Cada dos años, Ecuador celebra procesos electorales, ya sean generales o seccionales, en los que los electores eligen a sus representantes para un periodo de cuatro años. El tiempo de preparación suele tomar casi un año, tanto para la función electoral como para que los movimientos y partidos políticos logren presentar a sus candidatos.
Una particularidad reciente ha llamado la atención en el país: el pasado 14 de febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el cronograma para las elecciones seccionales, destinadas a elegir alcaldes, concejales, prefectos provinciales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Originalmente, los comicios estaban programados para el 14 de febrero de 2027; sin embargo, la semana pasada, el pleno del CNE decidió modificar el calendario.
Con este cambio, las elecciones se adelantarán al domingo 29 de noviembre del presente año, aunque la fecha de posesión de las nuevas autoridades se mantiene para el 14 de mayo. Según el CNE, la decisión responde a que las condiciones climáticas de los primeros meses del próximo año no serían favorables debido a las intensas lluvias e inundaciones que podrían afectar a los recintos electorales, los cuales funcionan mayoritariamente en instituciones educativas públicas.
Reacciones y sospechas políticas
La reacción no se hizo esperar. El Gobierno de Daniel Noboa y sus partidarios defienden la medida alegando que fortalece la democracia. No obstante, el oficialismo enfrenta actualmente un desgaste político debido a la falta de soluciones ante las crisis que atraviesa el país y los escándalos de corrupción que lo salpican. Esto ha levantado sospechas de que el «noboismo» esté detrás de este sorpresivo cambio de fecha.
Por su parte, la oposición rechaza la medida y acusa al Gobierno de pretender perpetuarse en el poder. Entre los críticos destaca el movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que recientemente fue inhabilitado para participar en estas seccionales por acusaciones de corrupción —un escenario recurrente en el correísmo—. Incluso su líder, Rafael Correa, ha pedido desde Bélgica la desafiliación de sus partidarios para que busquen participar a través de otras organizaciones.
Otros movimientos políticos ecuatorianos también cuestionan la decisión, pues el adelanto dificulta sus procesos internos de organización e inscripción. Al igual que el correísmo, acusan al Ejecutivo de limitar la participación democrática.
Debate jurídico y social
Algunos grupos han impugnado la resolución del CNE ante la Corte Constitucional (CC). Mientras tanto, el organismo electoral sostiene que la Corte no puede interferir en el proceso. Cabe recordar que, en comicios anteriores, el CNE contó con el respaldo de la CC en temas relativos a las reglas de votación, lo que reabre el debate sobre la independencia y funciones de estos poderes del Estado.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional, aunque se especula que podría dar paso a la medida a pesar de la controversia.
En última instancia, esta reestructuración del cronograma electoral parece generar menos incertidumbre que la dramática crisis social, económica y de seguridad que afecta a los ecuatorianos. La ciudadanía sigue esperando soluciones contundentes de una clase política que, en este episodio del régimen constitucional y republicano, parece priorizar otros intereses, una tendencia que, lamentablemente, se ha vuelto típica en el país.
Agencia FARO, Ecuador. R.J. Arias
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