Keiko Fujimori Higuchi, la actual presidente, finalmente consiguió, después de tres intentos fallidos, llegar a ser la nueva huésped de la Casa de Pizarro. Alcanzó el segundo lugar en las elecciones generales de 2011, 2016 y 2021, y, en esta ocasión, en lo que nuevamente ha sido una reñida contienda electoral, logró superar por apenas cincuenta mil votos aproximadamente a Roberto Sánchez Palomino, del partido Juntos por el Perú.
El panorama en el cual se encuentra Fujimori cobra relevancia por el trasfondo de inestabilidad institucional continua durante casi una década. La convulsión política surgida en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (28 de julio de 2016 – 23 de marzo de 2018) alimentó una crisis de autoridad que, en sus momentos álgidos, ha acercado al país al borde del estallido social —pueden ser las mejores pruebas de ello los sucesos de la caída de Manuel Merino de Lama en noviembre de 2020 o los correspondientes tras el ascenso de Dina Boluarte Zegarra entre diciembre de 2021 y enero de 2023—, donde muchas veces los mayores protagonistas políticos han sido los remanentes de las familias configuradas desde el fin del fujimorato; es decir, los favorables y contrarios a su legado.
Este país sufre constantes contradicciones; el origen de muchas de las actuales puede descubrirse como resultado de una crisis de identidad política tras el colapso del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Algunos indicios de esta crisis pueden entreverse, por ejemplo, en la raigambre protestante de la campaña electoral de Pedro Castillo Terrones, quien fue beneficiado con el voto de algunas congregaciones en 2021 (fuente). Asimismo, los lazos entre Fuerza Popular y Boluarte, sin cuyos auspicios difícilmente habría podido mantenerse en el poder por el tiempo en que lo hizo, nos dejaron, entre otras, las pintorescas imágenes de la sucesora (¡de partido!) de Castillo presidiendo las exequias del mismo Alberto Fujimori en septiembre de 2024.
Consideremos cómo la izquierda (tanto la «caviar» como la «popular»), que consiguió forjar un Frente Popular contra Antauro Humala Tasso y su fallido golpe de Estado en Andahuaylas a comienzos de 2005, ahora se resignó a conceder actuación política al líder etnocacerista frente a la paranoia fujimorista, actuación que, en vez de dañar al fujimorismo, ha conseguido ser fatal para la propia izquierda. Prueba de ello son las rupturas argüidas por las acusaciones de pactar bajo la mesa con la agrupación naranja, que han vuelto a resurgir en la sucesiva consolidación de las nuevas listas para el Congreso y el Senado, como puede ser el escándalo de las listas del Congreso, y entre las sospechosas, la selvática Silvana Robles.
Si las actitudes contradictorias y suicidas de la izquierda no dejan de mostrarse, no es mentira tampoco que la derecha no queda limpia. Además del economicismo imperante, que ha creado un vacío intelectual usado por sus mayores enemigos, destacan la normalización del protestantismo político, sus tendencias atlanticistas en las relaciones exteriores o el hecho de que algunos de sus dirigentes llegaron a tener una visión tan mezquina de las cosas que han alcanzado a blindar legalmente elementos relacionados con la minería ilegal en el país.
Pero lo más grave es que la mayor debilidad del bloque ahora capitaneado por Fujimori, aparentemente embriagado por su reciente triunfo, sea la de seguir funcionando acorde al esquema de lo que se ha dado en llamar «República Caviar», si usamos un término comúnmente utilizado por el doctor Fernán Altuve.
Tal vez una pista nos la pueda dar el reciente discurso de inauguración, en donde la presidente ha mostrado un gabinete ministerial conformado por antiguos opositores suyos. Véase, por ejemplo, el caso de Juan Sheput Moore, actual ministro de Trabajo e importante antifujimorista en los dos decenios precedentes; similar es la situación de Alberto Beingolea Delgado, hoy ministro de Cultura. Todo esto es, en realidad, una continuación del equipo que se tuvo con gobiernos de «caviares moderados». Puede ser también un ejemplo de esto la designación de Sergio González Guerrero, antiguo ministro de Dina, para el Ministerio de la Producción.
Finalmente, tenemos que parar en seco y ver el rumbo del país. El precio que Alberto Fujimori pagó por la estabilidad del Perú fue la conformación de una oligarquía, la cual, y debido a la caída de aquel, se consolidó irregularmente. En un ambiente político desordenado, y entre escasos presidentes «fuertes» o con una estructura política definida —e. g., el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) o el propio de Ollanta Humala (2011-2016)—, esta estabilidad se agotó rápido y dio lugar a la crisis que padecemos desde la segunda mitad de la década pasada.
Keiko Fujimori carece, además, de un factor importante que hizo posible, con sus luces y sombras, el gobierno de su padre. Alberto fue un forastero político. Fue un político ágil y, al menos en un principio, opuso el dinamismo de su gobierno frente al estancamiento del statu quo que venía a sustituir. Décadas más tarde, se advierte una cierta nostalgia por el caudillo que puso «orden», que supera incluso al ámbito estrictamente circunscrito a Fuerza Popular, y del que acaso se esté beneficiando ya la actual presidente. Sin embargo, y ante las constantes amenazas de caos, en este «orden» ya develado desde Kuczynski como falso, ¿qué pueden hacer elementos que son la misma sustancia del desgobierno?
Incluso si su agrupación política funciona como uno de los pocos partidos políticos reales —es decir, con un programa y una disciplina definidos—, no quita el riesgo de que recaiga en la falla común del mundo conservador: buscar acoplarse al orden que uno tiene al frente, a lo opuesto, a lo hostil. Aquello será lo que finalmente defina el rumbo del país, y si este gobierno será un paréntesis en la historia o un folio más en la crónica del mundo descongelado.
Maximiliano Jacobo de la Cruz, Círculo Blas de Ostolaza.
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