Recientemente, el Principado de Andorra anunció algo que en cualquier civilización sana habría merecido gratitud pública: los actos sexuales efectuados a distancia a través de internet, que incluyan interacción y remuneración serán considerados prostitución, y por tanto, actos tipificados en su Código Penal, lo que afecta directamente a ciertas plataformas, de cuyo nombre no queremos acordarnos. Un informe jurídico dice lo que la razón natural ya sabe: que si concurren un cuerpo, una remuneración y una transacción sexual, estamos ante una manifestación de prostitución, no alterando la naturaleza del acto el soporte empleado para ello.
Para empezar, hay que decir que la industria que rodea a este tipo de plataformas ha sido extraordinariamente hábil en la construcción de su propio vocabulario legitimador, que se ampara esencialmente en la jerga tecnológica producto de la proliferación de plataformas digitales de lo más variopintas, así como de su común patrón operativo y técnico. Así, las prostitutas burguesas son «creadoras de contenido»; los clientes, «suscriptores»; los proxenetas, «agencias de gestión de marca personal», y el mercado de la fornicación es, sencillamente, otra porción de esa nueva generación, llamada «influencers». Y no hablemos ya del tan manido sintagma «contenido para adultos», como se tratase de un anuncio de cava o de la venta de tabaco para pipa.
Este trabajo de sustitución nominal continúa en la línea de desfiguración del lenguaje encaminada a la normalización de la inmoralidad, y se coloca en el mismo club que la «interrupción del embarazo», la «diversidad familiar», o la «muerte digna». En cada caso, el eufemismo oculta siempre lo mismo: una víctima, un daño, y en definitiva una injusticia que el mercado ha decidido llamar transacción.
El problema de fondo, nuevamente, es la anomalía sustancial del capitalismo: si todo puede comprarse y venderse, con tal de que se haga en ausencia de coacción explícita; si el mercado es el árbitro supremo del valor, si la «libertad» consiste en poder convertir cualquier cosa propia en mercancía, entonces el cuerpo humano es simplemente otro activo. Es más, seguramente, para los defensores de la mercantilización de la vida, esto puede resultar incluso un avance respecto de la prostitución convencional, puesto que elimina de la ecuación a las mafias que explotan a las mujeres en los «locales de alterne», convirtiendo la prostitución en mero ocio remunerado. Veremos cuánto tardan estas plataformas en convertirse, también, en entornos de explotación donde la desesperación económica se usa como moneda de cambio para la venta del cuerpo.
Tampoco debe olvidarse que el «dinero» fácil atrae el «vicio fácil». Quien de este modo obtiene pingües sumas monetarias, no tardará en verse tentado al despilfarro, la droga y cualesquiera otros vicios. El vicio no es un compartimento estanco, sino que, por el contrario, llama a más vicio, bien agravando el existente, o bien desarrollando otros nuevos.
Estas son las razones por las que la doctrina política católica ha defendido siempre el bien común como un elemento esencial de la sociedad, a tutelar por la autoridad política. El error, el vicio y el pecado (y esto vale tanto para la prostitución como para la llamada «libertad religiosa»), no vienen solos, sino que traen su propio séquito. Tampoco hacen peligrar, únicamente, la salvación de quien los adquiere, practica o predica, sino la de toda la polis. Ya los paganos tuvieron claro que una sociedad degenerada moralmente estaba condenada a la desaparición. Hoy, por el contrario, se vincula el poder a la potencia económica, militar y hasta demográfica. De hecho, hay parte de verdad en ello, pero se necesita apreciar un elemento fundamental: detrás de la economía, el ejército y la masa, hay hombres capaces de salvarse y de condenarse, y si viven en el error y la depravación, a la larga serán incapaces de soportar esos resortes, porque los tentáculos del vicio adormecen y anulan la voluntad, empezando por la que nos empuja a las tareas más nobles. En definitiva, una sociedad que crece económicamente pero se revuelve en el vicio y la depravación, desaparecerá, se quiera reconocer o no, porque la historia da fe de ello.
En definitiva, el bien común no es una materia propia de idealistas trasnochados, sino que se trata de una necesidad vital de toda sociedad. Que una mujer publicite su cuerpo, máxime si es a cambio de remuneración, es un perjuicio para toda la sociedad, no solo para ella. Y lo mismo ocurre con sus «consumidores», sus espónsors y sus difusores, periodistas incluidos.
No deja de ser sorprendente que una sociedad tan dada a denunciar los llamados «micromachismos», y que fabrica conflictos sociales donde no los hay a través de interpretaciones retorcidas de hechos sin apenas relevancia moral, sea tan sumamente tarda en reconocer aberraciones monstruosas que espantan a cualquier mente sana a primer golpe de vista.
Se nos dirá que Andorra no es nadie en el panorama mundial, y es verdad. Pero tiene el valor de que un Estado —pequeño, vecino, de cultura hispánica y cristiana— declare que hay cosas que no pueden venderse en su territorio, lo cual es, hoy en día, una verdadera herejía contra el establishment. También pone de manifiesto que el mundo globalizado no puede ser más una excusa para la omisión de los deberes esenciales que competen a todo gobernante, empezando por algo tan elemental como salvaguardar la moralidad y las buenas costumbres en su territorio.
Javier de Miguel Marqués, Círculo Cultural Alberto Ruiz de Galarreta (Valencia)
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