Los agricultores españoles convocados por diversas plataformas independientes y por algunas organizaciones sindicales han protagonizado estos días movilizaciones en múltiples puntos del país. El sector primario endurece sus protestas tras la reciente firma formal del tratado comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, denunciando ese texto como la sentencia de muerte contra la agricultura y ganadería. En otros países, como Francia, las protestas han sido muy intensas desde hace meses.
Los principales focos de protesta hoy, 19 de enero, tendrán lugar en Estrasburgo, donde una delegación representativa de agricultores españoles se ha desplazado bajo el lema El tratado nos arruina. Los manifestantes exigirán a los eurodiputados que bloqueen la ratificación del acuerdo en las próximas votaciones, denunciando la falta de reciprocidad en los estándares de producción. Ya en territorio español continuarán los bloqueos en puntos de Santander y Pamplona. Tras alcanzar preacuerdos locales se han se han levantado barricadas estratégicas en algunos la AP-7 a su paso por Cataluña. En Extremadura, las organizaciones locales mantienen la presión con concentraciones en las arterias logísticas, alertando sobre el impacto directo en sectores clave como el vacuno de carne y el azúcar. En Valencia, asociaciones como AVA-ASAJA han cuantificado hoy las pérdidas potenciales del sector citrícola, sumándose a la ola de indignación por la firma del tratado.
Se ha convocado una gran movilización general del 26 al 30 de enero para visibilizar la protesta en lo que será una semana negra del transporte por carretera. El 29 de enero hay convocada una tractorada histórica en Madrid.
El sector agrario español exige la inclusión en el texto del tratado de cláusulas espejo (que cualquier producto importado cumpla estrictamente las mismas exigencias fitosanitarias, ambientales y laborales que se imponen a los productores españoles). Esto significará que los agricultores de los países de Mercosur empezarán a ser asfixiados por todo tipo de regulaciones «medioambientales». Además rechazan los recortes presupuestarios previstos en la Política Agraria Común para el periodo post-2028 y reclaman la simplificación inmediata de los trámites administrativos que asfixian a las pequeñas y medianas explotaciones.
Agencia FARO
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