El sintagma «Fuera de servicio» no es sólo el aviso que estos días pasados ha presidido demasiadas estaciones de ferrocarril en España. Es, cada vez con mayor evidencia, la mejor descripción posible del propio Estado. Y es que hay muchas maneras de estar «fuera de servicio». El de una parte de la red ferroviaria española lo es de iure; pero a menudo obviamos que el Estado se ha auto-inhibido, de facto, de muchas de las responsabilidades que trae aparejada la comunidad política contemporánea, bien por incompetencia, bien por insolvencia. De lo segundo hablaremos brevemente a continuación.
Podemos discutir si en España hay demasiado Estado, o demasiado poco (seguramente haya demasiado para ciertos temas, y demasiado poco para otros, pues la intervención de la autoridad política no es cuestión simplemente de grado y alcance, sino también de materia, objeto y fin). Pero la realidad es que, lo que hay, se encuentra, en su esencia y significado, en una fase delicuescente altamente preocupante.
Para comprender la naturaleza de este deterioro no basta con invocar conceptos políticos o ideológicos; conviene descender al terreno, más prosaico pero a menudo elocuente, de la contabilidad. Supongamos que un comercio ingresa, cada mes, 100 unidades monetarias que cobra al contado. Asimismo, tiene gastos mensuales por valor de 150 unidades monetarias, pero que paga a 60 días. Su resultado de explotación, ese mes, será negativo en 50 unidades monetarias, pero su tesorería arrojará un superávit de 50 unidades monetarias… durante 60 días. A partir de ahí, el objetivo de la dirección pasa a ser disponer, a final del segundo mes, de 150 unidades monetarias, aun a coste de 200, para tener tesorería disponible a fin de atender los pagos que vencen en el mes en curso. Y de ese modo, sucesivamente.
Supongo que todos coincidiremos en que el destino natural de esa empresa es la quiebra, que se producirá en el momento en que no haya podido reunir, en forma de ingresos actuales, las unidades monetarias suficientes para pagar sus facturas anteriores. A partir de ese momento, los proveedores dejan de atenderle, y por tanto, sin género que vender, el resultado es evidente. Y su concreción, rapidísima.
Pues bien, la estrategia del Estado en España desde hace algunos años es incrementar artificialmente la población. Que, en analogía con el ejemplo anterior, representan las ventas al contado (cotizaciones, impuestos personales, PIB nominal sobre el que las empresas pagan sus impuestos, etc.). Mientras que los gastos se encarnan en el coste de los servicios que desde el Estado se ofrecen a esas personas (sanidad, educación, infraestructuras, etc.). En muchos casos esa relación, en términos abstractos, es deficitaria, pero en concreto se torna un superávit temporal por cuanto no se acometen los gastos necesarios que requeriría tal incremento poblacional. En vez de aumentar la plantilla de médicos y maestros, construir escuelas y hospitales, mantener infraestructuras de transporte, y similares, se tensionan los servicios existentes, de manera que el coste marginal[1] de cada nuevo residente sea lo más cercano a cero posible.
La gran trampa es que ese coste marginal se calcula en términos actuales, no potenciales. Cada gasto o inversión evitados hoy no desaparecen: se trasladan al futuro, agravados. No figuran en la cuenta nacional presente, pero sí en la factura que llegará en el (cada vez más próximo) futuro. Pero no se trata sólo de un mero diferimiento temporal. Entretanto, se asumen riesgos, costes colaterales derivados de esa decisión, y agravamiento de la magnitud de la crisis potencial que se producirá en el momento en que esos gastos deban asumirse indefectiblemente en proporción a los recursos que los generaron.
Pero, como sucede en toda empresa insolvente, llega un momento en que los números reales importan menos que llegar a mañana. Por esa razón se difieren cada vez más las devoluciones del Impuesto sobre la Renta o la ejecución de sentencias masivamente favorables a los contribuyentes, y se homologan legalmente formas de actuación abusivas por parte del legislador tributario[2]: anticipar cobros y diferir pagos. Ese es el fundamento de la actuación estatal en tiempos próximos al gran estallido de la insolvencia.
En alguna ocasión hemos dicho, en este foro, que España se sostiene sencillamente porque vive de las rentas. Para empezar, de las rentas de nuestros mayores, llámense pensiones, patrimonio inmobiliario, ahorros, etc. Eso se acabará, aunque puede durar todavía una generación, que es el tiempo estimado entre la muerte de sus titulares y el consumo de esos ahorros por parte de sus herederos.
Pero las rentas de las que vive el Estado son mucho más precarias: a la oleada de privatizaciones de empresas públicas en sectores estratégicos, operada en los años 90 con el pretexto de la «liberalización», ha seguido la oleada de inversiones financiadas con fondos europeos, algunas de ellas faraónicas y de escasa utilidad, cuyo coste de mantenimiento debemos asumir ahora; y finalmente, la oleada migratoria que contribuye a los sucesivos récords de recaudación fiscal, y cuya factura en términos de saturación de servicios comunes de todo tipo aún está por llegar, aunque ya se vislumbra.
En definitiva, la factura de vivir por encima de nuestras posibilidades nos está empezando a llegar ahora. La situación de la red ferroviaria, al margen de su gravedad, resulta muy oportuna como botón de muestra de lo que puede suceder en otros sectores en un futuro no muy lejano. Es difícil de imaginar cuál será el próximo descosido en el tejido estructural del Estado, pero no es difícil imaginar que llegará, y que encontrará a éste, nuevamente, «fuera de servicio».
Gonzalo J. Cabrera, Círculo Cultural Alberto Ruiz de Galarreta (Valencia)
[1] En términos conceptuales, se entiende por «coste marginal», el incremento del coste total que se produce al aumentar la producción en una unidad adicional de producto.
[2] La más reciente, para los que nos dedicamos al ramo de la fiscalidad, fue la declaración de constitucionalidad de una norma de cálculo del pago anticipado del impuesto sobre sociedades diseñada de tal manera que en muchos casos su cuantía ya se sabe que será superior a la cuota que finalmente deberá ser ingresada; es decir, se paga un impuesto excesivo a sabiendas de que deberá ser devuelto: pero devuelto al cabo de varios meses, y sin intereses. Estamos hablando de varios miles de millones de euros anuales. Ver detalle en https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2025_096/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2096-2025.pdf
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