Varias semanas después de que su prohijado quedara segundo en las elecciones presidenciales de Colombia, Gustavo Petro sigue agitando la bandera de la ilegitimidad de Abelardo de la Espriella como presidente electo. Impenitente, hasta el último momento ha insistido opportune et importune en la existencia de un fraude en las urnas que haría inválida la posesión de su sucesor. A pesar de lo absurdo de su posición, ha encontrado respaldo en algunos sectores del Pacto Histórico, al punto de que su antiguo y ya desgastado candidato ―ahora relegado al oficio de segundón incluso dentro de sus huestes― anunció la creación de un «gabinete paralelo»[1].
De entrada, debo decir que concuerdo parcialmente con el señor Petro en su posición, no así en sus fundamentos ni mucho menos en sus conclusiones. Quiero decir que le asiste la razón cuando manifiesta que no debe ser Abelardo de la Espriella quien gobierne nuestro país. Pero no por ―supuestamente― haber obtenido menos votos que su contrincante, sino, precisamente, por lo contrario.
La Iglesia católica condenó hace muchos años en el Sílabo de errores la premisa que reza: «la autoridad no es otra cosa que la mera suma del número y de las fuerzas materiales» (LX), con lo cual quedó reprobado como error la estúpida y siempre malvada creencia de que es la simple suma de los votos la que le otorga la legitimidad a un gobernante.
¿Entonces, qué es lo que lo hace legítimo? Ante todo, el derecho. Derecho que ni Petro, ni sus antecesores, ni su sucesor, poseen ni poseyeron nunca jamás. El presidente de la República de Colombia no es, fue ni será otra cosa que un usurpador del gobierno que los «próceres» masones, liberales y extranjerizantes (¡lo de Abelardo no es nada nuevo!) arrebataron a la majestad de Fernando VII. Vuelvo con las condenas del Sílabo: «el derecho consiste en el hecho material» (LIX); «la injusticia de un hecho coronada con el éxito no perjudica en nada a la santidad del derecho» (LXI), «es licito negar la obediencia a los gobernantes legítimos, e incluso rebelarse contra ellos» (LXIII)…
Es verdad, señor expresidente: Abelardo de la Espriella no debe gobernar en Colombia.
Pero es que tampoco debió haberlo hecho usted. Y mucho menos su infame candidato, condenado a ser un eterno perdedor.
Mal que le pese, su gobierno, así como el recién posesionado, nunca fue legítimo, pues, sencillamente, no lo es el régimen republicano que desde hace dos siglos divide y desangra (metafórica y literalmente) al país, cumpliendo los designios trazados por la metrópoli yanqui, de la que su enemigo Trump es sólo un peón.
Señor Petro: el Derecho, la Legitimidad, caminan por otras veredas, que hoy por hoy conducen a Lignières, a la espera de ser nuevamente entronizados para perpetua felicidad de nuestros pueblos.
(Para colmo de males, a la posesión del ilegítimo llegó el no va más de las ilegitimidades, aquél a quien algunas personas llaman «Felipe VI». Quien, pobre, tuvo que dejar de lado sus placenteras vacaciones mallorquinas no para hacer frente a la invasión mahometana de Ceuta, sino para hacer de maniquí en un auditorio situado al otro lado del océano).
Un realista
[1] Le juro, querido lector, que no miento ni exagero: remítase a los titulares de los grandes periódicos.
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