La expectativa generada en torno a la publicación, este 3 de diciembre, de las «memorias» del anterior Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, ha ofrecido una ocasión propicia para que los jenízaros de la democracia, a izquierda y derecha, prosigan con su labor —consciente o inconsciente, pero esencial a la obra revolucionaria— de hacer odiosa al pueblo la Monarquía.
Los unos, identifican la corruptela e indigencia moral de la cúspide (ornamental) del Régimen del 78 con la forma monárquica misma; con la desigualdad inherente a un sistema político en que aún sobreviven espacios de poder que se mantienen —sólo aparentemente— ajenos a la soberanía popular «expresada» a través del sufragio. Los otros, en un ejercicio típico de contrabando intelectual, pretenden pasar gato por liebre, y defienden la «Monarquía» (y al «monarca» mismo) en función de su utilidad para la implantación y consolidación de la democracia. En este sentido, arguyen, los errores o sombras de don Juan Carlos estarían compensados por sus altos e insustituibles servicios a aquélla.
En ambos casos, la identificación falaz de la auténtica Monarquía con esta República coronada que padecemos cubre a aquélla de ignominia, cargándola de culpas que únicamente pueden imputarse a la que constituye su cabal adulteración. Pero también, y, sobre todo, propaga la confusión mental, ocultando la fisonomía propia de nuestra forma castiza de gobierno, y contribuye a que permanezcan inéditos, en el olvido, el contenido y la potencialidad política de la Monarquía tradicional como alternativa a la dictadura y a la democracia modernas, carentes ambas de representatividad real.
Situación que se agrava si consideramos que muchos españoles —atisbando la íntima fusión histórica de nuestra Patria con su Monarquía— se resisten a ceder en sus fervores monárquicos, intuyendo que no podrían hacerlo sin menoscabo de su piedad patriótica. A diferencia de otros que, ideologizados en sentido nacionalista (falangista, fascista, identitario…), no alcanzan a comprender qué es genuinamente España, y han sido ganados para el republicanismo rabioso.
En esta coyuntura, los carlistas hemos de asumir, una vez más, la misión de centinelas de la política católica, poniendo en guardia a todos los españoles de buena voluntad frente a estas añagazas y recordándoles que la única Monarquía digna de tal nombre es la que siempre ha defendido el tradicionalismo español frente a la impostura isabelino-alfonsina-juanista-letizista. Hemos de impugnar, pues, no sólo a los enemigos, sino también a los falsos amigos de la Monarquía.
Con todo, a los primeros —que vinculan los abusos de Juan Carlos a una corrupción estructural— hemos de concederles, parcialmente y per accidens, la razón: la decadencia de un «monarca» parlamentario no es exclusivamente asunto individual suyo, no se explica sólo ni principalmente por los defectos morales de su persona, sino que es inseparable del principio de irresponsabilidad que da cobertura a ese trampantojo que preside (art. 56.3 CE). Pero la solución no está en que la República se sacuda de sus sienes la corona que usurpa, sino en la restauración plena de la Monarquía católica, de un Rey o regente legítimo que reine y gobierne personal y responsablemente.
Y si a los unos les hemos reconocido esa parcela de verdad, a pesar de ello, o precisamente por ello, a los otros no les concedemos nada. El Carlismo, proclive a los sistemas de ideas coherentes, puede explicar —aun rechazándolo y combatiéndolo como perverso— el deseo de que la democracia moderna se haga más «pura», llevando sus premisas hasta sus consecuencias últimas. Más aún: cuando van produciéndose los frutos malos de un árbol maldito, el carlista, con un punto de indisimulada jactancia, no puede sino congratularse de que, al menos, la razón de su denuncia se haga patente. Algo así ocurrió, por ejemplo, con el advenimiento de la II República. Pero reserva, en cambio, el mayor de sus desprecios a esa caricatura del «rey constitucional», que parasita el prestigio y la dignidad regias para blanquear su funcionalidad a la Revolución —de la que es títere— y a su cohorte de ideas malas, que coadyuva a estabilizar sin sobresaltos, bajo falsa apariencia de continuidad con nuestra historia esencialmente monárquica.
Lúcido y certero, como siempre, lo viene denunciando desde ya hace mucho tiempo Juan Manuel de Prada:
«Una realeza que disfruta de sus privilegios espléndidos pero no asume sus obligaciones ímprobas no es realeza auténtica, sino familia de monigotes hedonistas que ya no pueden cumplir la función para la que fueron encumbrados. O todavía peor, familia de marionetas cegadas por el capricho que el Dinero maneja y mantiene, para que conviertan la ira popular en emotivismo barato […]. Mucho más nociva que la demolición de las instituciones es su degeneración y perversión».
Por tanto, a los falsos amigos no sólo no les damos la razón, sino que invertimos por completo el signo de su juicio: lo que hace insalvable, radicalmente anticristiana e inadmisible la «monarquía» parlamentaria, y en particular la de Juan Carlos, son precisamente esos «altos e insustituibles servicios» a la democracia moderna y, en general, al liberalismo. Todas las demás indecencias son secundarias: ora en el sentido de que son achacables a la fragilidad de nuestra naturaleza, hecha de barro y profundamente herida por el pecado; ora por ser efectos lógicos de ese otro mal fundamental, de ese error en el más alto nivel.
Hace ya un lustro, un entrevistador le preguntó a S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón si «las corrupciones de Juan Carlos I son el principio del fin de la monarquía». Con brevedad y brillantez, Su Alteza respondió: «el principio del fin de la monarquía es la desnaturalización del principio monárquico. Lo otro son consecuencias que la acompañan en su derrumbe».
Por tanto, el enjuiciamiento serio de la Jefatura estatal de Juan Carlos ha de vencer la tentación de conceder un excesivo protagonismo o realce a ese nutrido anecdotario de graves miserias y ruindades, y ha de centrarse en el plexo de errores y traiciones que están en el corazón mismo de su ruinosa ejecutoria pública y —de resultas— en la ruina espiritual de un pueblo al que, sin gobernar, desgobernó.
En las dos entregas que siguen de este artículo procuraremos ofrecer una síntesis de algunos textos en que el maestro Alberto Ruiz de Galarreta dejó constancia de esa prolongada traición: de esa traición anunciada, pues —le cedemos también nuestro punto final en esta primera parte— «la rama dinástica liberal» no ha hecho sino «cumplir su misterioso designio congénito de servir a la Revolución».
Julián Oliaga, Círculo Cultural Alberto Ruiz de Galarreta (Valencia)
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