En los últimos días, la sociedad uruguaya se vio conmocionada por el homicidio de un repartidor venezolano mientras realizaba su trabajo, al ser apuñalado por un hombre con el que había discutido por un asunto de tráfico. Este es uno de los tantos hechos de violencia de los que los uruguayos, principalmente los montevideanos, están siendo víctimas desde hace ya varios años; a esto le sumamos la fuerza que ha estado tomando el narcotráfico, haciendo que incluso la policía se niegue a entrar en ciertos barrios, dejando a sus residentes totalmente desamparados.
La respuesta del Gobierno a la rampante inseguridad ha sido una reforma del Código Procesal Penal, el cual, según la estimación de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, hará que se liberen 2000 presos de las cárceles bajo el régimen de libertad anticipada, lo cual generaría un debilitamiento aún mayor del orden social.
Esta crisis de inseguridad nos muestra un problema más profundo, y que es característico del régimen democrático liberal, que es el debilitamiento de la autoridad en su principio mismo y en su ejercicio.
La destrucción constante del principio de autoridad podemos verla históricamente, en el caso uruguayo, primeramente, con el inicio del levantamiento artiguista, con el fin de derrocar al gobierno virreinal en 1811; en ese momento, se atacó la autoridad secular. En los inicios del siglo XX, el batllismo atacó las restantes dos formas de autoridad: la religiosa, mediante la separación de la Iglesia y el Estado, y la familiar, la primera forma de autoridad en el orden cristiano, mediante la legalización del divorcio. Aunque podemos ver los inicios de esta «crisis» ya desde antes del inicio de la república, estos no se terminarían de consagrar hasta prácticamente un siglo después, pero la semilla ya estaba sembrada.
En los regímenes democráticos, la autoridad emana en un origen de la voluntad popular, no de Dios; por lo tanto, la autoridad ya no es parte de la participación en un orden mayor que tiene como fin el bien común, sino la expresión de una voluntad colectiva. La voluntad colectiva se aleja de la ley natural y la autoridad se tambalea por su propio peso, ya que se basa en los sentimientos fluctuantes de una masa.
En efecto, la autoridad bien entendida es el principio rector y unificador del orden social. Cuando esta se erosiona, la comunidad se diluye y crea un estado de desorden debido a los conflictos generados por los choques de las distintas voluntades individuales. Por lo tanto vemos como no es una mera imposición arbitraria y es realmente un requerimiento para la gobernanza de la naturaleza humana.
Bajo una autoridad tambaleante, no solo se pierde la legitimidad, sino también la firmeza de su acción; por ese motivo es que este problema de la inseguridad viene aquejando al país desde mucho antes que la asunción del primer gobierno del Frente Amplio, sino desde la cimentación total del modelo democrático liberal desde mediados de la década del 80. Los gobiernos, sistemáticamente, se han mostrado reacios a aplicar la ley y castigar al infractor, aun cuando cuentan con los elementos jurídicos para hacerlo, por miedo a que se tache a sus gobiernos de «dictatoriales» o «autoritarios».
Esta falta de autoridad no solo la vemos en el ámbito estatal y como consecuencia la inseguridad, sino también en el plano religioso y como consecuencia la debacle social; el episcopado nacional se ve bastante reticente a hablar con firmeza, como supo hacerlo en su momento Monseñor Jacinto Vera, denunciando los errores modernos y a los gobiernos liberales. Esta falta de firmeza se puede atribuir a dos motivos: el primero es el espíritu modernista que ha embadurnado a la curia desde el Concilio Vaticano II, y el segundo, un miedo a que hablar pueda generar un mayor rechazo por parte de la sociedad. Esta falta de fe profundiza esta crisis y genera otros dilemas sociales que aquejan al Uruguay, como la epidemia de suicidios, la drogadicción y el colapso demográfico.
Ciertamente, el liberalismo es el gran culpable de los males que aquejan a nuestra nación; salirnos de la autoridad real, ejercida con un fin claro, para cambiarla por una autoridad débil, con legitimación en los sentimientos de los hombres y sin un fin último, solo ha logrado un país sin rumbo, que está a punto de caerse por un precipicio. Es por eso que la solución no es meramente una reforma del sistema o una medida particular; necesitamos la restauración del mismo principio de la autoridad y situarla en su fin propio: el bien común. Solamente recuperando el orden social tradicional, el cual el carlismo abandera, será verdaderamente posible instaurar el reinado social de Nuestro Señor Jesucristo.
Luis Vidal, Círculo Tradicionalista San Felipe y Santiago de Montevideo
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