Hace una semana Noticias Caracol reveló que cuando el Ejército Nacional capturó a alias Calarcá en 2024 y la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó su liberación por estar en diálogos con el Gobierno, cientos de archivos secretos de las llamadas «disidencias» de las FARC quedaron en poder del Estado.
Más de un año después de lo sucedido, dicho medio informó que el entonces general retirado Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, altos asesores de inteligencia del Gobierno Petro, llevaron a cabo acercamientos con la guerrilla, consistentes en el blanqueamiento de actividades ilícitas, en la filtración de información confidencial de seguridad y en la paralización de las Fuerzas Armadas para permitir el avance de los terroristas, lo que habría provocado en enero de este año la dura respuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN), rival de las FARC.
Sin embargo, la Fiscalía nunca adelantó las investigaciones pertinentes. Es más: Huertas fue reintegrado a las filas del Ejército por el propio presidente Petro —aun con la oposición del ministro de defensa, quien sabía que su desvinculación se había debido a rumores de alianzas con grupos armados—, y Mejía, licenciado en educación física, fue nombrado director de inteligencia estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y representante del gobierno en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.
Petro no tardó en salir en defensa de sus prohijados afirmando que se trataba de información falsificada, aunque fue la misma Fiscalía General de la Nación quien se encargó de desmentirlo, anunciando a su vez que, por fin, adelantará las pesquisas con el fin de determinar responsabilidades.
Agencia FARO, Colombia.
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