eliseo o el Vaticano que desde Moscú. En este escenario, el arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, ha salido al paso matizando que no existirá profanación alguna, advirtiendo que la resignificación no atentará contra la naturaleza religiosa del monumento. Tampoco es que el citado prelado sea garantía de defensa de los derechos de la Iglesia, como todos los lectores intuyen, pero es de justicia citar su comparecencia.
Lo que se ha dado a conocer sobre el proyecto tampoco arroja mucha luz sobre el asunto. Quizá lo más llamativo es el anuncio del «centro de interpretación», condición exigida para las ofertas del concurso, y que se encuentra en la línea de las reformas inspiradas por el liberalismo radical, que todos conocemos y padecemos.
Tampoco es que la situación creada por el general Franco ayudase mucho al asunto. La publicación en 1957 en el Boletín Oficial del Estado de la constitución de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, tuvo por Alto Patrono al Jefe del Estado, entonces el general Franco. Tras su fallecimiento, el sucesor elegido por Franco fue Juan Carlos, que delegó en Patrimonio Nacional, hoy dependiente del Ministerio de Justicia.
Un corolario que podríamos extraer de todo el asunto es que la propia dinámica del Estado, como artefacto técnico ajeno al orden moral y monopolizador del poder político por la vía de la soberanía, ha conducido a la situación presente. La obsesión del franquismo por asentar el Estado en España –en un contexto en el que en el resto del mundo empezaba a disolverse–, y constituirlo como agente de «modernización» política y económica, había de conducir a que tanto la autoconservación del poder como su dinámica interna acabase sometiendo todo, incluido el plano religioso, a sus directrices.
Un segundo y último corolario versa sobre la renuncia de la res publica christiana y sus consecuencias. Dentro de éstas, la más llamativa y sangrante es el sometimiento de los católicos a los poderes revolucionarios, pues la neutralidad de los regímenes afirmada por el liberalismo católico lleva dos siglos manifestándose como una quimera. La apuesta de la jerarquía eclesiástica por la democracia liberal viene en estos últimos años a cobrar sus rentas, y cualquier resistencia que ahora quiera plantearse se encontrará con la resignación de fieles y pastores, pues asumida la ficción de la soberanía popular se ha dotado a los poderes inicuos de una legitimidad de la que carecen. En este callejón sin salida en el que se encuentra la cultura católica pareciera que todo se reduce a una acción social que trata de paliar en la medida de lo posible las funestas consecuencias de sus asunciones previas.
Resuenan aquí las palabras de Nuestro Señor cuando nos advertía de no echar las margaritas a los puercos, pues no sólo las pisotearán, sino que –tras ello– devorarán a los profanadores. Los católicos, y sus jerarquías, arrojaron a las bestias la perla de la Ciudad Católica, argumentando su imposible restauración; ahora, gritan y se confunden por las dentelladas.
Miguel Quesada, Círculo Cultural Francisco Elías de Tejada
Deje el primer comentario